Jorge Avila · 29 de abril de 2026
Por Julia Anguiano
El pasado lunes se celebró el 4:20 (20 de abril de cada año). Se vive como un día dedicado a la memoria, con décadas de resistencia popular. Es una fecha de celebración de la comunidad cannábica que da inicio a dos semanas de activismo, del 20 de abril al 2 de mayo, día de la Marcha Mundial por la Liberación de la Marihuana. La lucha por la despenalización de la cannabis en México se libró en las calles y en los tribunales mucho antes de que el debate llegara al Congreso y, antes de que llegue la regulación, importa incluir en ella a quienes históricamente han sostenido este mercado.
En las ciudades, con la movilización ciudadana se multiplicaron los amparos ante la SCJN, surgieron nuevas organizaciones y colectivos, y se construyó una narrativa de derechos para desplazar el viejo discurso de la cannabis como una amenaza a la salud y la seguridad pública. En el campo y los territorios indígenas, las políticas prohibicionistas aún obstaculizan que las comunidades cultivadoras se beneficien de la siembra de cannabis e impiden su participación en mercados legales. En su lugar, orillan a que grupos no estatales sean el único puente comercial entre estas comunidades y los mercados externos.
Recordamos que el Estado no puede ignorar estas historias al diseñar una regulación, cuando aún se debe justicia en tantos rincones del país tras décadas de políticas de mano dura, abandono y desplazamiento. La legitimidad de cualquier regulación que aspire a ser justa se construirá, precisamente, a partir de su capacidad para mirar de frente esa deuda histórica. Así, estas movilizaciones siguen convocando a personas usuarias, activistas y cultivadoras de la planta, quienes exigen el cese de la criminalización por portación, venta y cultivo.
Durante todo el fin de semana presenciamos manifestaciones, celebraciones, conmemoraciones y actos políticos que exigen la regulación de la cannabis. Las demandas incluyen una Ley General de Cannabis que permita el autocultivo, el acceso a cannabis para usos medicinales, terapéuticos o industriales, la formación de asociaciones cannábicas y una regulación que favorezca la justicia social. Finalmente, se hace un exhorto a las autoridades para enfocar sus recursos en delitos de alto impacto, en lugar de destinarlos a criminalizar a las personas vinculadas con los mercados de cannabis.
Cada mes, alrededor de mil personas adultas solicitan una autorización sanitaria para el autocultivo de cannabis —según datos obtenidos por Cannabis Libre en Oaxaca mediante solicitudes de información oficial—. Pero, a pesar de estas demostraciones contundentes de confianza ciudadana, donde miles de personas usuarias comparten su información personal con instituciones del Estado para legalizar su consumo, la mayoría de los trámites no se resuelve debido a obstáculos impuestos desde la burocracia de la COFEPRIS.
Gracias al seguimiento de Cannabis Libre, sabemos que de abril de 2019 a diciembre de 2025 se expidieron solo 12 mil 449 autorizaciones sanitarias, mientras que el total de solicitudes realizadas durante el mismo periodo fue de 56 mil 69. Así, podemos contar algunas victorias, pero reconocemos que aún falta mucho por lograr.
Como bien anuncia Nancy Fraser, las soluciones a las injusticias requieren políticas de redistribución, reconocimiento y participación, pues una política que corrige una injusticia sin resarcir a quienes la padecieron no producirá legitimidad social. Pedimos acciones de memoria y justicia que no dependan de autorizaciones sanitarias que nunca se expedirán, sino de la reparación del daño y de la construcción de confianza ciudadana hacia las instituciones.
Que la regulación no se olvide de quienes abrieron el camino. Que el Estado se siente a la mesa no como adversario, sino como deudor. Y que la política reconozca lo que la calle y los tribunales ya demostraron: que la cannabis nunca fue el problema, sino la excusa para el castigo.
En el marco de esta conmemoración, seguimos presionando junto a ustedes y las miles de personas que participan en estos días, en espacios públicos o en la privacidad de sus hogares con amistades. Nos vemos en distintos lugares del país para marchar el 2 de mayo y seguir exigiendo el reconocimiento pleno de nuestros derechos.
* Julia Anguiano Rosas es licenciada en Políticas Públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y responsable de investigación en el Instituto RIA.