Israel Fuguemann · 5 de mayo de 2026
(Tercera parte)
“La Semilla Growshop” es una pequeña tienda dedicada al autocultivo y los huertos urbanos. Cerca del barrio histórico de Coyoacán. Sentado detrás una compu portátil, Carlos Zamudio observa… analiza. Desde otra trinchera. Árida. La investigación de campo, la estadística y los mercados que operan lejos del discurso oficial.
Es de Tabasco. Etnólogo e investigador, Zamudio -coautor del libro Las redes del narcomenudeo-, sostiene que el error más persistente del debate nacional ha sido medir el fenómeno únicamente a través del miedo. Dice que la displicencia política ha priorizado la rentabilidad electoral sobre una política pública capaz de dar certeza jurídica a los millones de usuarios que habitan el país.
Esta lectura se apoya en objetividad de los datos. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco —estudio en el que colaboró activamente—, el cannabis sigue siendo la sustancia ilegal más consumida en México.
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Entre la población de 12 a 65 años, la prevalencia de ‘consumo alguna vez en la vida’, saltó del 8.6 % en 2016 al 12 % en 2025; cifra que se traduce en un universo de entre 11 y 13 millones de personas.

Sin embargo, las estadísticas aisladas suelen ser engañosas: el consumo en el último año apenas se movió del 2.1 % al 2.5 %. Aumento marginal que desmorona el imaginario de crisis con el que, durante décadas, se ha intentado justificar la prohibición. Ojo: mientras los indicadores disminuyen entre adolescentes, el crecimiento se concentra en la población adulta.
Donde sí hubo crecimiento exponencial, advierte, fue en las detenciones vinculadas con drogas y la persistencia de operativos centrados en usuarios visibles: resulta más sencillo detener a un chavo con unos gramos en la calle, que investigar estructuras financieras, corrupción institucional o redes de distribución a gran escala.
Esta forma de operar se ha convertido en una ‘caja chica’, ni tan chica para la cantidad de dividendos que genera para los cuerpos policiacos, quienes por años han perpetuado la práctica del ‘cochupo’: acuerdo corrupto o trato ‘bajo la mesa’ que facilita la extorsión a pequeña escala.
“Cuando no se entiende el problema, es fácil simular resultados: se presentan estadísticas de ‘combate al narco’ que, en realidad, son cifras infladas con detenciones de consumidores de a pie”.
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Durante algunos años, al calor de la expectativa de una regulación próxima, surgieron emprendimientos y circuitos de comercio que prometían una economía menos dependiente de las redes ilegales. Pero el impulso se diluyó a medida que la parálisis legislativa recuperó terreno.

Zamudio lo vivió de cerca en Expoweed México, una feria pionera donde convergían activismo y negocios emergentes. Relata que la presión de grupos criminales —interesados en capturar cualquier actividad rentable— terminó por volver inviable el esfuerzo. En su lectura, no es una excepción: cuando no existe protección institucional, los mercados locales quedan expuestos a quien ya controla la fuerza.
Mientras el Estado posterga decisiones, millones de personas acceden al cannabis sin garantías de calidad. Ni seguridad. Pero fuera de la capital, donde no existen espacios de visibilidad semejantes, el vacío legal adopta otras formas.

Hay una falsa sensación de legalidad instalada en la opinión pública. Entre fallos judiciales y mensajes contradictorios, muchas personas creen que en México la marihuana ya fue plenamente despenalizada. La realidad es más enredada. Persisten restricciones y amplios márgenes de ‘discrecionalidad’. A esa distorsión se añade la opacidad: no siempre existen registros claros para saber qué sustancia motivó una detención, lo que dificulta diseñar respuestas eficaces. Todo eso, suma. Miedo.
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