Plan Michoacán: "programas sociales no inhiben reclutamiento, son propaganda", afirman especialistas
Redacción Animal Político · 26 de noviembre de 2025
Las acciones de seguridad presentadas como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia se encontraban contempladas desde octubre de 2024, y repiten el discurso de atacar las causas, de acuerdo con el especialista David Saucedo, quien calificó la estrategia como un “mecanismo de promoción electoral” sin propuestas nuevas.
Saucedo subrayó que “no hay una bolsa extraordinaria de recursos adicionales para el Plan Michoacán, lo anunciado está en los fondos que ya se habían presupuestado y únicamente se están sumando para dar la percepción de que hay un incremento”, además de que no hay evidencia de que los programas sociales tengan resultados en materia de seguridad.
“En el caso de Michoacán, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) tiene ciertas partidas y lo que hicieron fue sumarlas, entonces lo que vemos no es nuevo, únicamente es la extrapolación de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública a la realidad michoacana”, agregó.
La Estrategia Nacional de Seguridad Pública, presentada en octubre de 2024 por el gobierno federal, presentó cuatro ejes de acción: “1) atención a las causas, 2) consolidación de la Guardia Nacional, 3) fortalecimiento de la Inteligencia y la Investigación, y 4) coordinación absoluta entre el Gabinete de Seguridad y con las entidades federativas”.
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En el caso del Plan Michoacán, en el eje de seguridad, las estrategias planteadas fueron “fortalecimiento de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública; atención a las causas con impulso a la educación, empleo, programas sociales y bienestar, así como el desarme voluntario; consolidación de la Guardia Nacional; fortalecimiento de inteligencia e investigación; fortalecimiento de la Estrategia Anticorrupción, y coordinación”.
“Los programas sociales no son herramientas que inhiban el reclutamiento”
Dentro de las acciones mencionadas por el gabinete federal para atender al estado de Michoacán luego del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Urupan, se mencionó la inversión de 30 mil 270 millones de pesos en Programas del Bienestar, así como distintas becas para educación básica y de nivel superior.
Saucedo explicó que el tema de los programas sociales como un tipo de cambio en el paradigma respecto de estrategias pasadas para atender la violencia “es propaganda de lo ya existente, pues no hay como tal una estrategia de combatir las causas, esa es sólo la narrativa que el gobierno ha construido”.
“Los programas sociales federales como Jóvenes Construyendo el Futuro, las becas y pensiones no son herramientas que inhiban el reclutamiento de jóvenes por parte del crimen organizado. No hay estudios serios que prueben que esta es una estrategia que esté funcionando, lo que hacen es generar un avance de votantes hacia Morena”, expuso el especialista.
Marco Fernández, investigador del Tecnológico de Monterrey y de México Evalúa, indicó que se debe tomar con cautela la promesa de que el plan va a solucionar la situación de Michoacán, pues a la falta de recursos extraordinarios se suma el que las becas educativas anunciadas no fueron creadas especialmente para la entidad, sino que se trata de programas existentes.
Asimismo, apuntó que en los años pasados se han visto problemas en la implementación de los programas de becas, ya que “no necesariamente los más pobres están siendo beneficiados proporcionalmente mejor que sus pares de familias más acomodadas, ni hay evidencia de que ha disminuido el abandono escolar“.
Ante este panorama, David Saucedo consideró que el plan anunciado tiene un objetivo “político electoral distinto al de inhibir la violencia, aunque desde los tiempos de Andrés Manuel López Obrador el gobierno federal enfatiza y hace referencia de que estos programas van en ese sentido”.
De acuerdo con el informe de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, presentado en septiembre pasado, en Michoacán hay más de un millón 294 mil 900 personas beneficiarias de Programas para el Bienestar, siendo la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores (571 mil) y las becas educativas (862 mil 600) las que cuentan con mayor número de afiliados.
La situación de la violencia en México, más allá de las acciones del gobierno federal
Saucedo expuso que actualmente hay distintos grupos de macrocriminalidad que se disputan el territorio nacional, “y tenemos a un gobierno federal que está tratando de apagar esos incendios, pero la situación de seguridad o inseguridad en el país no depende de sus estrategias”.
“En materia de producción, transporte, comercialización de drogas y las guerras de cárteles en los distintos estados no dependen de lo que haga la autoridad, es al revés, más bien son los grupos criminales los que determinan el curso de las acciones. Lamentablemente estamos en un punto en el que son ellos los que llevan la batuta y van marcando el ritmo”, dijo.
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El especialista comentó que en los casos en los que se ha reducido la violencia, esto ha sido debido a múltiples factores. Como ejemplo, citó el estado de Guanajuato y la Ciudad de México, “pero se utilizaron estrategias diferenciadas, trajes hechos a la medida que se construyeron a partir de diagnósticos y realidades de cada entidad”.
En Michoacán, el plan anunciado no tuvo como punto de partida un diagnóstico, sino el descontento de la población ante el asesinato del alcalde de Uruapan.
“Los grupos criminales más grandes en Michoacán son el Cártel de Jalisco y la Familia Michoacana, mientras que hay alrededor de 15 organizaciones locales. La primera pregunta que uno tendría que hacerse es ¿a quién van a combatir? Este plan es, como tal, una herramienta de propaganda política que deja muchas preguntas sin respuesta”, concluyó.
Plan Michoacán: Ocho detenidos por el asesinato de Carlos Manzo
Luego de la puesta en marcha del Plan Michoacán, autoridades federales y estatales detuvieron a diversas personas, entre ellas siete de los escoltas de Carlos Manzo, quienes habrían estado al cuidado del alcalde el 1 de noviembre, cuando fue asesinado, y serán procesados por el delito de “homicidio calificado por omisión en calidad de garante”, así como a Armando N., ‘El licenciado’, a quien se acusa de ser el presunto autor intelectual.
El gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, apuntó que existe la posibilidad de que los escoltas hayan sido infiltrados por el crimen organizado, e indicó que hay un integrante del personal de seguridad que está prófugo.