Banco Nacional de Datos Forenses: tras siete años de obstáculos solo cuatro estados dan información
Marcela Nochebuena · 20 de mayo de 2026
Luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) aplazara por más de cuatro años su obligación de integrar un Banco Nacional de Datos Forenses —previsto en la Ley General en materia de desaparición desde su publicación en 2017— mediante diversos recursos legales, y tras echarlo a andar en 2023 por orden judicial, hoy esta herramienta central para remontar el rezago forense en México apenas concentra la información de cuatro estados.
Así lo admitió la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, durante la conferencia de prensa que ofreció este martes junto al subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, y la comisionada nacional de búsqueda, Martha Lidia Pérez, para detallar nuevamente la estrategia nacional de búsqueda, aún sin un diagnóstico certero oficial de la cantidad de cuerpos sin identificar que permanecen en los servicios forenses de todo el país.
La funcionaria federal rechazó precisar cuáles son los estados de los que ya se tiene la información y que implica un avance de apenas el 12 % de lo que tendrían que aportar las fiscalías estatales al Banco, que debe ser alimentado por éstas y por la FGR. Animal Político ha documentado el largo aplazamiento y obstáculos que la Fiscalía federal puso a la puesta en marcha del Banco, que finalmente fue creado por un decreto oficial el 29 de mayo de 2023.
El artículo 119 de la Ley General en materia de desaparición de personas establece, desde su promulgación en 2017, que el Banco Nacional de Datos Forenses debe estar a cargo de la fiscalía para concentrar información relevante para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas, así como para la investigación de delitos. El plazo para crearlo se extendía hasta un año después de la entrada en vigor de la ley, es decir, a principios de 2019.
Ante la omisión en su creación, Olimpia Montoya, quien busca a su hermano Marco Antonio, desaparecido en Guanajuato el 18 de marzo de 2017, promovió, acompañada por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, un amparo por las afectaciones a su derecho a la verdad y la justicia derivadas de la ausencia de operación del Banco.
Aunque en una primera resolución un juez le dio la razón, diferentes áreas de la FGR la impugnaron con el pretexto de que carecían de competencia para su implementación. En 2023, la resolución del amparo indirecto del expediente 250/2022 confirmó que la dependencia estaba obligada a poner en marcha el banco, con un plazo de 40 días hábiles, lo que puso fin, de manera definitiva, al largo litigio de la Fiscalía. Aunque oficialmente el banco fue creado desde ese año, hoy la recopilación de datos apenas empieza, con 28 entidades faltantes.
“Se está iniciando esta recopilación de datos en donde actualmente solo algunos estados tienen la información completa [¿Se sabe cuántos?]… Cuatro solamente. Le quiero decir que estos cuatro ya es un principio de diagnóstico de donde estamos partiendo actualmente”, respondió la secretaria respecto al avance en la integración del Banco.
“Lo que tenemos que decir siempre es la verdad —continuó—, y esa es la verdad. No podemos decir que tenemos el 100 % de datos cuando no los tenemos, y ustedes saben que no los tenemos. Entonces ya es un principio de trabajo, de lo que estamos empujando”.
La funcionaria subrayó que la responsabilidad de ese conjunto de bases de datos es de la FGR, que no estuvo en la conferencia, mientras que la Secretaría de Gobernación ayuda e impulsa a las comisiones y las fiscalías para que completen la información.
“¿Qué quisiéramos? Que estuviera completa para hacer los comparativos completos, pero no está, entonces vamos a avanzar precisamente en esto que es un gran desafío”, prometió luego de que durante la conferencia se detallara que la Estrategia nacional de búsqueda de personas desaparecidas tendrá tres ejes prioritarios: la identificación humana, las acciones de búsqueda y la prevención.
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Respecto al Banco Nacional de Datos Forenses, las autoridades aseguraron que se está integrando con el Registro Forense Federal, que detenta la información sobre personas desaparecidas y restos humanos; el Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas, que contiene los datos forenses; la Base Nacional de Información Genética, con la información de donantes y datos recabados de cuerpos sin identificar, y el Registro Nacional de Fosas Comunes y de Fosas Clandestinas, que contiene la información de fosas en cementerios y panteones de todos los municipios, así como fosas clandestinas.
El banco nacional es considerado una pieza clave para la atención de la crisis de personas desaparecidas y de identificación forense en México, donde se estima que hay más de 70 mil restos humanos sin identificar en los servicios forenses. Sin embargo, Arturo Medina descartó confirmar esa cifra, o proporcionar una oficial, pues las autoridades aún no cuentan con un diagnóstico ni una contabilización certera.
Otros obstáculos en la operación del Banco Nacional de Datos Forenses
Lo que la FGR rechazó inicialmente incluso en instancias judiciales, no ha dejado de presentar obstáculos para su implementación. A solo tres meses de que se expidiera el decreto de su creación, Animal Político reportó el reclamo de diversas organizaciones en el sentido de que las carencias de la dependencia impedían el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Forenses.
En aquel momento acusaron incluso un doble discurso de la Fiscalía: mientras en los juzgados aseguraba que ya había concluido la construcción del Banco y que ya estaba en funcionamiento, ante el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU había declarado que quedaría finalizado hasta 2025 o 2026. Aun así, ese plazo, ya vencido, no resultó suficiente.
En esa ocasión, César Contreras, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, valoró la situación como preocupante, porque la obligación prevista en la ley era que el Banco estuviera concluido desde 2019, lo que implicaba un retraso de seis años —ahora siete— para la creación de la herramienta respecto a la obligación legal, y 20 años respecto al inicio de la crisis de desapariciones en el país. “Las familias no pueden esperar”, declaró entonces. Hoy, siguen esperando.
Durante la conferencia que dio a medios en marzo de 2025 a propósito del caso Teuchitlán, el entonces fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, aseguró que el banco estaba operando desde 2023 y no se contraponía a las propuestas de la presidenta Claudia Sheinbaum que describían un nuevo mecanismo con las mismas características. En ese momento, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez volvió a reclamar que su operación no correspondía a lo que dictaba la ley, pues no se habían incorporado registros como el Sistema Actualizado de Identificación de Huellas Dactilares.
Pese a lo dicho en la conferencia de prensa respecto a las cuatro fuentes con las que se está integrando el Banco Nacional de Datos Forenses, de acuerdo con el propio decreto que le da vida, debe integrar de manera gradual las bases, registros y sistemas que siguen: Registro Nacional de Fosas Comunes y de Fosas Clandestinas, Registro Forense Federal, Base Nacional de Información Genética, Registro Nacional de Detenciones, Registro Nacional del Delito de Tortura, registros de Antecedentes Criminales, Sistema Nacional de Información Nominal, Sistema Automático de Identificación de Locutores, Sistema de Identificación de Huellas Dactilares, Alerta Amber, Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, y cualquier otra con información forense y genética relevante.
Pese a que no es la única herramienta que adeuda o que es responsabilidad de la FGR desde la publicación de la Ley General en materia de desaparición, la dependencia no estuvo en la conferencia de prensa de este martes. Medina justificó que hay una relación extraordinaria, pues ha sido parte de los recorridos de atención con familiares y colectivos, así como de la coordinación mediante reuniones permanentes.
“Tan es así que nosotros estamos planteando hoy este plan nacional y esta estrategia que tiene que ver con registros que son de la propia Fiscalía General de la República. No hay una contradicción, no hay un problema, al contrario, hay una buena coordinación”, apuntó el funcionario.
“¿Por qué no están otras autoridades? Porque la responsabilidad de la coordinación del Plan Nacional de Búsqueda es de la Secretaría de Gobernación, es sobre la Comisión Nacional de Búsqueda y sobre el Sistema Nacional de Búsqueda, no es solamente la parte de la Fiscalía, cada quien tiene su tramo de responsabilidad”, añadió Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación.
Aunque la estrategia no plantea muchas más herramientas que las que ya se adeudan de la Ley General —excepto por la Plataforma de Identidad Única y la Alerta Nacional, cuyos resultados se dieron a conocer en la misma conferencia—, Medina insistió en que se estará trabajando con nuevas herramientas, cercanía con las familias mediante el calendario de visitas en diversas regiones del país, para después de ello, tener un diagnóstico eficaz.
“Si estamos en esta tarea es porque no se ha logrado consolidar la información, pero no por ello vamos a dejar de trabajar, y no por ello vamos a dejar de estar cerca de las familias, y no por ello vamos a dejar de escucharlas. Por el contrario, tenemos que redoblar el esfuerzo para poder dar mejores resultados”, admitió.