Reforma ambiental: terminan audiencias con exigencia de proteger a defensores y acceso a información
Verónica Santamaría · 2 de octubre de 2026
Eliminar barreras para acceder a información ambiental, proteger a quienes defienden el territorio, hacer vinculantes los ordenamientos ecológicos y obligar a reparar los daños a ríos y cuencas son algunas propuestas que representantes de gobiernos estatales, autoridades federales, investigadores y activistas plantearon ante la Cámara de Diputados durante las audiencias para reformar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA).
Durante tres días, en cuatro mesas de trabajo, 120 representantes de los sectores público y privado, así como personas defensoras del territorio, activistas, científicos, investigadores y organizaciones de la sociedad civil, expusieron propuestas para actualizar una legislación vigente desde 1988.
Este jueves, la cuarta y última mesa de trabajo estuvo a cargo del sector público con la participación de las secretarías de medio ambiente de los estados y municipios. También asistieron autoridades ambientales federales, como Marina Robles García, subsecretaria de Biodiversidad y Restauración Ambiental en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
La diputada Gabriela Benavides Cobos, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, destacó que trabajarán con las propuestas que han recibido durante audiencias para actualizar la LGEEPA.
Piden eliminar “barreras” de acceso a la información
Norma Elvia Martínez Santos, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Baja California, señaló que “esta nueva ley no representa un simple ajuste administrativo sino una actualización histórica para superar el marco legislativo que nos rige desde 1988”.
La también representante de la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales (ANAA) reconoció que la iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum debe dar certeza en la distribución de competencias entre órdenes de gobierno, garantizar el acceso libre a la información y fortalecer la justicia ambiental en los estados.
Como parte de sus propuestas destacó que se debe precisar cómo se distribuirán las atribuciones por materia y territorio, armonizando la LGEEPA con las leyes de residuos y economía circular.
Asimismo, pidió que no se otorguen atribuciones sin facultades o instrumentos para ser ejercidas. En materia de acceso a la información exigió que sean eliminadas “las barreras para que ningún expediente ambiental quede oculto por reglas generales o por el silencio de alguna autoridad”.
En materia de protección a las personas defensoras del territorio, Norma Elvia pidió la creación de mecanismos de prevención y reserva de identidad para defensores ambientales.
Desde la ANAA, “los estados de Hidalgo, Chiapas y Colima proponen medidas de atención, prevención e investigación dentro de la propia actuación ambiental y se considera que la ley debe precisar quién recibe las alertas, cómo se coordinan en los mecanismos de protección y qué garantías rigen en el uso de datos personales”, agregó.
Nueva ley debe incluir política climática e impuestos
Angélica Lizeth Jiménez Hernández, directora general del Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Colima (IMADES), advirtió que actualizar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente no debe ser un ejercicio de centralización ni un trámite burocrático, sino “el motor de un verdadero federalismo ambiental” donde los estados sean coautores de las soluciones y no simples espectadores.
La funcionaria propuso incorporar la Evaluación Ambiental Estratégica en la nueva ley y solicitó que se establezcan reglas claras para su aplicación desde el diseño de planes y programas, evitando consultas “exprés” y clarificando la articulación con la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) posterior para no duplicar trámites.
Además, reclamó que existan ordenamientos vinculantes para exigir la evaluación de impactos acumulativos y sinérgicos de los proyectos, según los artículos 45 al 57 y hacer vinculantes los Programas de Ordenamiento Ecológico (POEL/POER) —como los ordenamientos por cuenca— para el otorgamiento de licencias.
Respecto de los ecosistemas prioritarios la funcionaria demanda que se garantice la “intocabilidad práctica” de los hábitats críticos —como las montañas, las selvas, los humedales, los cenotes y las costas— bajo el principio precautorio para evitar la dependencia exclusiva de los esquemas de compensación.
Finalmente, como uno de los objetivos de la reforma es afrontar los retos actuales en materia ambiental y climática, la directora del IMADES propuso una política climática e impuestos que permitan la interoperabilidad entre federación y estados, para, dijo, evitar una doble contabilidad de carbono, respetando las facultades fiscales estatales para aplicar impuestos como mecanismos de financiamiento ambiental y cambio de conducta bajo el principio “quien contamina paga y compensa”, dijo.
Restauración de ríos: urgen programas integrales
Karina Castillo López, jefa del departamento de enlace institucional de la Comisión para el Saneamiento y Restauración del Río Lerma Santiago de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se enfocó en la restauración en cuencas históricamente deterioradas.
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Explicó que la restauración de los ríos altamente dañados no puede abordarse limpiando solo el cauce o evaluando descargas aisladas, omitiendo la acumulación continua de contaminantes.
Por ello, propuso que se elaboren programas integrales de cuenca diseñando planes de restauración con línea base de fuentes contaminantes, metas, responsables e indicadores de seguimiento. Además, la creación de un “Capítulo de Salud Ambiental y Prevención de Riesgos a la Salud” que ayude a coordinar a autoridades ambientales y sanitarias en comunidades expuestas de manera continua a la contaminación.
La funcionaria también habló de la reparación integral para evaluar los daños bajo el principio “quien contamina paga”, obligando al responsable a asumir los costos de contención, caracterización, remediación, monitoreo y compensación.
Castillo López subrayó que la participación social permitirá la recepción de “evidencia comunitaria” y “ciencia ciudadana” con obligación de respuesta fundada por parte de las autoridades.
No tolerar omisiones del Estado
Roberto Hernández Juárez, investigador titular del Laboratorio Virtual de Derecho y Desarrollo Sostenible y representante de Youth Building the Future Global, también se sumó a las audiencias públicas convocadas por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.
En su intervención dijo que con frecuencia el Estado es el mayor infractor ambiental al autorizar lo indebido para ejecutar obras públicas sin evaluaciones adecuadas y tolerar sus omisiones.
El investigador puso como ejemplo de dichas obras al Tren Maya, en la Península de Yucatán; la refinería de Dos Bocas, en Tabasco; la ampliación del Puerto de Cuyutlán, en Colima; los proyectos de gas licuado y gasoductos como Saguaro LNG y Vista Pacífico, en Sonora.
Hernández Juárez presentó cuatro ejes prioritarios. Primero, los deberes del Estado señalados en los artículos 4 al 8 y 11 al 13, se deben enfocar en prohibir a las autoridades declararse incompetentes ante estos proyectos de obra pública sin adoptar medidas cautelares urgentes y exigir convenios de coordinación con metas y consecuencias por incumplimiento.
Segundo, las sanciones a servidores públicos se deben tipificar como agravantes por la participación de funcionarios, el ocultamiento de datos y la omisión de inspecciones. Por ello, se debe aplicar la inhabilitación, destitución, responsabilidad patrimonial y penal, y anular permisos emitidos con corrupción o conflicto de interés.
En su tercer eje, propuso el “combate al ‘narcoambiental”, el cual definió como redes que controlan bosques, agua, minerales, vida silvestre, suelo y residuos mediante violencia, corrupción y empresas fachada.
También propuso añadir en el artículo 3 la definición de “criminalidad ambiental organizada” y de “trazabilidad ambiental” reformando los artículos 5 y 6, para crear una estrategia nacional y que haya una coordinación permanente entre autoridades ambientales, financieras, aduaneras, agrarias, forestales, hídricas, fiscalías y seguridad pública para investigar cadenas económicas completas y crear un Registro Público de Infractores Ambientales.
En su cuarto eje exigió que se garanticen canales seguros, reserva de identidad y protección efectiva para juventudes, comunidades y defensores ambientales. “Cuando el Estado tolera la destrucción el crimen ambiental deja de esconderse y comienza a mandar en las comunidades”, señaló.
Continuarán recibiendo propuestas
Al finalizar la jornada de audiencias públicas en la Cámara de Diputados, la diputada Gabriela Benavides Cobos señaló que estarán trabajando con las propuestas y mencionó que durante siete días más las continuarán recibiendo a través del correo de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados que es comarnat@diputados.gob.mx