“Prisiones, diseñadas por hombres”: denuncian ante la CIDH barreras para mujeres en América Latina

Las prisiones de México, Guatemala, Colombia y Cuba imponen barreras de segregación y aislamiento a las mujeres, en particular a aquellas con alguna discapacidad, pertenecientes a la diversidad sexual o indígenas, denunciaron organizaciones de la sociedad civil de esos países ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

Durante la audiencia regional titulada “Situación de las mujeres privadas de la libertad”, las organizaciones expusieron que la infraestructura penitenciaria, construida históricamente a partir de patrones masculinos, invisibiliza las necesidades operativas, sanitarias y de movilidad de las mujeres privadas de la libertad, lo que convierte el encarcelamiento en un “encierro dentro del encierro”.

Esta realidad regional coincide con datos oficiales e investigaciones periodísticas en México —como las realizadas por Animal Político—, las cuales documentan los múltiples impactos de la prisión preventiva (la privación de la libertad de una persona antes de que exista una condena firme) y la precariedad en los centros de detención, lo que afecta de forma particular a las mujeres.

En la audiencia, llevada a cabo en el marco del 197º periodo de sesiones de la CIDH, las organizaciones participaron junto con entidades internacionales como el Cyrus R. Vance Center de Estados Unidos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).

Discapacidad y segregación en las prisiones de mujeres

Al analizar las deficiencias estructurales en México, María Sirvent, representante de la organización mexicana Documenta, expuso el origen de la discriminación que sufren las internas al señalar que “están en un sistema penitenciario diseñado históricamente desde las necesidades de los hombres”.

Esta falta de adaptación se manifiesta en las condiciones de internamiento de las mil 274 mujeres con discapacidad privadas de la libertad en México, de un total de 13 mil 779 personas con discapacidad encarceladas, según datos de 2024 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

María Sirvent denunció que a las mujeres con discapacidad intelectual o psicosocial se las ubica en pabellones o celdas separadas bajo esquemas de restricción extrema. “No hablamos solamente de dormitorios diferentes, sino de espacios con rejas, candados, vigilancia permanente y restricciones adicionales a la movilidad y al acceso a los servicios y actividades. Es lo que hemos denominado el encierro dentro del encierro”, señaló.

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Durante su intervención, la representante de Documenta también hizo énfasis en la necesidad de eliminar estas medidas de aislamiento dentro de los centros penitenciarios, al remarcar que “el encierro no es una intervención terapéutica y la discapacidad no justifica la segregación ni el aislamiento […] la discapacidad no puede convertirse en una condena adicional y ninguna prisión debe convertirse en un encierro dentro del encierro”.

A la segregación por motivos de salud se suma el confinamiento diario. Camila Rodríguez, integrante del Centro de Documentación de Prisiones Cubanas, refirió que en México al menos el 20 % de las mujeres recluidas permanece entre 22 y 24 horas al día dentro de sus celdas, situación que limita su acceso a programas educativos, laborales o de reinserción social.

Diversidad sexual, barreras de lenguaje y traslados de reclusas

Durante la audiencia también se expuso que la ausencia de perspectiva de género e inclusión en los 22 centros femeniles del país afecta de forma diferenciada a otros sectores vulnerables.

Tania Hernández Gordillo, de la organización EQUIS Justicia para las Mujeres, expuso que las mujeres pertenecientes a comunidades indígenas y afromexicanas enfrentan obstáculos para contar con defensas legales e intérpretes en sus lenguas maternas, además de sufrir la pérdida de contacto con sus comunidades.

Hernández Gordillo denunció el traslado masivo realizado en septiembre de 2023, cuando 80 mujeres fueron llevadas del penal de La Pila al Centro Penitenciario Único Femenil de Jolol, en San Luis Potosí, ubicado a más de cinco horas de distancia de sus hogares.

El 23 de octubre de 2023, Animal Político y CEA Justicia Social presentaron la investigación “El cementerio de las vivas: el turbio negocio del Cefereso 16 de Morelos”, en la que abordaron las malas condiciones del penal federal femenil de Morelos tras la realización de un traslado masivo desde diversas ciudades del norte del país.

De acuerdo con la denuncia de Hernández Gordillo, Jolol tiene una situación similar: carece de servicios básicos, como agua corriente y energía eléctrica, y el centro de salud más cercano se encuentra a 50 kilómetros de distancia.

El pasado 8 de octubre de 2026, Animal Político también publicó la nota “La vida en las cárceles de México: hacinamiento, falta de atención médica y la sombra del crimen organizado”, en la que se documentó la escasez de servicios sanitarios e insumos en diversos penales mexicanos.

Ahora, durante la audiencia, las organizaciones leyeron la declaración de Blanca Martínez, madre de una de las internas trasladadas en San Luis Potosí, quien cuestionó si las mujeres privadas de la libertad tienen derechos o no: “pareciera que las autoridades solo las quieren hundir, las quieren olvidar, solo quieren números”.

Prisión preventiva oficiosa y derechos humanos en México

Las organizaciones también denunciaron que el incremento en el número de las 18 mil 029 mujeres privadas de la libertad en México se vincula con la prisión preventiva —la privación de la libertad de una persona mientras se desarrolla su proceso judicial, antes de que exista una sentencia firme—, figura considerada como violatoria de derechos humanos a nivel internacional.

El 9 de diciembre de 2025, Animal Político dio a conocer que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se encontraba cerca de romper el récord histórico de personas privadas de la libertad en el país. Días después, el 18 de diciembre de 2025, México rompió el récord histórico de personas privadas de la libertad, cuyas cifras indican que más del 90 % de la población carcelaria ingresa bajo el esquema de la prisión preventiva oficiosa y que afecta de forma desproporcionada a las mujeres.

En esta ocasión, en cuanto a las causas de detención, Tania Hernández Gordillo agregó que, al revisar las resoluciones judiciales en México, se identificó que el delito principal de internamiento femenino es el robo (un delito menor) motivado por necesidades económicas (como la pobreza).  

Este panorama socioeconómico se suma a las deficiencias materiales documentadas en diversos penales del país, sobre todo femeniles. Por ejemplo, en el centro femenil de Santa Martha Acatitla se han expuesto denuncias por cobro de cuotas, violencia, falta de atención médica adecuada y fallas estructurales.

Vínculos familiares y población penitenciaria en América Latina

Las ponentes también expusieron que las carencias de los sistemas penitenciarios son cubiertas habitualmente por las familias de las internas.  Sobre esta carga económica y logística, Camila Rodríguez, del Centro de Documentación de Prisiones Cubanas, afirmó que “buena parte de lo que una mujer necesita para sobrevivir en prisión no lo pone el Estado, lo pone su familia”.

Por su parte, Romina Canessa, del Cyrus R. Vance Center for International Justice, destacó el crecimiento de la población carcelaria femenina en la región, donde representa entre el 6 % y el 8 % del total penitenciario. 

“El número de mujeres privadas de libertad ha aumentado de manera alarmante, no solo en cifras absolutas, sino también en su proporción dentro del total de la población penitenciaria”, agregó Monserrat Solano Carboni, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).

La audiencia regional también permitió comparar la realidad de México con la de otros países de América Latina.

Andrea Barrios Paíz, del Colectivo Artesana de Guatemala, dio seguimiento al caso Chinchilla Sandoval, en el que la Corte Interamericana dictó sentencia en 2016. Barrios documentó que en el Centro de Orientación Femenino persisten barreras como un trayecto de 800 metros para llegar al área administrativa y baños con escalones que impiden el paso de sillas de ruedas.

Ana Ingrid Celada Rivera, sobreviviente del sistema carcelario guatemalteco, declaró en la audiencia que “la privación de libertad no puede convertirse en una condena adicional por enfermar, por envejecer o vivir con una discapacidad”. 

Adriana Benjumea Rúa, de la Corporación Humanas de Colombia, señaló que el sufrimiento psicológico en las cárceles se atiende prioritariamente con medicamentos sin acompañamiento psicosocial. “Ninguna mujer debe tener que intercambiar su autonomía o su integridad sexual para obtener recursos o afrontar sufrimientos en prisión”, agregó. 

Por su parte, la colombiana Ana María Mena Lozano, de la Red de Mujeres Privadas de la Libertad de las Américas, relató la separación de su bebé a los tres días de nacido tras ser trasladada a un penal de máxima seguridad.

La situación de los menores de edad que conviven con sus madres en prisión coincide con estos testimonios regionales. 

El 4 de diciembre de 2025, Animal Político publicó el reportaje “Infancias en prisión: tres años para amar y soltar entre un desarrollo limitado y la infraestructura insuficiente”, en el que documentó las condiciones de crianza y los límites de estancia de tres años para las infancias en centros de reclusión.

Mientras que el 21 de julio de 2026 se publicó la nota “Infancias en el olvido: 39.1 % de los penales, con áreas para maternidad”, en la que se reportó que menos de cuatro de cada diez centros penitenciarios en el país cuentan con instalaciones dedicadas a la maternidad y al cuidado infantil.

Peticiones de derechos humanos a la CIDH y límites de la reinserción social

Ante esta situación, las organizaciones solicitaron recomendar a los Estados lo siguiente:

1. Eliminar la segregación de personas con discapacidad en las prisiones e instrumentar ajustes razonables, como modificaciones físicas, normativas y operativas necesarias para garantizar la movilidad y el acceso a servicios en igualdad de condiciones.
2. Priorizar el uso de medidas no privativas de la libertad; es decir, dar prioridad a mecanismos alternativos que eviten el ingreso a prisión de mujeres adultas mayores, con discapacidad, enfermas o con responsabilidades de cuidado.
3. Garantizar la publicación de información estadística oficial desagregada sobre las condiciones de internamiento de las mujeres.

En el ámbito nacional, la efectividad de los mecanismos legales y de reincorporación social registra limitaciones. 

Las evaluaciones sobre la Ley de Amnistía —promulgada en México en 2020 para liberar a personas procesadas en situación de pobreza o vulnerabilidad— señalan una disminución en la concesión de amnistías frente al aumento récord de la población penitenciaria, a lo que se suman las barreras de acceso a programas educativos dentro de los penales.

Durante el cierre de la sesión, las ponentes enfatizaron ante las y los comisionados de la CIDH que el sistema de justicia no puede continuar respondiendo con un enfoque solo punitivo que profundice la criminalización de la pobreza, la maternidad o la discapacidad.

Las representaciones reiteraron que garantizar la dignidad y los derechos de las mujeres privadas de la libertad exige reemplazar el encarcelamiento sistemático por medidas alternativas, adaptar la infraestructura a las necesidades reales de las internas y proteger los vínculos familiares como una responsabilidad ineludible de los Estados.