Reforma ambiental de Sheinbaum: organizaciones reconocen avances pero piden Parlamento Abierto

La iniciativa de Ley General de Protección Ecológica y Justicia Ambiental, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum a la Cámara de Diputados para actualizar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente  (LGEEPA) de 1988, tiene avances pero también propone cambios que preocupan a organizaciones ambientalistas. 

La LGEEPA es la ley marco del sistema jurídico ambiental mexicano y uno de los principales instrumentos para garantizar el derecho humano de todas las personas a un medio ambiente sano. 

Su contenido incide en la protección de los ecosistemas y la biodiversidad, el ordenamiento del territorio, la prevención y control de la contaminación, la evaluación ambiental y la participación social, entre muchos otros temas fundamentales.

El pasado 26 de agosto, cuando la presidenta presentó y envió a la Cámara de Diputados la iniciativa, explicó que su objetivo es fortalecer “las capacidades del Estado mexicano para proteger, cuidar, conservar, restaurar el medio ambiente y los recursos naturales”. 

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Por su parte, Alicia Bárcena, secretaria del Medio Ambiente detalló que la nueva legislación contempla herramientas para atender los retos ambientales; aporta certeza jurídica a comunidades e inversiones; integra avances científicos, de innovación y tecnológicos con los saberes ancestrales; además de que fortalece la prevención y restauración con participación ciudadana.

¿Qué reformas propone la nueva ley ambiental?

La iniciativa propone abrogar la actual legislación que se encuentra vigente desde 1988, tras su publicación en el sexenio del expresidente Miguel de la Madrid Hurtado. 

El documento de la Ley General de Protección Ecológica y Justicia Ambiental parte de un ejercicio que se elaboró de la mano con diversas organizaciones de la sociedad civil y expertos.

La propuesta, integrada en un marco de 331 artículos, coloca en el centro a las personas, a las comunidades y a la naturaleza, con 10 principios que se enfocan en la prevención, conservación y restauración para proteger el patrimonio natural del país.

Asimismo, busca garantizar un medio ambiente sano que proteja la salud y el futuro de las infancias; asegura el acceso a la información y a la justicia ambiental; evita daños ambientales y protege los derechos de personas y comunidades.

En términos de crisis climática, la ley busca responder al cambio climático, a la pérdida de biodiversidad y a la contaminación que afectan los medios de vida de las comunidades; promete que habrá menos basura y más reciclaje. Incluso, respetará los ríos, las barrancas y las playas; protege especies emblemáticas y recupera los ecosistemas.

 

Un Parlamento Abierto para discutir  iniciativa de ley

Animal Político consultó a organizaciones de defensa jurídica ambiental que participaron en la construcción de esta iniciativa, las cuales consideraron que las reformas deben ser discutidas en un Parlamento Abierto amplio, plural e informado como parte del proceso legislativo.

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Aunque coinciden en que México sí necesita actualizar su legislación ambiental, advierten que hacerlo no debe reducir los derechos ya reconocidos ni dejar vacíos en los mecanismos de prevención. 

Por ejemplo, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) reconoce que actualizar la LGEEPA constituye una de las reformas ambientales más importantes de las últimas décadas y una oportunidad histórica para hacer frente a los desafíos actuales en materia de biodiversidad, contaminación, cambio climático y protección de los derechos humanos ambientales, por lo que solicitan que la participación ciudadana sea tomada en cuenta para discutir la ley.

“Solo mediante un proceso abierto, incluyente y participativo será posible contar con una nueva legislación ambiental legítima, sólida y capaz de garantizar la protección de la naturaleza y el bienestar de las generaciones presentes y futuras”, señaló.

Apenas el 21 de septiembre la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados aprobó y firmó un acuerdo en el Palacio Legislativo de San Lázaro para realizar audiencias públicas sobre la reforma que propone actualizar la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en la que recibirán las opiniones de académicos, científicos, sociedad civil y ciudadanía.

Asimismo, Alicia Bárcena, secretaría de Medio Ambiente, respaldó este ejercicio de participación ciudadana que las organizaciones solicitan.

Reformas a la LGEEPA: avances y cambios 

Cecilia García, directora de comunicación estratégica en el Centro Mexicano para la Defensa del Medio Ambiente A.C., también conocido como Defensa Ambiental del Noroeste (DAN) destacó que entre los puntos más importantes de la iniciativa están  la incorporación de  la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), la Evaluación del Impacto Ambiental (EIA), el Ordenamiento Ecológico del Territorio (OET), biodiversidad y procedimientos de investigación y sanción. Aunque insistió en que merecen una amplía revisión antes de ser decretados.

Por su parte, el Cemda, que también participó en la revisión de la iniciativa, reconoce que en la reforma se fortalecen los principios ambientales, la inclusión de nuevos instrumentos de conservación de la biodiversidad y el reconocimiento de elementos del Acuerdo de Escazú.

Anaid Velasco, gerente de investigación y de política pública del Cemda, precisó que la iniciativa contiene apartados positivos sobre  las personas defensoras del medio ambiente y el énfasis que se hace en el enfoque preventivo a esta labor.

“No hay que esperar a que las personas estén en riesgo, sino saber cuáles son las medidas que, de manera anticipada, vamos a tomar para generar el entorno propicio y seguro para la defensa del medio ambiente. Eso está en la ley, pero más que ser declarativos, necesitamos que los mecanismos que tenga el Estado se adecuen a la prevención”.

La especialista aprovechó para destacar que en la reforma a la ley marco, también se fortalece la regulación de ecosistemas costeros y de las zonas de influencia de las áreas naturales protegidas; la propuesta de crear el Registro Nacional de Otras Medidas Efectivas de Conservación Basadas en Áreas (OMEC) y la distinción entre propiedad agraria y privada en las Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación (ADVC). 

Además, se refuerza el vínculo entre medio ambiente y salud pública. 

 

Por su parte, Cecilia García de Defensa Ambiental del Noroeste destaca que en la propuesta de la presidenta Sheinbaum se deben definir los alcances de los conceptos y tener claridad en la diferenciación de cada figura que se incorpora. 

En particular menciona la incorporación de principios como el “interés superior del ambiente” e in dubio pro natura, como reglas de decisión en el procedimiento sancionador, sin delimitar su alcance frente a los principios de presunción de inocencia, legalidad y tipicidad que genere riesgos de contradicción normativa que podrían traducirse en la invalidez de las resoluciones que se fundamenten en ellos.

Los pendientes y preocupaciones

Las organizaciones CEMDA y DAN recomiendan la revisión de algunas directrices de la propuesta.

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Anaid Velasco del Cemda pide que en las actualizaciones de la ley se evite la fragmentación de los proyectos. Cecilia García añadió que sería un riesgo que el artículo 53 de la iniciativa permite que se solicite la autorización en materia de Evaluación de Impacto Ambiental respecto de obras o actividades que ya hayan iniciado su ejecución.

Otras de las propuestas que aparecen en la iniciativa para reformar la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental han sido señaladas por las organizaciones con cierta preocupación.

Una de esas alertas corresponde al Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA), este proceso se utiliza para analizar, prevenir, mitigar y decidir la viabilidad ambiental de obras o actividades humanas antes de que estas se autoricen o ejecuten.

Por su importancia, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental señala que en la iniciativa que presentó el gobierno federal se mantienen debilidades estructurales que limitan su eficacia preventiva. Además, el documento del gobierno federal también conserva gran parte del diseño institucional vigente, omite aspectos fundamentales como el análisis de impactos sinérgicos y residuales, incorpora causales de exención ambiguas y abre espacios para la regularización de proyectos iniciados sin autorización ambiental. 

Otra de las preocupaciones es la participación pública que continúa siendo insuficiente y no se incorpora plenamente bajo los estándares del Acuerdo de Escazú.  

El Cemda indica que en la propuesta del gobierno federal se desaprovecha la oportunidad de fortalecer mecanismos de consulta pública, ampliar plazos de participación, garantizar el acceso digital a la información ambiental y asegurar que las opiniones ciudadanas sean efectivamente consideradas en la toma de decisiones.

La nueva reforma ecológica de la presidenta preocupa a activistas por posibles retrocesos en transparencia. Foto: CuartoscuroEl acceso a la información también es parte de las preocupaciones de las organizaciones, especialmente con la reforma que propone el gobierno federal al plantear que la actualización del Informe de la Situación del Medio Ambiente en México pase de dos a seis años.

Dicho documento es un compendio de estadísticas con el que se recopila, integra y analiza información de los indicadores contenidos en el Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales (SNIARN) sobre población y medio ambiente, suelos, biodiversidad y ecosistemas del país

Anaid Velasco señala que cambiar la periodicidad interfiere con el derecho de acceso a la información y el recién reconocido derecho a la ciencia.