Discriminación hacia personas LGBTTTIQ+ en la CDMX: datos, tendencias y desafíos

La Ciudad de México ha sido históricamente un referente nacional en el reconocimiento de derechos de las personas LGBTTTIQ+. No obstante, los avances legislativos e institucionales no han sido suficientes para erradicar la discriminación estructural que enfrenta esta población en su vida cotidiana. El análisis de las atenciones y expedientes registrados por el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) entre 2019 y 2025 permite visibilizar tanto los patrones persistentes de exclusión como los desafíos que enfrentan estas personas para ejercer sus derechos en condiciones de igualdad.

Entre 2019 y 2024 se han brindado más de 10,000 atenciones por posibles casos de discriminación en general, de las cuales 1,194 correspondieron a personas LGBTTTIQ+, lo que representa un 12 % del total. Asimismo, se abrieron 1,002 expedientes totales en ese periodo, de los cuales 165 (17 %) fueron por motivos relacionados con orientación sexual o identidad de género. Esto confirma que, aunque no es el grupo mayoritario, las personas LGBTIQ+ son un colectivo constante y visible en las estadísticas institucionales de atención.

Este conjunto de datos permite identificar una tendencia sostenida de discriminación basada principalmente en la identidad de género y en la orientación o preferencia sexual, con particular énfasis en espacios laborales, establecimientos mercantiles e instituciones públicas. Aunque en la Ciudad de México existen leyes progresistas que reconocen la identidad de género, la orientación sexual y los derechos reproductivos, los datos muestran que las personas LGBTTTIQ+ siguen enfrentando barreras estructurales que obstaculizan su desarrollo personal, profesional y comunitario.

Uno de los factores que influyó en la variación de los datos fue la pandemia por COVID-19. Entre 2020 y el primer semestre de 2022, el procedimiento administrativo de quejas y reclamaciones estuvo parcialmente suspendido, lo que provocó un aumento de gestiones y orientaciones, y una disminución momentánea en los expedientes formales.

En cuanto a los grupos poblacionales que más denuncian, los datos muestran que hombres gays y personas transgénero encabezan las estadísticas de atención, seguidos por mujeres lesbianas y personas cuya identidad específica no fue registrada. Esta sobrerrepresentación es reveladora, pues confirma que, aunque todos los sectores de la diversidad sexual y de género pueden ser objeto de discriminación, los sistemas patriarcales se siguen imponiendo en las mujeres cisgénero además de que existen patrones de violencia y exclusión particularmente intensos hacia personas con expresión de género no normativa y hacia quienes no se ajustan a los modelos tradicionales de masculinidad o feminidad.

De los 1,194 casos de personas LGBTTTIQ+ atendidas entre 2019 y 2024:

• Hombres gays concentran el 30.67 % de las atenciones (366 casos), lo que los posiciona como el grupo que más denuncia.
• Personas trans (transgénero y transexuales) representan el 25.55 %.
• Mujeres lesbianas el 9.63 %.
• Personas bisexuales apenas el 1.09 %, y las personas no binarias el 0.50 %, lo que puede estar vinculado a barreras para el reconocimiento identitario o a la omisión en el registro.

Este desglose permite afirmar que la visibilidad y el acceso a mecanismos institucionales sigue siendo desigual dentro del propio espectro LGBTTTIQ+.

Entre los 165 expedientes de personas LGBTTTIQ+, los principales motivos fueron:

• Identidad de género (37.58 %)
• Orientación sexual (30.30 %)
• Otros motivos: transfobia, expresión de rol de género, apariencia física o condición de salud

En cuanto a los derechos más vulnerados, destacan:

• Derecho al trabajo (44.24 % de los casos)
• Derecho a la identidad

Y el ámbito laboral aparece como el espacio de mayor incidencia: 81 de los 165 expedientes (49.09 %) ocurrieron en contextos de empleo, lo que refuerza la necesidad de fortalecer el marco legal y la obligatoriedad de protocolos laborales contra la discriminación por motivos de género y orientación sexual.

Así, respecto de los motivos de discriminación, la identidad de género y la orientación sexual aparecen como las razones más frecuentes en los expedientes, seguidas por transfobia, homofobia, condición de salud, lesbofobia, apariencia física y forma de vestir. Estas categorías muestran que la discriminación no solo se expresa en actos explícitos de rechazo o violencia, sino también en la manera en que se castiga socialmente la expresión corporal y las decisiones personales de quienes integran la diversidad sexo-genérica, lo que se muestra revelador al momento de analizar los ámbitos donde ocurren los hechos, pues también revelan un patrón estructural.

El ámbito laboral continúa siendo el principal espacio de vulneración, lo que evidencia que las personas LGBTTTIQ+ enfrentan mayores obstáculos para obtener o conservar un empleo, desarrollarse profesionalmente o ejercer sus derechos laborales sin temor a represalias o despidos injustificados. Le siguen los establecimientos mercantiles, las instituciones públicas, el sistema educativo y los servicios privados. Esto sugiere que la discriminación se manifiesta en múltiples esferas de la vida cotidiana, afectando no solo el derecho al trabajo, sino también el acceso a bienes, servicios y espacios que deberían ser seguros y libres de prejuicios.

En términos de derechos vulnerados, destaca el derecho al trabajo, seguido por el derecho a la identidad, el derecho a una vida libre de violencia y el derecho a la educación. Esta jerarquía de derechos afectados pone en evidencia la intersección entre discriminación y exclusión socioeconómica: no se trata solamente de rechazo simbólico o violencia verbal, sino de procesos que limitan la autonomía, precarizan la vida y refuerzan condiciones de subordinación.

Frente a esta realidad, es fundamental reconocer que la discriminación no es un hecho aislado ni producto de malas conductas individuales, sino una forma estructural de desigualdad que reproduce estigmas, privilegios y jerarquías. Combatirla requiere no solo mantener vigentes los mecanismos institucionales de denuncia, sino también robustecer las políticas públicas con enfoque interseccional, garantizar la participación efectiva de las personas LGBTTTIQ+ en la formulación de dichas políticas, y fomentar una transformación cultural que desnaturalice la violencia y la exclusión.

La Ciudad de México ha avanzado de manera significativa en el reconocimiento de derechos para las personas LGBTTTIQ+, con medidas que han sentado precedentes a nivel nacional e internacional, entre las que destacan:

• Reforma al Código Civil en 2009 que reconoció el matrimonio entre personas del mismo sexo.
• Creación del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México en 2011.
• Reconocimiento del derecho a la identidad de género mediante trámite administrativo en 2014.
• Prohibición vía su tipificación en los Códigos Penales de las mal llamadas “terapias de conversión” en 2020 en la CDMX y en 2024 a nivel federal
• Promulgación de la Ley para el Reconocimiento y Atención de las Personas LGBTTTI de la Ciudad de México de 2021
• Acuerdo de la Jefa de Gobierno para el trámite de rectificación de actas de nacimiento de adolescencias trans en 2021
• Tipificación del transfeminicidio en el Código Penal local en 2024
• Inclusión de personas no binarias en documentos oficiales desde 2022 y su reconocimiento en la Ciudad en 2025
• Creación de la UNADIS en 2025
• Protocolos institucionales de atención a personas LGBTTTIQ+ en salud, seguridad y justicia.
• Participación de la sociedad civil en el diseño de políticas públicas y comisiones interinstitucionales.
• Producción de opiniones jurídicas y consultivas por parte del COPRED.

A pesar de estos avances, los datos de COPRED muestran que la igualdad legal no se ha traducido plenamente en igualdad real. Las personas LGBTTTIQ+ siguen enfrentando obstáculos para vivir sin miedo, para acceder a servicios básicos sin ser juzgadas, y para participar en condiciones equitativas en los distintos ámbitos de la vida social. Por ello, es indispensable reforzar los mecanismos de atención y seguimiento a casos de discriminación, consolidar una cultura de denuncia, y promover estrategias de formación y sensibilización que transformen los imaginarios colectivos sobre la diversidad.

Entre los pendientes más urgentes se encuentran:

• Eliminar los estigmas que justifican las violencias LGBTfóbicas y garantizar el acceso a la justicia de sus víctimas.
• Garantizar el acceso seguro y digno a servicios de salud para personas trans y no binarias.
• Desarrollar políticas públicas enfocadas en las infancias y juventudes trans, con énfasis en acompañamiento educativo, familiar y comunitario.
• Implementar protocolos obligatorios y evaluables contra la discriminación en empresas, escuelas y espacios públicos.
• Fortalecer las acciones afirmativas para el empleo, la vivienda y la justicia para personas LGBTTTIQ+.
• Consolidar un sistema de datos desagregados con enfoque interseccional para el monitoreo y la evaluación de políticas.
• Asegurar el financiamiento sostenido a organizaciones comunitarias que realizan trabajo territorial.

La Ciudad de México tiene la responsabilidad de seguir siendo un ejemplo nacional e internacional en materia de derechos humanos. Para lograrlo, es urgente cerrar la brecha entre el discurso y la práctica, entre la norma y la realidad, y entre la promesa de igualdad y la vivencia cotidiana de las personas LGBTTTIQ+.

* Geraldina González de la Vega Hernández es Presidenta del COPRED.