Grave retroceso en el derecho de acceso a la salud
Redacción Animal Político · 8 de octubre de 2025
La reciente medición de la pobreza del INEGI dejó al descubierto un asunto de mayor relevancia que vale la pena ponerle más atención, dado que se trata de un derecho fundamental y universal para todas las personas: el acceso a los servicios de salud.
En 6 años, de 2018 a 2024, la población que carece de acceso a estos servicios se duplicó. La carencia afecta en mayor medida a los hogares con menores ingresos y la mayoría de la carencia se concentra en estados con alto nivel de pobreza
Este panorama representa un foco rojo para corregir de fondo las políticas públicas en materia de salud con acciones efectivas que reviertan este franco retroceso, con especial atención a quienes viven en pobreza y pobreza extrema.
Sistema de Salud, enfermo
Si bien hubo una reducción de la pobreza en los últimos años, es alarmante que en uno de los aspectos básicos para toda persona, como la prevención y el tratamiento de enfermedades, el retroceso es significativo.
De 2018 a 2024 la población que carece de estos servicios se duplicó: hace 6 años eran 20.1 millones de personas (16 % de la población) quienes estaban excluidas del sistema de salud; para 2024, se incrementó a casi 42 millones de personas (34 % de la población). Esto significa que un tercio de las y los mexicanos hoy día no cuentan con acceso para ejercer este derecho universal.
El INEGI muestra que la carencia de acceso a servicios de salud tiene una mayor afectación en hogares con menos ingresos: con 9.7 millones de personas del Decil I (los más pobres) contra 1.8 millones de personas en los de mayor ingreso, los del Decil X. La distancia entre los hogares de mayor ingreso frente a los de menor ingreso es cinco veces más.
La carencia de atención médica afecta considerablemente a quienes viven en pobreza extrema: 75 % de la población en esa condición, que se traduce en 5.2 millones de personas, así como a 59 % de quienes viven en pobreza, 22.6 millones de personas.
El gasto privado en salud y el gasto de bolsillo -es decir, lo que las familias tienen que descontar de sus ingresos para poder atender alguna enfermedad- creció 40 % respecto a lo que gastaban en 2018 (en pesos de valor real, descontando inflación). Nuevamente quienes más aumentaron su gasto en proporción son los hogares de menor ingreso.
Entidades pobres y con menos salud
La falta de atención médica está presente prácticamente en todo el país, aunque más acentuado en 8 estados que, además de registrar altos índices de población en pobreza, más del 40 % de sus habitantes carecen de acceso a servicios de salud.
Y en 6 estados se concentra la mitad de las personas en el país con esta carencia.
Trabajan sin derecho a la salud
En México, el acceso a la salud está encadenado a la condición laboral, pues sólo con un empleo “formal” se cuenta con afiliación a los servicios de salud del seguro social. Sin embargo, para millones de personas trabajar no es garantía de acceso a servicios de salud. Del total de personas ocupadas en el 2024, más de un tercio, 36 %, que corresponde a 22.7 millones, presentan esta carencia.
Y confirmando el patrón que se reitera en los diversos rubros de medición de la pobreza, la mayor incidencia se presenta en los segmentos de menores ingresos: son 3 millones de personas que se ubican en el Decil I, contra 1.2 millones de quienes están en el Decil X.
La salud es un derecho humano
Especialistas de diversas organizaciones han advertido que el problema que enfrenta el sistema de salud en México es la desigualdad en el acceso y la atención de los diversos servicios públicos. Al estar vinculado a la situación laboral de las personas, el acceso se convierte en una “prestación laboral, cuando en realidad es un derecho humano, que debe ser garantizado por el Estado (ver programa “La gran inversión que falta: acceso efectivo a la salud de la Serie De los datos a las acciones efectivas, con la participación de México Evalúa y Centro de Investigación Económica y Presupuestaria – CIEP).
Acción Ciudadana Frente a la Pobreza ha insistido en que la salud es un derecho universal y por tanto no debe ser convertido en una prestación laboral. Revertir el deterioro en la atención que se ha observado en los últimos años, principalmente en los hogares de menores ingresos, debe ser una prioridad de los gobiernos, tanto a nivel federal como los estatales.