Marcela Nochebuena · 17 de noviembre de 2026
Yessenia Pascual Ramos, del pueblo Ñuu Savi, desapareció el 12 de mayo de 2015, en Tlaxiaco, en la Mixteca Alta oaxaqueña. Su ausencia desató más de una década de búsqueda para su familia. Al no dominar el español, su madre y su padre enfrentaron discriminación, falta de traductores y dilaciones que entorpecieron incluso los primeros actos de investigación.
Para dar seguimiento a las indagatorias en la capital de Oaxaca, la familia agotó sus recursos económicos y vendió animales de corral y parcelas de tierra para costear pasajes, estancias y alimentos. Aunque las investigaciones lograron identificar y detener a probables responsables, las autoridades no han completado el proceso necesario para obtener información sobre la suerte y paradero de la joven.
“El culpable, en el 99% de sus hechos, ya está aclarado, nada más que falta una autorización, que las autoridades hagan lo posible por interrogar a esas personas para que declaren qué pasó con mi hija, dónde está, porque cuando desapareció la tienen en su casa más de 30 días y desde entonces no se sabe nada de ella… Eso nada más queremos saber; como hijos de Dios, como cristianos, no queremos problemas, no queremos venganzas con nadie”, pidió el padre de Yessenia durante la presentación del libro en la Ciudad de México.

El caso de Yesenia sintetiza las barreras estructurales documentadas durante dos años de trabajo periodístico por Diana Manzo y Juana García en Las Ausentes, que reúne ocho casos de mujeres indígenas y afrodescendientes desaparecidas en Oaxaca entre 2015 y 2024.
“Francisca Ramos acompaña de vez en cuando a su esposo o a su hija en las distintas reuniones con las autoridades. Sus ojos tienen ahora sensibilidad al polvo y al sol, ella se lo atribuye a tanto llorar por su hija. Hace unos meses que se ha puesto mal de salud, la tristeza le ha invadido, puntualiza con desconsuelo su hija Érika”, relatan las autoras en el texto.
Mediante narraciones como esas, que indagan las consecuencias en el pasado y el presente para quienes las buscan, la descripción de sus contextos y los escenarios que ha dejado la desaparición de las ausentes, el libro expone cómo la dispersión territorial, la discriminación burocrática y los sesgos institucionales convierten los procesos de búsqueda en un desgaste constante para las familias.
“Las familias que las buscan, que las nombran, que cocinan sus platillos favoritos para sentirlas cerca, las que siguen esperando que atraviesen por la puerta o que regresen, y calzan las sandalias que siguen puestas en el corredor de la casa, son de diversas regiones de Oaxaca, hablan chinanteco, mixe, tu’un savi o been zá. Algunas hacen denuncias públicas, otras persiguen a las autoridades y funcionarios para que les den respuestas; otras, apenas lograron poner una denuncia por desaparición, ya que no sabían a dónde ir a denunciar, o a quién recurrir para buscar a su persona querida”, advierte Irma Pineda en el prólogo.
Una de las dificultades que documenta Las Ausentes es la falta de perspectiva cultural en los ministerios públicos. Aunque el Protocolo Homologado de Búsqueda mandata disponer de traductores e intérpretes en lenguas originarias, las fiscalías oaxaqueñas carecen de personal calificado al recibir denuncias, lo que compromete la recolección oportuna de información en las primeras horas tras la desaparición.
A la barrera del idioma se suman prejuicios institucionales que desestiman las denuncias. Con frecuencia, el personal ministerial señala a los familiares que las ausencias obedecen a decisiones voluntarias, y les imponen plazos de espera informales que retrasan la emisión de fichas y diligencias urgentes. Ante esta inacción, las familias asumen por cuenta propia las primeras búsquedas en sus comunidades, sin asesoría técnica ni seguridad.

Este esquema se agrava por la centralización de los servicios de justicia. En una entidad con una marcada dispersión territorial, las personas denunciantes deben trasladarse desde poblados remotos hasta la ciudad de Oaxaca para ratificar actuaciones o consultar acuerdos ministeriales.
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“Es urgente descentralizar los servicios de atención. No es justo que las familias tengan que trasladarse 17 horas, 10 horas, 14 horas, para entregar un documento, para dar seguimiento a su caso o recibir información sobre sus hijas. La centralización de los servicios se convierte en otra forma de revictimización: implica gastos que muchas familias no tienen, la pérdida de días de trabajo, desgaste físico, emocional, y en muchos casos también el abandono forzado de la búsqueda”, detalló Lucía Sol Herrera, del Centro de Estudios y Fortalecimiento Comunitario Mano Vuelta.
Las Ausentes revela, además, que las omisiones operativas inician desde la sistematización estadística. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) clasifica las cifras conforme a la nacionalidad de las víctimas, pero omite incorporar su pertenencia étnica. Esta falta de desagregación oculta la magnitud de la problemática en regiones indígenas y afromexicanas, lo que impide el diseño de políticas públicas específicas.
“Eso habla precisamente de esta invisibilización y de este borrado de personas indígenas, y particularmente de mujeres, que sigue pesando sobre los hombros de las familias que están luchando el día de hoy por verdad, justicia y localización con vida”, apuntó Natalia Cordero, abogada e investigadora de Fundar.

La ausencia de datos específicos coexiste igualmente con un incremento en las desapariciones en la entidad. Mediante el seguimiento a las fichas públicas de la Fiscalía de Oaxaca entre 2025 y 2026, la organización Mano Vuelta detectó un alza del 15.65% en las desapariciones de mujeres, niñas y jóvenes respecto al año previo.
De 340 cédulas analizadas hasta el 1 de noviembre de 2026, 108 mujeres continuaban sin ser localizadas (31.76%). La mayor incidencia se concentra en adolescentes de 13 a 18 años. En tanto, registros de Fundar señalan que solo durante 2026 se acumularon 850 desapariciones en la entidad, una crisis que no se ha traducido en planes integrales de búsqueda ni en análisis de patrones delictivos.
Los testimonios compilados en Las ausentes muestran que las fallas en el caso de Yessenia forman parte de una práctica sistemática y recurrente. El libro detalla la situación de otras siete mujeres en las que los patrones de impunidad se repiten.
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Adolfa Roque Riaño, mujer Ñuu Savi, desapareció el 21 de junio de 2021, en Santiago Jamiltepec, en la costa oaxaqueña. Las autoridades dieron “carpetazo” a su caso sin pistas sobre su paradero. Aunque en mayo de 2026 se estableció una mesa de trabajo para reabrir la investigación, en septiembre se sustituyó al ministerio público asignado, por lo que no hay avances.
Mayra Colón Silva, mujer afromexicana de 38 años, fue reportada desaparecida el 15 de febrero de 2025. No hay una línea de investigación clara para ubicarla. Pese a las exigencias de su familia, el expediente cuenta con apenas 18 hojas. A la fecha no se le ha informado a la familia sobre los avances para dar con ella.
La familia de Mayra es parte de las más de 194 mil 474 personas que se identifican como afromexicanas y representan 4.7% del total de la población de Oaxaca, señalan las autoras en el libro.
Las autoridades omitieron durante tres años la búsqueda de Yeimi Zulen Molina, desaparecida el 4 de julio de 2023 en Salina Cruz, Oaxaca, a los 20 años de edad; la reactivación del caso se produjo recientemente solo por la presión colectiva.

Andrea Itzel Martínez, de 17 años, desapareció el 17 de enero de 2023 en Santiago Suchilquitongo, Etla, Oaxaca. Su madre enfrentó un calvario de tres años de negligencia burocrática y falta de sensibilidad para poder identificarla. Fue localizada sin vida, su madre sigue exigiendo justicia.
Sandra Domínguez, abogada y defensora Ayuuk, desapareció el 20 de octubre de 2024. Fue hallada sin vida seis meses después, junto al cuerpo de su esposo en fosas en el municipio de Santiago Sochiapan, Veracruz. Su familia sigue exigiendo justicia y castigo para los autores intelectuales y materiales para que su desaparición y feminicidio no queden impunes.
Obdulia de León Tapia, de 19 años, originaria de San Juan Colorado, Oaxaca, desapareció el 2 de abril de 2019 en Zapopan, Jalisco. Su expediente evidencia la falta de coordinación interestatal entre fiscalías y la carencia de perspectiva intercultural.
Itzel González González, de 17 años, tenía el sueño de ser enfermera en su comunidad chinanteca, que se truncó. Sus familiares la buscan desde que desapareció hace seis años, el 14 de abril de 2020, en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. Aunque dos personas están detenidas, no han revelado su paradero. “Basta de omisiones y que la localicen”, es la demanda constante de la familia.

“Más en los pueblos, donde la gente está abandonada, nadie voltea a ver, no hay ni siquiera la ficha de búsqueda. Cuando mi hermana desapareció, nosotras anduvimos pegando las fichas en los pueblos, nosotras salimos, anduvimos de sol a sol y hasta la fecha. Porque nadie lo hizo, las autoridades no lo hicieron; como no son su familia, no lo hacen. Entonces nosotros lo tuvimos que hacer y es lo que pasa: ahí vamos a poner la denuncia y que ‘esperen tantas horas’; en las horas que estamos esperando, ya pasó lo que tenía que pasar”, lamentó la hermana de una de las ausentes.
El balance presentado por las organizaciones acompañantes de los casos pone de relieve que las autoridades ministeriales omiten elaborar análisis de contexto que investiguen vínculos con redes de trata de personas o dinámicas de violencia feminicida.
A estas deficiencias se suma el actuar de la Comisión Estatal de Búsqueda de Oaxaca. Martha Pablo, del colectivo Oaxaqueños Buscando a los Nuestros A.C. —agrupación integrada a 12 colectivos en el estado y a la red nacional Organizaciones Unidas Siempre Buscando—, reclamó que las labores de campo sean asumidas por las familias.
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“Desgraciadamente, la Comisión Estatal de Búsqueda no quiere hacer búsquedas. Se limita a hacer nada más trabajos de gabinete, como nosotros decimos. Lo que nosotros los colectivos hacemos es visibilizar la ficha… Y es lo que hace la comisión, cuando va a hacer sus búsquedas, va a pegar las fichas en el lugar donde la persona desapareció y andan preguntando en las tienditas. Digo, eso lo podemos hacer nosotros y nadie nos paga”, afirmó.
Ante la falta de apertura de editoriales comerciales, Las ausentes fue producido mediante la autogestión y el financiamiento independiente, con apoyo de organizaciones civiles y el Fondo Canadá. La edición incluye ilustraciones de la artista oaxaqueña Victoria Gaspar, prólogo de Irma Pineda y un ensayo analítico de Judith Bautista.

“Las historias se escribieron en presente porque nos decía una mamá: ‘yo me imagino que mi hija se fue de viaje y va a volver’. Entonces por eso justamente es en presente, para visibilizar”, detalló Diana Manzo, coautora de la obra.
Los casos relatados en Las ausentes son apenas una muestra de que para lograr el acceso a la justicia y a la búsqueda eficiente de mujeres indígenas y afromexicanas en Oaxaca es indispensable erradicar la discriminación institucional, descentralizar los servicios y aplicar los protocolos vigentes con pertinencia cultural y lingüística.
“No son casos aislados cuando los tratos y prácticas reproducen exclusión e injusticias normalizadas y dirigidas a cuerpos indígenas y negros/afromexicanos/afrodescendientes; en los que estructural y sistemáticamente sus vidas y sus cuerpos son colocados en lugares de subordinación y es negado el acceso a una buena vida”, sostiene Bautista en el ensayo que se incluye tras los relatos.