Fenty, mujer trans, pierde la fe en el sistema de salud; ahora busca apoyo por su cuenta

Como mujer trans, Fenty Law intentó todo para ser atendida por el sector público: quejas ante comisiones de derechos humanos por discriminación, amparos y activismo para tener una clínica integral trans en Colima, su estado. Nada funcionó para acceder a las cirugías que necesita.

Hoy dice haber perdido la fe en un sistema de salud público que sigue rigiéndose por prejuicios, y le ha cerrado las puertas una y otra vez. Decidió recurrir a la atención privada, aun con el costo elevado que pueda tener, para lo que ha iniciado una campaña de fondeo que le permita pagar lo que, en un principio, debería ser un derecho.

Animal Político documentó la historia de su lucha desde agosto de 2025, cuando todavía tenía la esperanza de recibir una atención digna y sin discriminación en el sector salud. Desde 2022, los atropellos a una atención pronta y eficaz, así como comentarios inapropiados del personal médico, la llevaron a levantar una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima. 

Las vulneraciones a sus derechos al trato digno y al libre desarrollo de la personalidad e identidad de género quedaron documentadas en la recomendación 01/2024, expedida el 19 de agosto de 2024, por hechos ocurridos en el Centro de Salud 20 de noviembre, adscrito a la Secretaría de Salud del Estado.

En 2023, supuestamente accedería a una cirugía programada, indicada por motivos de salud, pero se enfrentó a que fuera pospuesta más de ocho veces. Luego acudió al Seguro Social contra el que se tuvo que amparar por la omisión de proporcionar un servicio de atención médica urgente y especializada para la cirugía que requiere y que prefiere mantener en confidencialidad. Tampoco tuvo éxito.

Sus malas experiencias la inspiraron a impulsar diversas peticiones para que Colima cuente con una clínica de atención integral para las personas trans. Aunque lleva años promoviéndola y sigue insistiendo en la importancia de contar con un espacio que garantice sensibilización y trato digno, así como un enfoque y protocolos especializados en poblaciones LGBTIQ+, ve sus opciones reducidas a la atención privada.

“Hoy recurro a ustedes con mucha humildad para pedir su apoyo en un momento muy importante de mi vida: necesito realizarme una operación de salud que es fundamental para mi bienestar físico, emocional”, describe en la petición que impulsa en una plataforma de recaudación de fondos.

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La situación se ha agravado porque en abril de este año se le volvió a presentar una complicación de salud derivada de no tener la cirugía. Asegura que en el IMSS ha seguido recibiendo una atención discriminatoria, en la que siempre se refieren a ella como “él”. 

Además, su estado ha sido divulgado públicamente. Ella sospecha que a instancias del mismo personal de salud. Pese a que la contactaron por redes sociales y compartió todos sus antecedentes, al responderle volvieron a usar un pronombre que no le correspondía.

“Claramente, hacen capacitaciones, pero las toman porque saben que si no van de forma obligatoria, los corren, pero de ahí a que aprendan o pongan en práctica lo que ven, no lo hacen: siguen los mismos actos de discriminación y prejuicios”, critica.

Ahora incluso pide y prefiere que las cirugías se lleven a cabo fuera de Colima. Tiene miedo de que sean en la entidad, por la virulenta reacción a sus propias publicaciones y por las experiencias de violencia que ya ha tenido como activista y trabajadora sexual. En la defensoría pública también recibió burlas por su manera de ganarse la vida, y la sugerencia de que quizá necesitaba ir al psicólogo.

“Sí me preocupa que no se me esté dando atención y que se esté jugando con mi salud, entonces dije ‘ya, de nada sirve que se esté pagando —soy estudiante, pero en su momento también fui trabajadora— el seguro si ni siquiera me van a dar una atención digna; entonces opté por mejor operarme en una clínica particular, que no me van a discriminar, que sé que me van a atender porque se les va a pagar, y que sé que mi vida no corre riesgo”, relata en entrevista. 

Los obstáculos en el acceso a la salud de las personas trans son múltiples. De acuerdo con la organización TransSalud, en Estados Unidos el 29 % de las personas trans vive en pobreza contra el 12 % de la población general; en México, se estima que un 60 % se dedica al trabajo sexual. El desempleo puede alcanzar 10 puntos porcentuales más respecto de la población general, y en nuestro país el 11 % ha vivido en la calle y 25 % ha estado en reclusión.

Por otro lado, existe un riesgo cinco veces mayor de consumo problemático de drogas y alcohol, en tanto que entre el 45 y 74 % fuma tabaco. Las poblaciones tienen menos probabilidad de tener un tamizaje adecuado de cáncer. Un 39 % ha vivido un trastorno psicoafectivo grave, mientras que en 2022, el 56 % intentó suicidarse —contra el 4.6 % del resto de las personas—. Además, 66 % ha sido víctima de abuso sexual. 

Durante julio pasado Animal Político publicó la lucha de más de un año de Jimena Akari, una mujer trans servidora pública en el Estado de México, para lograr que un juez le ordenara a los servicios de salud de esa entidad practicarle una cirugía de reasignación de sexo, después de haber pretextado en diversas ocasiones la salud mental de ella, que no contaban con los insumos y el personal necesarios o que se trataba de un procedimiento estético. 

“¿Dónde quedó el acceso a la salud digna y gratuita?”

Aun con el contacto que ha establecido con el personal de atención del IMSS, Fenty Law no percibe que el tema se esté encaminando, por lo que sigue firme en que no quiere que sea en Colima donde la operen, pues está convencida de que no tienen los insumos ni el personal ni el tacto ni el cuidado suficientes. 

“Ahorita mi estado de salud, en cualquier ámbito, está por debajo del suelo”, lamenta. “El IMSS no pone que no tiene los elementos porque le va a costar, pero a mí de viva voz sí me lo ha dicho. No lo hace de forma escrita, porque se evidencia entonces la escasez de recursos y de personal para realizar la acción”, asegura.

Sobre el seguimiento a la recomendación previa de la Comisión Estatal de Derechos Humanos señala que ni siquiera supo si el personal fue sensibilizado porque nunca se volvieron a comunicar. El cambio de titularidad, además, no le favoreció. Se le dio una disculpa pública, pero nunca recibió una adecuada reparación del daño ni atención psicológica. “Se archivó todo, se quedó así”, apunta.

Insiste en que la decisión de recurrir a un servicio privado es porque el pago garantizará algunas condiciones de atención y de trato. Como activista en Colima, por seguridad le resultaría mejor hacerlo fuera. Con la recaudación de fondos, piensa cubrir los gastos de traslado, cirugía, hospedaje, internamiento y medicamentos. Está comprometida a transparentar todo.

“También mi objetivo es seguir dándole visibilidad a la creación de la unidad de salud, de forma imperativa”, sostiene. Hace un llamado al secretario de salud de Colima, Víctor Manuel Torrero Enríquez; a la gobernadora, Indira Vizcaíno, y a la presidenta Claudia Sheinbaum para que cumplan lo que en algún evento se les expuso y a lo que se comprometieron.

De la clínica, afirma, todas las autoridades le dicen que sí, pero no se ven avances reales. “Yo me he estado moviendo en financiamientos, con instituciones, incluso con diputados federales, sobre la importancia de la unidad. Yo digo que esta unidad viene no a resolver al 100 %, pero sí a que haya un protocolo, personal especializado y que sepa que va a atender a gente de la diversidad”, explica.

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“¿Dónde quedó el acceso a la salud digna y gratuita por ser derechohabiente?”, se pregunta. Siente que termina siendo como en las aplicaciones, cuando hay que pagar una membresía plus. “Yo perdí la fe… Según tenemos que tener confianza en los doctores, y ahora estas situaciones ya no me dan confianza, ¿cómo le voy a confiar la vida a quien sé que realmente no le interesa mi vida?”, reprocha. 

Para ella, solo la atención especializada erradicaría la discriminación hacia las personas trans que por ese motivo muchas veces renuncian a buscar atención. “La mayoría de las personas nos quiere ver muertas, está nuestra salud y nuestra vida en riesgo, y es importante porque hemos sido grupos sociales de lucha, históricamente vulneradas. Independientemente de que estén de acuerdo o no, de su religión, o de si nos aceptan o no, somos seres humanos, y desde ahí el derecho humano a la salud es indispensable”, recuerda.

“Siempre que voy a dar una capacitación —continúa— les digo: ‘yo no tengo problema si tú me ves como hombre, porque ese es tu problema; sin embargo, aquí estás representando a una institución, la Secretaría de Salud, y aquí no caben tus ideologías, porque debes atender a la gente independientemente de las creencias que tengas, y más si en un papel dice que soy mujer. Si para ti soy hombre, a mí no me importa, pero a mí me vienes a tratar con respeto y como mujer”, exige.