“Los mandan a matar y morir por el cártel”: homicidios de jóvenes al alza; 15 mil más en seis años

Alexander tenía apenas 16 años cuando un joven de 17 y otro de 18 lo asesinaron. 

Era la noche del 5 de junio de 2023, en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Iba en el asiento de copiloto de una camioneta tipo pick-up blanca, de doble cabina, junto a su madre, Issis Nínive Ortiz, quien iba al volante. Venían de la central de autobuses del puerto michoacano, donde habían dejado minutos antes al hermano de Alexander. Eran alrededor de las diez y media y todo transcurría con normalidad: La música sonaba desde el estéreo de la camioneta y madre e hijo iban platicando de cosas cotidianas. 

Cuando llegaron a casa eran casi las once. Alexander le pidió a Issis las llaves de la camioneta para ir a la tienda de la esquina a comprar un chocolate amargo, pero su madre le dijo que no. Ya era tarde. Alexander quiso replicar cuando apareció una moto en la soledad de la noche y se acercó a la pick-up. 

Todo pasó muy rápido. 

Pac, pac, pac, pac. 

Cuatro disparos emitieron un ruido seco al chocar con un espejo retrovisor, la aleta entre la puerta y la rueda, y el cristal de la ventanilla del copiloto.

—Eran como truenos. Los vidrios estaban rotos, pero pegados al polarizado. No entendía nada. Volteé a Alexander. Ya estaba mirando para abajo, con el cuello colgando y su manita abierta con el celular. Como si estuviera dormido.

En esos segundos de incertidumbre, Issis narra que se quedó pegada al volante con ambas manos y preguntando a gritos: ‘¿¡Qué pasó, qué pasó!?’. Estaba en shock.

Entonces, los sicarios, al verla moverse, se acercaron un poco más y aventaron un último balazo que atravesó el pecho de Alexander, quien ya tenía otro impacto en la cabeza.

—Mi hijo empezó a escupir sangre…

A Issis se le rompe la voz y detiene la narración para respirar profundo. Está sentada en el privado de un restaurante del que se omite nombre y ubicación, en un municipio michoacano donde las balaceras y secuestros, a plena luz y en presencia de las autoridades, no son una extrañeza. 

—Los sicarios eran dos muchachos vestidos de negro —añade mientras se seca con una servilleta de papel las lágrimas que le caen de sus ojos zarcos—. Se miraban muy jóvenes, como mi hijo. El que manejaba tenía como 17 y el que disparó un poco más grande, de unos 18. Se me acercaron y me dijeron: ‘Te manda saludos tu amigo Villalón’. 

De acuerdo con investigaciones de la Fiscalía michoacana, el mencionado ‘Villalón’ es José Luis ‘N’, alias El Marino; un exempleado de Issis en su compañía de seguridad privada que trató de extorsionarla para que le cediera gratis parte de la misma. La empresaria lo despidió y el exempleado habría decidido vengarse contratando a dos sicarios.

Después del atentado, Issis comenzó a tocar el claxon, desesperada, para pedir auxilio. Un vecino salió en su ayuda, se subió a la parte de atrás de la camioneta —que también traía el cristal roto por los balazos— y sostuvo la frente de Alexander contra el reposacabezas. A dos cuadras había una clínica. Entre el vecino e Issis cargaron como pudieron a Alexander, alto y espigado. 

—Me veía a los ojos. Como que quería hablar y tratar de respirar. 

Lee: Plan Michoacán: “programas sociales no inhiben reclutamiento, son propaganda política”, advierten especialistas

Entraron a la clínica dando gritos, pidiendo ayuda. Pero, quizá espantados por las heridas de bala, les dijeron que ahí no lo podían atender. Entonces, lo subieron de nuevo a la pick-up y lo llevaron a otro hospital del IMSS. 

—El vecino traía toda la ropa llena de sangre. La última palabra que dijo mi niño, con todo y un balazo en la cabeza y otro en el pecho, fue: ‘papá’. 

Issis se restriega de nuevo los ojos zarcos con la servilleta de papel. 

—Mi vecino le dijo: ‘sí hijo, estate tranquilo, ya te van a salvar. Ya viene el doctor’. 

Pero a eso de las cuatro y media de la madrugada, Alexander, un joven que aspiraba a ser ingeniero en logística, murió en el quirófano por las heridas de bala infligidas por otros dos jóvenes de casi su misma edad. 

Issis toma un sorbo del vaso de agua que tiene en la mesa. Luego vuelve a entrelazar las manos sobre el regazo de una sudadera blanca con gorro, con la que se cubre del frío y de la ligera llovizna que comenzó a caer pasadas las tres de la tarde. 

—No sé si a esos muchachos les ofrecieron dinero, droga o por qué cometieron este crimen —reflexiona con la mirada puesta en el cielo y la voz trémula—. Sólo sé que mataron a un niño —dice con lágrimas contenidas—. Un niño como ellos.

Asesinatos de hombres jóvenes aumentaron 28 %; los de mujeres, 36 %

El asesinato de Alexander resume una constante en el país: la violencia involucra, cada vez más, a jóvenes que mueren asesinados y a jóvenes que asesinan. Se trata de una generación atrapada en dinámicas criminales que, en muchos casos, están marcadas por múltiples condiciones de vulnerabilidad, como la edad, la precaria situación económica y la falta de oportunidades educativas y laborales.

Para abatir esas condiciones de vulnerabilidad —que el crimen organizado aprovecha para reclutar a jóvenes en sus filas—, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue de los primeros en destinar recursos por más de 100 mil millones de pesos en becas y apoyos sociales para esta población en específico. Sin embargo, pese al esfuerzo, la violencia en México sigue teniendo un rostro marcadamente joven. 

De acuerdo con cifras oficiales del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) —recabadas y analizadas por la organización civil México Unido contra la Delincuencia y Animal Político—, el grupo de edad de 18 a 29 años concentra el mayor número de víctimas de asesinato en el país, siendo el rango de edad con mayor riesgo de morir por homicidio, muy por encima de la infancia y la adolescencia. 

La comparación por sexenio muestra que el fenómeno no se redujo en los últimos seis años, incluso en el contexto del programa social Jóvenes Construyendo el Futuro. Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2013-2018) se registraron 51 mil 653 homicidios de personas de entre 18 y 29 años. En el sexenio de López Obrador (2019-2024), la cifra escaló hasta 66 mil 731 víctimas. Esto implica 15 mil 078 asesinatos adicionales y un incremento de casi el 30 %. 

Ahora bien, el aumento de la violencia contra jóvenes no es nuevo ni reciente. La tendencia cobró fuerza entre 2015 y 2016, cuando se pasó de 6 mil 576 casos a 8 mil 187, una subida de casi el 25 % en un año. De 2016 a 2017 el incremento fue todavía mayor: un 33 %. En 2018, el último año del sexenio de Peña, la cifra alcanzó un máximo de 12 mil 269 jóvenes asesinados. 

Lee también: Los niños de la guerra: ir con miedo a la escuela en Culiacán

Pero con la llegada de López Obrador, las cifras no mostraron una mejoría sostenida. Por el contrario, los homicidios de jóvenes rebasaron incluso niveles históricamente elevados durante los dos primeros años del sexenio (12 mil 524 casos y 12 mil 277). Posteriormente, aunque se registró una reducción durante la pandemia, los asesinatos anuales permanecieron por encima de los 10 mil casos, muy por encima de los poco más de 6 mil registrados al inicio del sexenio peñista. 

En cuanto al análisis por género, los datos muestran un punto relevante. En ambos sexenios, más del 88 % de las víctimas jóvenes son hombres. Sin embargo, el aumento proporcional de mujeres asesinadas fue más pronunciado en el sexenio pasado. Mientras los homicidios de jóvenes crecieron cerca de 28%, en el caso de las mujeres el incremento fue de un 36 %. 

Guanajuato —un estado que lleva ya algo más de una década con un incremento sostenido de la violencia—, registra actualmente el mayor número de asesinatos de jóvenes de entre 18 y 29 años. Durante el sexenio de López Obrador se contabilizaron 9 mil 228 víctimas, hasta un 174 % más que lo registrado en el gobierno de Peña Nieto. 

Le siguen el Estado de México, con 5 mil 718 asesinatos de jóvenes; y Chihuahua, con 5 mil 207. 

7 de cada 10 niños y adolescentes asesinados murieron por disparos

Por otra parte, las cifras del INEGI muestran que la violencia letal en México contra la niñez y la adolescencia también aumentó. 

Durante el sexenio de Peña Nieto, se contabilizaron 7 mil 458 homicidios de niños, niñas y adolescentes. En el de López Obrador, la cifra ascendió a 8 mil 054 víctimas; 800 asesinatos adicionales, un aumento del 8 %. 

Otro dato relevante es que en el gobierno pasado subieron casi un 30 % los homicidios de niños y adolescentes varones con arma de fuego. Con Peña Nieto se registraron 3 mil 493 casos, con López Obrador la cifra subió a 4 mil 433. Mientras en el sexenio peñista los asesinatos con arma de fuego de personas de menos de 18 representaban el 63 % del total, en el obradorista ese porcentaje escaló al 71 %. Es decir, 7 de cada 10 niños y adolescentes asesinados en el país murieron por disparos. 

Y algo similar sucedió con las niñas y mujeres adolescentes. Durante el sexenio de Peña Nieto se registraron 675 asesinadas con arma de fuego. En el de López Obrador, la cifra escaló a 926 casos, un 37 % más. El porcentaje de niñas asesinadas con arma de fuego pasó del 31 % al 51 %. 

De nuevo, Guanajuato aparece como la entidad más letal para la niñez. Durante el gobierno de Peña Nieto, el estado sumó 425 niñas, niños y adolescentes asesinados. En el sexenio obradorista, la cifra aumentó a 1 mil 263 víctimas, casi un 200 % más. 

Esto es: Guanajuato se consolida como el estado más violento para la niñez, la adolescencia y la juventud.

Otras entidades donde se dispararon los homicidios de niños y adolescentes fueron Zacatecas (de 193 casos a 459, un 138 % más), Quintana Roo (de 75 a 172, un 129 % al alza), y Sonora (de 135 a 277, un 105 % más).

Estas cifras oficiales dialogan, además, con lo documentado en la primera entrega de esta investigación. Mientras los homicidios de niños, adolescentes y jóvenes aumentaron en el sexenio pasado, también lo hicieron las detenciones de jóvenes y de menos de 18 años por delitos vinculados al crimen organizado. 

Lee más: “¿Qué hace la SEP para prevenir el reclutamiento infantil?”, cuestionan a Mario Delgado durante comparecencia

En conjunto —aunado a que, como se expondrá en una tercera entrega, también aumentaron las desapariciones de jóvenes—, estos indicadores muestran una paradoja persistente: más jóvenes están hoy atrapados por la violencia, ya sea como víctimas o victimarios, en un sexenio marcado por la inversión de recursos millonarios dirigidos precisamente a esa población juvenil.

“El cártel manda a los jóvenes a matar y morir por ellos”

Son poco más de las once de la mañana en Coahuayana, un pequeño municipio michoacano ubicado en las costas del Pacífico, en la frontera con Colima. A bordo de una camioneta negra blindada —en cuya luna delantera aún se observan marcas de balazos—, el jefe de la policía comunitaria —al que todos en el pueblo llaman ‘Comandante Teto’— maneja el vehículo con un chaleco antibalas puesto y un rifle de asalto acomodado entre su pierna derecha y la palanca de cambios. En el asiento trasero, un elemento de la policía comunitaria no deja de susurrar indicaciones por el radio a las camionetas que vienen detrás, en convoy, y no quita el dedo del gatillo del rifle. Por la ventanilla polarizada transcurre un paisaje de plataneras. 

—Aquí mero nos emboscaron —el comandante apunta con la mano derecha a una brecha elevada, en un cerro cercano—. Nos tiraron con todo —señala ahora la luna del cristal baleada—. Y quienes nos tiraron eran, en su mayoría, jóvenes. 

Coahuayana lleva más de una década en un enfrentamiento continuo entre la policía comunitaria y diferentes grupos criminales, especialmente el Cártel Jalisco Nueva Generación. El 6 de diciembre pasado —dos meses antes del recorrido para esta crónica— una camioneta cargada de plátanos y explosivos ocultos estalló justo delante de la comandancia, matando al menos a cinco personas, entre policías comunitarios, voluntarios y la persona que manejaba el vehículo. Entre los muertos hubo, al menos, un joven de 29 años. 

—Los cárteles te mandan justo a eso: a  matar por ellos y a que te maten por ellos. Y no les importa si eres un niño, un adolescente o un joven —dice el comandante mientras la camioneta blindada avanza por un camino estrecho de terracería para completar el rondín de vigilancia por los límites del municipio. 

—Los envían a pueblos a tomar la plaza, pero la gente ya no se deja como antes y les responden. Y, claro, a muchos morros los matan. 

A continuación, se le pregunta si, en su experiencia de más de una década combatiendo a los cárteles, ha percibido en los últimos años una reducción en el uso de jóvenes por parte del crimen, a partir de la implementación de programas sociales y becas que prometían arrebatar a la juventud de las garras del narco. 

El policía chasquea la lengua y niega con la cabeza.

—No importa que el gobierno les dé una beca. Muchos jóvenes van a acabar en sus filas. ¿Por qué? —pregunta de forma retórica—. Porque muchos son niños que han crecido con la narcocultura y porque hay una aceptación muy generalizada del narco. Ya los jóvenes lo miran como algo normal y como una opción. Saben que pueden hacer y deshacer, y que pueden quitar la vida a Pedro o a Juan y no les pasa nada. 

La camioneta sigue avanzando, hasta llegar a una pequeña ranchería; el último punto del rondín de vigilancia. Ahí, las casas tienen todavía en su fachada los impactos recientes de las balas del último enfrentamiento entre comunitarios y sicarios. 

—Desgraciadamente, aquí lo vemos mucho: no hay castigo para quienes cometen un crimen. Porque hoy, quizá, caen en la cárcel, pero mañana o pasado ya los ves de nuevo que andan libres. 

El comandante baja la velocidad y saluda a unos policías comunitarios que están vigilando el acceso a la ranchería, dos de ellos —equipados con aparatosos chalecos antibalas y un poderoso rifle— son también jóvenes de menos de 25 años. 

—Entonces —continúa hablando—, cuando eso lo ven los niños o los adolescentes, cuando ven que hay abrazos y no balazos, como decía el presidente (López Obrador), pues algunos deciden meterse a las filas del crimen organizado. 

—El problema —concluye—, es que muchos de ellos no saben que quien anda a la mala quizá no pase mucho tiempo en la cárcel, pero muchas veces termina asesinado, desaparecido, o en una fosa. Porque hay gente que cuando ve que el Estado sólo reparte abrazos, prefiere tomar la justicia por su mano. 

Tras el patrullaje de rutina —esta vez no hubo emboscada, solo una calma tensa durante el rondín de una hora—, el convoy regresa a la comandancia de la policía comunitaria, a unas pocas cuadras del Ayuntamiento. En la entrada y en la fachada todavía quedan restos de hierros retorcidos y chamuscados por el coche bomba. 

Sigue leyendo: Juan Lira Maldonado, presunto líder huachicolero, incursiona en el negocio de la construcción

De una de las camionetas desciende, con gesto serio, Ismael Aguilar, que vigila el perímetro mientras el comandante accede al inmueble. Viste uniforme táctico azul marino, chaleco verde tipo militar donde también lleva enganchado una radio, y un fusil al hombro. Ismael tiene 22 años, pero dice que disparó por primera vez a los 15.  

—¿Por qué decidiste ingresar en la guardia comunitaria? —le pregunta el periodista. 

Ismael, tímido, mira al suelo con ambas manos sosteniendo el rifle. 

—Para apoyar a mi pueblo. 

—¿Por qué preferiste la autodefensa?

—Para mí la maña no era una opción —encoge los hombros—. Yo prefiero ayudar a mi comunidad. Mi papá me inculcó eso desde que era muy morrillo. 

—¿Además de guardia comunitario, te dedicas a algo más? 

—Sigo estudiando la secundaria. Me gustaría estudiar mecánica automotriz. 

—¿En la escuela te tienen miedo por vestirte como un soldado y llevar un arma?

—No, para nada —sonríe tímido—. Saben que yo soy de los buenos —ríe. 

—¿Y ya has estado en un enfrentamiento con los malos? 

A Ismael la sonrisa se le borra. De pronto se ve cansado, como si el chaleco, el arma, la radio y la camisa empapada en sudor por la fuerte humedad y el calor le pesaran demasiado para sus poco más de 20 años. 

—No, pero no les tengo miedo —responde con el ceño fruncido y la culata del fusil apoyada firme en el hombro—. Sé que cuando llegue el momento de los chingadazos, voy a estar preparado.

“Estamos fallando”

En la entrevista en el restaurante con Issis, la mamá de Alexander, se le pregunta también por el impacto de las becas. Su postura es distinta a la del comandante de la guardia comunitaria de Coahuayana, aunque más adelante la matiza. 

—Yo digo que sí están bien esos programas, porque hay jóvenes que necesitan mucho apoyo —responde la empresaria—. De hecho, después de lo de Alexander, tengo becado a un amigo suyo que no tiene papá y que está desamparado. El muchacho quiere ser operador de camiones y le estamos dando la oportunidad a través del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. 

El tema, argumenta, es que una beca “no va a acabar por sí sola” el fenómeno del reclutamiento ni de la violencia sufrida y cometida por jóvenes. 

Antes de irte, lee: Madre de Carlos Emilio protesta en Estadio Azteca; acusa omisión de autoridades ante crisis de desapariciones

—Hoy muchos muchachos quieren todo fácil y rápido. Y creo que ahí también somos los padres y madres, las familias, los que estamos fallando. Estamos fallando en su educación; en inculcarles que el dinero no se gana robando ni matando, ni con las drogas. Se gana con valores y mucho trabajo. 

Sin esos elementos, recalca Issis, será mucho más fácil que el crimen se aproveche de la vulnerabilidad de los jóvenes. 

—Yo siento que cuando se los llevan reclutados al cerro y los muchachos ven cómo es ese mundo por dentro, todo lo que tienen que hacer, es cuando entienden que los engañaron; que solo los usan como carnada.

Issis guarda silencio un momento.

—El problema —dice al final— es que cuando se dan cuenta ya es demasiado tarde.