Traducir la justicia: mujeres indígenas se organizan para llevar a sus lenguas la “Ley Olimpia”

En 2020, organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres denunciaron la existencia del chat de WhatsApp “Sierra XXX”, en el que aproximadamente 100 hombres —entre los que había políticos y funcionarios públicos— compartían contenido íntimo de mujeres indígenas de Oaxaca sin su consentimiento.

Seis años después, activistas advierten que la violencia digital prevalece en la región, a pesar de la aprobación de la “Ley Olimpia“. Así se conoce al conjunto de reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal Federal, que reconocen y sancionan la violencia digital.

 

Este señor creó un grupo en WhatsApp llamado “Sierra XXX” para compartir pornografía e imágenes de mujeres mixes sin su consentimiento con una lista de políticos y otros hombres de la región. Ora está a punto de ser el candidato de MORENA a diputado del distrito mixe: pic.twitter.com/W3RQfzrJn3

— Yasnaya Elena (@YasnayaEG) March 12, 2021

 

El panorama se ha ido agravando en las comunidades oaxaqueñas, de la mano del acelerado acceso a internet, a lo que se suma el desconocimiento de las víctimas respecto a este tipo particular de violencia y cómo proceder para denunciarla.

Ante esta realidad, la Red de Intérpretes y Promotores Interculturales (REDIN) —asociación civil conformada por más de 250 hablantes de las 16 lenguas indígenas de Oaxaca— alista el primer campamento comunitario diseñado para formar a un grupo de mujeres que tendrán la misión de traducir y adaptar la “Ley Olimpia” a los contextos comunitarios.

Más allá de una traducción literal de los textos jurídicos, el proyecto implica lograr una verdadera asimilación intercultural que dialogue con las comunidades. Betzabeth Martínez Gutiérrez, directora de administración y finanzas de la red, advierte que la falta de herramientas en lenguas originarias para acompañar a las mujeres ha propiciado que la violencia digital se siga sancionando bajo lógicas machistas que revictimizan a las afectadas.

Sigue leyendo: Los 10 puntos para entender la Ley Olimpia

Esta iniciativa autogestiva, que cuenta con el financiamiento de la Embajada de Australia y la asesoría técnica de Olimpia Coral Melo —impulsora de la legislación conocida por su nombre— y su equipo de abogadas y psicólogas, busca también subsanar un vacío histórico de justicia provocado por el racismo institucional y la precarización del trabajo de interpretación en México. Nadia Elvira Gómez García, coordinadora de profesionalización de la red, enfatiza que a menudo las instituciones asumen erróneamente que hablar una lengua basta para mediar un proceso legal, ignorando la rigurosa preparación técnica que se requiere.

El reto de adaptar la ley formal a los sistemas normativos internos

La necesidad de cambiar el paradigma que castiga a las víctimas y no a los agresores se volvió evidente desde 2024. En ese año, la REDIN llevó a cabo un campamento enfocado en la capacitación de mujeres orientadoras, cuyo resultado fue un manual para guiar a las víctimas en comunidades que se rigen por sistemas normativos internos, es decir, “usos y costumbres”. Fue en ese encuentro donde se identificaron diversos casos de violencia digital en los que, debido a la falta de protocolos interculturales, las víctimas se veían obligadas a abandonar sus hogares al no encontrar respaldo legal ni comunitario.

El nuevo campamento busca visibilizar aún más esta problemática y formar  intérpretes para que traduzcan el material que actualmente sólo está disponible en español. En una siguiente etapa —indicó Martínez Gutiérrez—, el frente comunitario trabajará directamente con las autoridades locales y síndicas municipales, para institucionalizar los protocolos de atención.

Lee: Ley Olimpia y la suplantación de identidad en México

El desafío local se respalda en la gravedad de las cifras nacionales. De acuerdo con el Módulo sobre Ciberacoso (Mociba) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 21 % de la población de 12 años y más que usó internet en 2024 fue víctima de ciberacoso; esto equivale a 18.9 millones de personas, de las cuales 10.6 millones fueron mujeres. Los estados con mayor porcentaje fueron Yucatán (29.7 %), San Luis Potosí (26.9 %) e Hidalgo (26.2 %), Oaxaca se ubicó apenas por encima del promedio nacional, con un 21.3 % de usuarios que reportaron agresiones virtuales.

Para la REDIN, el verdadero reto en un estado con tal diversidad —donde las 16 lenguas indígenas se ramifican en múltiples variantes lingüísticas— consiste en lograr que los conceptos de la “Ley Olimpia” adquieran sentido pleno dentro de la cosmovisión y las estructuras organizativas de cada pueblo. Para conseguirlo, las participantes del campamento —que se realizará en Oaxaca del 18 al 21 de junio— serán capacitadas no sólo en el marco jurídico penal, sino en el desarrollo de estrategias de sensibilización para dialogar de frente con las asambleas comunitarias, espacio clave donde se concentra la verdadera impartición de justicia local.

La precarización del intérprete: el racismo estructural en el sistema de justicia

El esfuerzo por democratizar la “Ley Olimpia” en Oaxaca choca de frente con otra realidad crítica: el abandono institucional y la falta de dignificación del trabajo de traducción en México. A pesar de que la entidad cuenta con una de las mayores diversidades lingüísticas del país, Martínez Gutiérrez afirma que “lamentablemente no es un trabajo bien remunerado, en comparación con interpretaciones del inglés o el francés” y que, ante la falta de apoyos gubernamentales, a la red le ha tocado subsanar este vacío “desde lo local, desde lo comunitario”.

A esta brecha económica se suma una grave falta de profesionalización en las instituciones del Estado. Nadia Elvira Gómez García enfatiza que en el aparato burocrático y judicial persiste un sesgo técnico: “muchas veces se cree que sólo por hablar una lengua ya puedes fungir como traductor o intérprete cuando no es así, se necesita una preparación”.

También lee: Con Ley Olimpia, alumna de la UNAM logra que un estudiante que le tomó fotos fuera vinculado a proceso

Las consecuencias de esta omisión institucional son devastadoras en el acceso a la salud y a la justicia penal. Betzabeth Martínez Gutiérrez detalla que la ausencia de peritos calificados provoca “situaciones en las que personas detenidas no tienen el conocimiento de cómo es su proceso” o, en el ámbito médico, “personas en los hospitales a quienes lamentablemente a veces se les suministra un doble medicamento porque no entienden al médico que solo habla español”.

Es en este adverso escenario donde el trabajo de la Red de Intérpretes y Promotores Interculturales busca generar un punto de inflexión profundo. Como explica Gómez García, el proceso de formación obliga a las y los participantes a adentrarse en su propia cultura: “cuando te vuelves intérprete necesitas no solo conocer o tener un dominio total de tu lengua, sino también el contexto cultural de tu comunidad, porque no solo transmites de una lengua a otra, sino también de una cultura a otra”.

A largo plazo, la apuesta de la REDIN trasciende la respuesta inmediata a la violencia digital: busca ser un catalizador para que las juventudes y las mujeres se reconecten con su identidad y asuman roles clave en el diseño de su propio entorno. Al profesionalizar y dignificar la labor de este gremio históricamente precarizado por las instituciones del Estado, estas mujeres no solo traducen leyes escritas en español, sino que se convierten en guardianas de los derechos humanos.