A cinco años de la ley sobre desaparición, hay mecanismos aún pendientes

A cinco años de que se concretaran los esfuerzos de familias buscadoras para que en México entrara en vigor la ley en materia de desaparición forzada de personas, diversos mecanismos contemplados en esta siguen pendientes, mientras que la cifra oficial ya rebasa las 109 mil personas desaparecidas.

Entre los más importantes mecanismos contemplados en la ley están el Banco Nacional de Datos Forenses, el Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense, así como el Registro Nacional de personas fallecidas no identificadas y no reclamadas, responsabilidades de la Fiscalía General de la República (FGR), así como el debido funcionamiento de instrumentos ya creados, como las comisiones estatales de búsqueda, los protocolos homologados, el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense y el Mecanismo de Apoyo Exterior de Búsqueda e Investigación para personas migrantes desaparecidas. 

La Ley General es resultado de la lucha de años de las familias —a la que antecede una iniciativa no aprobada que impulsaron en los 90 quienes buscaban a personas desaparecidas de larga data—, que empezó a materializarse en 2014, recuerda Edgar Chávez, coordinador del Proyecto sobre Desaparición Forzada en México y América Latina de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Finalmente, fue publicada en noviembre de 2017 para entrar en vigor unos meses después.

“Se implementó en enero de 2018, pero lamentablemente una de las críticas posteriores de las familias es que no se llevó a la letra tal como se discutió. Ciertamente, toma en cuenta aspectos de derecho muy importantes, uno de ellos es la no revictimización de las familias, y de las mismas personas desaparecidas; por supuesto, la diferenciación de perspectivas de género, infancia y de otros tipos, la no discriminación y algo importantísimo, que es la debida diligencia”, apunta el académico.

Este marco es el que dio cabida a que hoy exista un Protocolo Homologado de Búsqueda y otros; sin embargo, a la fecha no ha sido suficiente. La prueba está —señala Chávez— en que, por ejemplo, el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MAIF) está conformado, pero sigue sin aplicarse de lleno en medio de la crisis de desapariciones en México. 

La ley contempla una atención a la violación de derechos humanos que es básica y necesaria, pero lo que hace falta es la reglamentación y llevarla a cabo. “Una Ley General tiene una implicación de obediencia hacia todos los estados en México, con sus propias leyes estatales de desaparición; sin embargo, no ha habido esa coordinación para aplicarla, sigue estando ausente, lo que implica también que no esté implementado un protocolo homologado de búsqueda a conciencia, que no estén respetándose las leyes estatales y que no estén instaladas de manera efectiva las comisiones estatales de búsqueda en el sentido de su aplicación y sus resultados”, cuestiona Chávez.

A pesar de su creación en todos los estados y de los más de mil 200 millones de pesos que han recibido en subsidios de la Federación en los últimos tres años, las comisiones estatales de búsqueda han desaprovechado más de 230 millones, documentó Animal Político; incluso, hay entidades que han devuelto más del 50% o hasta el 100% de esos recursos en algunos años. Además, una de cada tres funciona con menos de 10 personas y dos son unipersonales. 

“Podrán decir ‘estamos instalados’; claro, ahí están en forma, tenemos un fondo muy bonito, un edificio, muchas computadoras, pero hace falta personal capacitado, hace falta esa coordinación interestatal, interinstitucional, y que los resultados estén a la vista. Tener la cifra de ya más de 110 mil personas desaparecidas en esta base de datos que está actualizando la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) debería alarmarnos, debería decirnos que no tenemos resultados en la no repetición”, señala Chávez. 

Aunado a ello, existe rezago en todas las bases de datos. Incluso algunas personas desaparecidas años atrás siguen sin estar integradas al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). Es el caso de la hija de Silvia Ortiz, fundadora del colectivo Víctimas por sus Derechos en Acción (VIDA), quien tras 17 años de la búsqueda de Fanny, cuando ha solicitado su información en el registro, continúa sin estar actualizada. 

Las irregularidades, desde la perspectiva de Chávez, van desde la debida diligencia en las investigaciones hasta la conformación de bases de datos fiables e información actualizada que privilegie, además, la búsqueda en vida en el caso de las personas que desaparecieron hace años y no lucen igual hoy, por lo que debería implementarse la actualización de los retratos progresivos de edad que permitan contar no solo con datos de genética forense.

“Si el principio de presunción de vida nos plantea que tenemos que buscar a las personas de forma inmediata, implementar una base de datos de personas desaparecidas debería ser la prioridad. Por supuesto que no podemos negar la crisis forense, y que las familias se han convertido en la mano de obra barata del Estado en ese tema; prácticamente les falta solo hacer la identificación a ellas: han establecido ya mecanismos, protocolos propios de seguimiento, de buenas prácticas”, sostiene. 

De la misma manera, considera que en este momento es necesario poner el acento en la violación a derechos humanos y al derecho a la búsqueda, tras los asesinatos que se registraron en 2022 de Ana Luisa Garduño Juárez, Rosario Lilián Rodríguez Barraza, Esmeralda Gallardo, Ulises Cardona Aguilar y María Carmela Vázquez, quienes buscaban a familiares desaparecidos. 

Para Chávez, en 2022 llamó la atención que no existe un respeto y seguimiento al derecho a la búsqueda y a la seguridad de las personas. Esto ha generado un ambiente de incertidumbre entre colectivos y familias. “Si no podemos garantizar que las familias no sean vulneradas, no podemos garantizar plenamente la búsqueda de personas desaparecidas”, apunta el académico. 

De acuerdo con el RNPDNO, 109 mil 898 personas permanecen desaparecidas o no localizadas hasta el cierre de esta publicación, de las que el 74% son hombres y el 25% mujeres, la mayor cantidad de ellos en el rango de 20 a 34 años de edad, y de ellas, en el de 15 a 19 años. Jalisco, Tamaulipas y Estado de México ocupan los primeros lugares en número de personas desaparecidas.

En el informe de su última visita a México, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU también hizo énfasis en los instrumentos previstos en la ley que no han sido creados desde hace cinco años, lo que ha impedido consolidar una política pública de identificación humana en relación con la desaparición de personas, por lo que analizar los restos de más de 52 mil personas que, se calcula, permanecen sin identificar en México tomaría 120 años o más.

CNB prevé Programa Nacional de Búsqueda de Personas para finales de enero

El Programa Nacional de Búsqueda de Personas, también pendiente desde 2018, adeudo que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ya había observado en su segunda entrega de informes de la Cuenta Pública 2021, estará listo y quedará publicado formalmente a finales de este mes, adelantó en entrevista Karla Quintana, titular de la CNB.

“El primer año que estuvimos, en 2019, hicimos el primer paso del Programa Nacional. Es importante decir que es un tema que tiene que ser trabajado con el Sistema (Nacional de Búsqueda). Después, empezamos a construir todos los protocolos: el homologado de búsqueda; el de niñas, niños y adolescentes, la armonización del Protocolo Alba y la Alerta Amber, y fortalecer el registro (nacional). Todo esto es insumo para tener un Programa Nacional que tenga mucho más sentido, fundamento y obligaciones más definidas para las diferentes instituciones”, aseguró Quintana. 

Durante 2022, especificó, la CNB trabajó en la construcción del Programa Nacional en más de 50 reuniones con distintas autoridades, así como 19 sesiones para familiares y abiertas al público en general. En este momento, la dependencia ya tiene el borrador más consensuado posible con la integración de las observaciones de instituciones, familias buscadoras y sociedad civil. En diciembre, durante la última sesión del Sistema Nacional de Búsqueda, se recibieron los últimos comentarios para un visto bueno definitivo. Para finales de este mes, el documento se emitiría desde la Secretaría de Gobernación (Segob).

A cinco años de entrada en vigor de la Ley General, Quintana sostiene que se ha avanzado en empezar a construir la infraestructura institucional en materia de búsqueda prevista por la ley: comisiones, protocolo homologado, instrumentos con enfoque diferenciado, registro nacional y coordinación cotidiana en búsquedas de campo y bases de datos. 

Recordó que la última reforma a la Ley General, de mayo pasado, es la que da vida al Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH), que está en marcha y para el que se están haciendo tomas de muestras genéticas en diferentes estados. 

Los pendientes más importantes, fundamentales para la búsqueda de personas desaparecidas, evaluó, se relacionan con la crisis forense y son la base nacional de datos forenses, el plan nacional de exhumaciones, el registro de fosas comunes y clandestinas y el registro de personas no identificadas e identificadas no reclamadas, que corresponden todos a la FGR.

En octubre pasado, después de más de cuatro años de incumplimiento, y en respuesta a una demanda de amparo promovida por Olimpia Montoya, quien busca a su hermano desaparecido en Guanajuato desde 2017, un juez resolvió que la FGR ha sido omisa en la creación del banco, y le ordenó crear e implementar esta herramienta en un plazo de 40 días.  

“Sin perjuicio de ellos, desde la CNB hemos avanzado en registros internos relacionados con estas bases de datos que la fiscalía tiene la obligación de hacer para poder buscar personas desaparecidas. Hicimos público el módulo de fosas comunes, donde hemos ido a varios panteones municipales y hemos podido recopilar información que hay en sus libros… también un registro interno de fosas clandestinas y ahora con la creación del CNIH, la base de datos que se está conformando para la búsqueda de personas desaparecidas”, precisó Quintana.

A partir de la creación del centro, el personal de la CNB ha pasado de 89 a 243 funcionarios públicos. Desde el año pasado, se iniciaron las contrataciones, que en su mayoría son mujeres jóvenes científicas de más de 14 entidades federativas que son capacitadas en la metodología de enfoque masivo, asegura la comisionada. Después de las primeras jornadas de tomas de muestras genéticas el año pasado, este mes continuarán en San Luis Potosí. Cada mes o mes y medio se realizarán en diferentes estados.

Añadió que, por otro lado, como parte de las labores del CNIH, se están firmando convenios con diferentes fiscalías para poder tener acceso a la información que poseen en materia forense. Esto ya se ha hecho en Colima, Nayarit, Zacatecas, Sinaloa, Tamaulipas, y están previstos para las próximas firmas San Luis Potosí, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Guerrero, Estado de México e Hidalgo. La idea será sistematizar esa información para saber cuál es útil para la búsqueda de personas desaparecidas sin importar las fronteras.  

“Uno de los problemas más complicados de este país, en términos estructurales y sistémicos, es que no hay información, y cuando la hay, no se comparte. Vamos a dar un paso importante en el análisis de la información que hay, para también saber qué no hay”, afirmó Quintana. 

Además, se prevén exhumaciones masivas en panteones y fosas comunes este año, añadió, con la finalidad de hacer la mayor cantidad de cruces posibles entre cuerpos no identificados y muestras de grupos familiares, no solo individuales.