Familia de Ernestina Ascencio denuncia retrasos en medidas de reparación
Animal Político · 22 de octubre de 2026
La familia de Ernestina Ascencio Rosario−mujer indígena náhuatl monolingüe de 73 años que fue víctima de violación, tortura sexual y muerte a manos del Ejército en 2007, en Veracruz−, denunció que persisten demoras en el cumplimiento de medidas de reparación como atención médica, el acto de disculpa pública y la reparación económica.
Acompañados de organizaciones civiles, la familia hizo un llamado urgente al Estado para que adopte las decisiones y acciones necesarias para garantizar el cumplimiento efectivo e integral de la sentencia.
En un comunicado, las organizaciones señalaron que no se ha dado cumplimiento a las medidas de reparación económica. “Han transcurrido ya más de tres meses desde el vencimiento del plazo comprometido por el propio Estado para hacerlas efectivas, sin que hasta la fecha se hayan concretado”.
Advirtieron que el plazo establecido por la CIDH con la finalidad de implementar dichas medidas ya fue ampliamente superado, sin que las autoridades hayan eliminado los obstáculos administrativos y burocráticos que impiden el acceso efectivo a los servicios de salud.
“Las dificultades de coordinación entre instituciones no pueden convertirse en nuevas barreras para el ejercicio de los derechos de las víctimas, menos aún cuando está en juego su salud, bienestar y dignidad”, señalaron.
Otra de las exigencias pendientes es que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabece personalmente el acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado mexicano, ordenado por la CIDH, en la comunidad de Tetlatzinga, municipio de Soledad Atzompa, Veracruz.
La familia ha presentado su solicitud mediante pronunciamientos públicos, comunicaciones directas con autoridades y durante las mesas de trabajo establecidas para dar seguimiento a la sentencia, pero hasta ahora no ha recibido respuesta.
“La persistencia de estas demoras, particularmente respecto de las medidas destinadas a atender sus necesidades más inmediatas, pone en duda la voluntad real del Estado de poner fin a los agravios y sufrimientos que les fueron ocasionados”, advirtieron.
Las organizaciones que acompañaron a las familias son Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos (AJDH), el Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara (Cesem), Kalli Luz Marina, la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (Conami), y el Robert and Ethel Kennedy Human Rights Center.
El Estado incumplió en acceso a la salud y la justicia
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que la violación sexual sufrida por Ernestina constituyó un acto de tortura y que, junto con la falta de atención médica oportuna y adecuada, causó su muerte. También concluyó que el Estado incumplió su deber de investigar los hechos con debida diligencia reforzada y de garantizar el acceso a la justicia para los hijos e hijas de la víctima.
En materia de acceso a la justicia, la Corte concluyó que la investigación ministerial no cumplió con el estándar de debida diligencia reforzada exigible en casos de violencia sexual contra mujeres.
Señaló que no fue conducida con un enfoque de interseccionalidad, particularmente relevante por tratarse de “una mujer indígena mayor en un contexto de militarización”, y que no incorporó perspectivas de género, étnica ni etaria. Además, la investigación fue cerrada prematuramente, sin agotar las líneas necesarias, y se basó en motivos permeados por estereotipos étnicos, etarios y de género, “replicados por altas autoridades del gobierno mexicano, incluido el entonces presidente de la República”.
Asimismo, el tribunal concluyó que el Estado incumplió su deber de brindar atención médica oportuna y adecuada.
Ernestina Ascencio fue trasladada por sus familiares durante aproximadamente 10 horas en busca de atención médica hasta llegar al Hospital Regional de Río Blanco, donde falleció a las 6:30 horas del 26 de febrero de 2007, antes de ser intervenida quirúrgicamente.