Animal Político · 29 de agosto de 2026
Con pancartas y reclamos, un grupo de jóvenes irrumpió en el inicio del diálogo de las activistas feministas Angela Davis y Gina Dent en la sala Miguel Covarrubias de la UNAM. Entre las exigencias destacaron la investigación por la muerte de seis mujeres en el penal de Santa Martha y denuncias por represión dentro de la Universidad.
Davis es filósofa y activista estadounidense, y una de las voces más críticas del sistema penitenciario. En su juventud pasó en la cárcel 16 meses acusada por asesinato, secuestro y conspiración pero fue absuelta en 1972.
En la protesta, que duró alrededor de 20 minutos previo al inicio de la charla, se realizó un pase de lista de las mujeres fallecidas en prisión y la propia UNAM fue denunciada por la persecusión de Arturo Lugo “Shevek” quien fue golpeado, quemado y detenido en 2020 tras apoyar una toma feminista en FES Acatlán.

Al tomar la palabra, Angela Davis, activista de 83 años, se dijo impresionada por la energía de las y los jóvenes universitarios y aseguró que estaba “encantada” de escucharles.
“Me impresionó mucho la energía y me gustó encontrarme pensando en cómo transformarla para generar un cambio real para abolir el capitalismo, para terminar el feminicidio en México”.
En el diálogo “Abolición, feminismo, ¡ahora!” participaron Davis, la especialista en estudios feministas Gina Dent; la directora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG), Amneris Chaparro, y la titular de Cultura UNAM, Rosa Beltrán.
La expectativa por la charla realizada en el contexto de la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios desbordó las capacidades de la Sala Miguel Covarrubias por lo que la UNAM habilitó espacios en otras sedes para poder ver la transmisión.
Sin embargo, la presentación de Davis y Dent hicieron que las y los estudiantes hicieran visible una paradoja: mientras la UNAM invitó a una pensadora crítica del sistema penal, se ha perseguido a estudiantes que denuncian violencias dentro de la universidad.
“Las mujeres privadas de la libertad siguen siendo personas…exigimos a las autoridades competentes esclarecer cada una de las muertes, investigar las resposabilidades y hacer públicas las respuestas. Invitamos a plantearnos qué clase de justicia queremos construir, si aceptamos que para castigar a alguien tenemos que hacer que deje de ser visible para nosotras: Rosa, Vanesa, Maria Helena, Viridiana, Monica, Valeria, Diana, Laura: son las mujeres que han muerto en esos últimos meses en Santa Martha Acatitla”, se pronunciaron.
Asimismo, mostraron consignas como “La UNAM expulsa a las personas que acompañan las luchas por los derechos de las mujeres”, “La UNAM reprime a sus estudiantes, como a Arturo Shevek”, “La UNAM criminal y paramilitar”, al tiempo que reclamaban porque la presencia de ambas escritoras se trataba de un “lavado de imagen” para la institución.
La situación escaló cuando Amneris Chaparro le respondió a un joven que tomó la palabra entre los reclamos: “no me tienes que decir que hago, un vato no me va a decir que hacer”. La frase se viralizó debido a que fue enunciada por una autoridad universitaria en un contexto en el que precisamente se estaba denunciando persecución y silenciamiento a estudiantes.

El pasado 15 de julio, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) anunció el inicio de una investigación por la muerte de seis mujeres que se encontraban bajo custodia en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla. Los hechos ocurrieron en un lapso de 90 días.
La indagatoria se abrió a partir de seis quejas por presuntas violaciones a derechos humanos, de las cuales cuatro fueron presentadas por personas peticionarias y dos se iniciaron de oficio
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Entre el 12 de marzo y el 11 de junio fallecieron en circunstancias no aclaradas Rosa, Vanessa, Viridiana, María Elena, Mónica Valeria y Diana Laura. Tiempo atrás, en el transcurso del año anterior, ya se había conocido la muerte de Marlene, apodada “La Chola”, y la de Jocelyn, quienes fueron halladas colgadas.
De las seis recientes, el sistema penitenciario afirma —sin que esté probado con toda certeza— que Rosa y Diana Laura se quitaron la vida y que las otras cuatro fallecieron por motivos de salud.
Una de las teorías más extendidas entre las internas sobre el fallecimiento de aquellas compañeras sobre las que sospechan que pudieron haber sido asesinadas tiene que ver con las deudas que proliferan dentro, por robo de celulares o por venta de droga.
Al interior del penal, el consumo de sustancias es fuerte y descontrolado, con el cristal y la piedra como lo más recurrente y poco acceso a cocaína. Ese comercio conduce inevitablemente a una creciente violencia y extorsión.

Lo que sucede en Santa Martha y Tepepan, los dos reclusorios femeniles de la Ciudad de México —las mujeres son alrededor de un 6 % de la población penitenciaria—, es sabido por quienes permanecen ahí y por las visitas frecuentes: pagos para todo, abuso de autoridad, venta de drogas. Las custodias también llegan a estar sobrepasadas y sin contención.
La vida en reclusión, además, de acuerdo con versiones de internas, es cada vez más cara. Se cobra por todo, afirman. Incluso a las visitas no las dejan en paz: en Santa Martha, la renta de mesas es cada día más alta, al igual que la extorsión a las familias pidiéndoles cantidades de dinero para no hacerle daño a la persona recluida.
Por los hechos de Santa Martha, la primera renuncia que se anunció fue la de Yessica López Avilés, encargada del área de seguridad y quien llevaba una larga trayectoria —de por lo menos 10 años— en el sistema penitenciario de la Ciudad de México. Conocía y era bien conocida en ambos reclusorios femeniles.
Un primer periodo operó en Santa Martha, de donde fue removida por denuncias de extorsión y enviada a Tepepan como medida de “castigo” o rotación institucional, pero igual era jefa. De ahí se le conocía como la comandante Yessica.
Varios señalamientos hacia ella incluso se hicieron públicos desde 2024, pero tampoco eso impidió que apenas hace tres meses el Congreso de la Ciudad de México le otorgara la medalla al mérito policial, según consta en la transcripción y el registro fotográfico de la sesión del 14 de abril de 2026.
Aunque son minoría, la vida para las mujeres al interior de reclusorios capitalinos tiene complejidades añadidas. El crecimiento del hacinamiento y los delitos son comunes a las prisiones de varones, pero ellas además enfrentan una desproporcionada situación de abandono: reciben muy poca visita.
En general, cuando entran en contacto con el sistema de justicia penal, este activa mecanismos que no reconocen sus condiciones de desigualdad, violencia y discriminación, sino que las criminalizan y envían a prisión. La organización EQUIS: Justicia para las mujeres ha documentado que entre 2020 y 2024 el encarcelamiento de mujeres aumentó más del 50 % en México.
Una de cada tres mujeres está en prisión tras aceptar un procedimiento abreviado, el 48 % de ellas bajo presión. El 90 % ingresa a un reclusorio sin sentencia, y pueden pasar años en el mismo estatus. Al interior, las desigualdades van desde la falta de acceso a la educación hasta las nulas posibilidades de reinserción: 6 de cada 10 consideran que haber estado privadas de la libertad afectará sus posibilidades de reintegrarse al ámbito laboral, por ejemplo.
Ellas lo saben bien. Las internas de Santa Martha aseguran que quieren salir, pero al mismo tiempo lidian con un gran miedo a lo desconocido, a ser rechazadas por la familia, a no tener a dónde llegar y a ser juzgadas en su entorno. Saben que no hay oportunidades, pero sí un estigma de por vida, lo que también contribuye al incremento de sus consumos por ansiedad y miedo.
Con información de Marcela Nochebuena