El recorrido arcoíris: de dónde venimos y hacia dónde vamos

Por Rodrigo Quintero

Durante varias décadas, el movimiento LGBTIQ+ logró avances significativos en el reconocimiento de sus derechos humanos y políticos. Hoy esos avances enfrentan cuestionamientos e incluso retrocesos en algunos contextos políticos debido al crecimiento de los nacionalismos y de sectores políticos identificados con la extrema derecha. Tomando esto en consideración, es un buen momento para cuestionarnos de dónde venimos y hacia dónde vamos.

Los derechos de las comunidades de la diversidad sexual son amplios; por ello, me centraré en aquellos que se fueron conquistando en el marco de las democracias liberales durante el siglo XX y lo que va del XXI. Conviene recordar que la incorporación de estas demandas en la discusión pública surgió, precisamente, de la necesidad de visibilizar nuestra existencia. Así fue como comenzaron a consolidarse las marchas del orgullo durante las décadas de los años 70, 80 y 90, particularmente en aquellos países cuyas condiciones políticas permitían cierto grado de disidencia y libertad de expresión.

Durante la década de los 80, las comunidades de la diversidad sexual, especialmente los sectores gay y trans, tuvieron que enfrentar uno de los mayores desafíos de su historia: la pandemia del VIH/sida. En México, entre 1983 y 1989 se registraron 1,583 casos acumulados de sida, según cifras oficiales. En Estados Unidos, la epidemia cobró más de 100,000 vidas durante la década de 1980, afectando de manera desproporcionada a las comunidades hombres que tienen sexo con hombres y transformando profundamente la agenda política y social del movimiento gay específicamente. 

Sin embargo, a pesar de la incertidumbre provocada por una enfermedad y de las campañas de estigmatización y odio que acompañaron aquellos años, el movimiento continuó avanzando en la conquista de derechos civiles y políticos. Un ejemplo de ello fue Dinamarca, que en 1989 se convirtió en el primer país del mundo en reconocer legalmente las uniones civiles entre personas del mismo sexo.

En la mayoría de los casos a nivel internacional, las políticas de disidencia sexual ingresaron a la arena legislativa a través de partidos y movimientos progresistas durante la década de 1990. No obstante, incluso en aquellos países donde las democracias estaban más consolidadas, los avances fueron paulatinos. Un ejemplo fue el caso de los Países Bajos, donde la denominada coalición púrpura, encabezada por Wim Kok, líder del Partido del Trabajo, logró la aprobación del matrimonio igualitario en el año 2000, convirtiendo al país en el primero del mundo en reconocer la plena igualdad jurídica de las parejas del mismo sexo ante la ley.

A partir de entonces comenzaron a fortalecerse, tanto en Europa como en América, las agendas orientadas a la igualdad de derechos para las comunidades sexodiversas, en contraste con las posturas que defendían la diferenciación jurídica y el mantenimiento de la heteronorma. Las velocidades y los matices de estos procesos variaron de acuerdo con las circunstancias de cada país. En Estados Unidos, por ejemplo, el personal militar homosexual tuvo que enfrentar durante años la política conocida como “Don’t Ask, Don’t Tell”, que obligaba a ocultar la orientación sexual para poder servir en las Fuerzas Armadas. En otros países, como Nicaragua y Panamá, las relaciones consensuadas entre personas del mismo sexo permanecieron penalizadas hasta fechas relativamente recientes.

Los avances tampoco se limitaron a Europa. En América Latina, Argentina se convirtió en 2010 en el primer país de la región en aprobar el matrimonio igualitario, abriendo el camino para reformas similares en distintos países. Asimismo, la Opinión Consultiva 24/17 emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2017 estableció que los Estados debían garantizar el reconocimiento jurídico de las parejas del mismo sexo y de la identidad de género, fortaleciendo los estándares regionales de protección de los derechos de las personas LGBTIQ+.

El paradigmático caso de México

En el caso de México, la llegada de la izquierda a la Ciudad de México en 1997, representada entonces por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), impulsó una agenda de cambios con importantes efectos legislativos, jurídicos e institucionales. Entre los hitos más relevantes destacan la creación de la Clínica Especializada Condesa (2000), pionera en la atención integral del VIH/sida en América Latina; la incorporación del delito de discriminación al Código Penal del entonces Distrito Federal (2002); la aprobación de las Sociedades de Convivencia (2006); el reconocimiento del matrimonio igualitario (2009); y la Ley de Identidad de Género mediante la reforma al Código Civil (2014).

No deben olvidarse dos premisas fundamentales que contribuyeron a estos cambios normativos y jurisprudenciales. La primera fue la incorporación explícita de las “preferencias sexuales” como categoría protegida en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 2001. La segunda fue la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011.

Si las reformas impulsadas en la Ciudad de México abrieron la puerta a nuevos derechos para las personas, la reforma en materia de derechos humanos del 2011 permitió que esos avances trascendieran las fronteras de la capital. A partir de entonces, la Suprema Corte utilizó los principios de igualdad y no discriminación para reconocer que las parejas del mismo sexo tenían derecho a contraer matrimonio (2015), formar una familia mediante la adopción (2010 y criterios posteriores) y que las personas trans debían poder vivir de acuerdo con su identidad de género (2017).

El recorrido internacional ha sido un camino lleno de obstáculos. Desde visiones sustentadas en argumentos religiosos hasta aquellas que se presentan como científicas o biologicistas, distintos sectores han intentado frenar los avances en materia de igualdad. En México, pese a los progresos alcanzados, persisten desafíos importantes sobre todo para las poblaciones trans. En 2025, únicamente 22 entidades federativas habían incorporado procedimientos administrativos para el reconocimiento de la identidad de género de personas adultas, mientras que solo siete habían extendido este derecho a infancias y adolescencias.

Si bien contamos con avances significativos en materia normativa e institucional, resulta indispensable prestar atención a la interseccionalidad que atraviesan las diversidades sexogenéricas. Factores como la situación económica, las condiciones laborales, el origen étnico, la discapacidad, el género o la condición migratoria pueden entrecruzarse y generar formas particulares de exclusión. Comprender estas desigualdades resulta fundamental para accionar políticas públicas en beneficio de todos los sectores de las poblaciones LGBTIQ+.

El panorama internacional también plantea nuevos retos. El fortalecimiento de sectores conservadores dentro del republicanismo en Estados Unidos y el crecimiento de partidos de extrema derecha en Europa y América Latina han encontrado en las nuevas tecnologías y las redes sociales herramientas eficaces para cuestionar avances que parecían consolidados. A través de figuras mediáticas vinculadas a la llamada “machosfera”, se difunden discursos que construyen enemigos imaginarios y dirigen sus ataques principalmente hacia grupos históricamente vulnerables, aprovechando contextos de precariedad sistémica.

Debemos recordar que la historia de los derechos de las comunidades de la diversidad sexual es también la historia de la construcción democrática de nuestro país: de la alternancia política, de la expansión de los derechos humanos y de la consolidación de instituciones más incluyentes. Salvaguardar y defender ese legado no solo implica proteger conquistas alcanzadas, sino también preservar la esperanza de construir una sociedad más igualitaria, libre y plural para todas y todos. ♦