Mujeres trans logran rutas de trabajo; evitan persecución legal por protestas

Luego de mantenerse en plantón por 21 días en la Secretaría de Gobernación, personas trans, no binarias y trabajadoras sexuales agrupadas en el “Frente Común Lupilla Xiu” se reunieron con autoridades federales y de la Ciudad de México, quienes se comprometieron a generar rutas de trabajo para atender sus exigencias y les anunciaron que no habrá persecución legal contra aquellas que participaron en la protesta que dejó destrozos en el metro Hidalgo.

El encuentro delineó rutas de trabajo y arrojó un respiro legal fundamental para las manifestantes, además de pactar nuevas reuniones para otorgar indemnizaciones a las mujeres mayores trans víctimas de represión durante la llamada “guerra sucia” —entre 1960 y 1990—, así como a las trabajadoras sexuales que se vieron afectadas económicamente con las obras viales de Calzada de Tlalpan.

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Bautizado en nombre de una activista trans indígena que murió frente a la SEGOB en septiembre de 2023, el Frente Común Lupilla Xiu subrayó que continuarán en la exigencia de políticas públicas que les brinden apoyos específicos.

¿Quién fue Lupilla Xiu? La raíz de la exigencia

El bloque de colectivas adoptó el nombre de Lupilla Xiu en honor a una activista oaxaqueña que pasó años de su vida en actos de protesta. Lupilla fue una sobreviviente de desplazamiento forzado, tortura y de un sistema de justicia que la criminalizó tras pasar años en prisión injustamente.

Inspiradas en su persistencia, y ante la falta de respuesta a sus demandas por parte de la SEGOB, las integrantes de distintas colectivas conformaron un frente para exigir a distintas dependencias gubernamentales el reconocimiento pleno de las personas trans y no binarias, así como el acceso a programas y apoyos que reparen la deuda histórica contra esta población que ve limitadas sus oportunidades escolares y laborales debido a la discriminación.

El pasado 18 de junio, integrantes de distintas colectivas tomaron las instalaciones de la SEGOB en exigencia de una reunión con la secretaria Rosa Icela Rodríguez, debido a que no se ha dado cumplimiento a la recomendación 42/2024 de la CNDH que señala violaciones a derechos humanos por parte de personas trans y no binarias por falta de armonización legislativa.

La toma de las instalaciones terminó cuando el 23 de junio, elementos de la Guardia Nacional y del Servicio de Protección Federal las sacaron, ante lo cual instalaron lonas y casas de campaña sobre la avenida Bucareli, hasta el 9 de julio, cuando las manifestantes aceptaron liberar la circulación a cambio de que se les diera reunión.

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La lucha por la “ciudadanía plena” para personas trans y no binarias

A pesar de que el trabajo sexual no configura un delito o falta administrativa en la capital del país y que las personas trans forman parte de los grupos de atención prioritaria contemplados en la Constitución de la Ciudad de México, las activistas denuncian que las políticas públicas enfocadas a estas poblaciones son insuficientes, o en el peor de los casos, inexistentes.

“Ya es hora de que nos empiecen a tomar en serio como ciudadanas y ciudadanos trans. No somos una comunidad, somos ciudadanas”, comentó en entrevista Sandra Montiel, quien ejerce el trabajo sexual en la Calzada de Tlalpan desde hace 30 años, en los que ha atestiguado y ha sido víctima de distintos tipos de violencia: es sobreviviente de un ataque con ácido y ha vivido en primera persona la discriminación institucional para acceder a la justicia.

A la edad que tiene, su preocupación es contar con la garantía de que tendrá cómo mantenerse cuando decida retirarse del trabajo sexual. Otras mujeres trans, con más de 60 años, no tienen más opción que continuar ejerciendo, pues la pensión para personas adultas mayores que reciben del gobierno federal no alcanza para pagar renta, alimentos y medicamentos.

Natalia Lane, sobreviviente de un transfeminicidio, apuntó que se requieren mayores medidas de seguridad en hoteles, lo que se encuentra entre las demandas del frente, al igual que la exigencia de que se otorguen apoyos económicos emergentes a las trabajadoras sexuales que continúan viviendo afectaciones económicas por la construcción de la ciclovía y la calzada elevada en Tlalpan.

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En otros casos, la exigencia también es para apoyos de vivienda, debido a que no cuentan con oportunidades de acceso a este derecho y se encuentran en situación de calle, o de garantías de atención a la salud, principalmente para aquellas que viven con afectaciones por el uso de biopolímeros.

Parte del pliego petitorio quedó pendiente de resolución real. Ante esto, la postura de las colectivas se mantiene firme: advierten que vigilarán de cerca el cumplimiento de las minutas firmadas y que la exigencia de derechos continuará desde los distintos frentes de resistencia.