Corte pospone, otra vez, discusión de plazo para abortar en Aguascalientes; activistas ven riesgos

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pospuso por segunda vez la discusión sobre la Acción de Inconstitucionalidad 172/2024, que impugna la reforma que redujo de 12 a 6 semanas el plazo legal para abortar legalmente en Aguascalientes. El asunto fue enlistado para su discusión desde principios de año, y nuevamente la semana pasada. 

En Aguascalientes, las organizaciones que promovieron la despenalización del aborto en el estado vía amparo desde 2023 —GIRE, Morras Help Morras, Cecadec, Terfu AC y Cultivando Género AC— dicen entender que la SCJN tome más tiempo para cerciorarse de los alcances y el consenso en torno al proyecto, pero piden que la definición se dé lo más pronto posible.

De lo contrario, aseguran las activistas, la ausencia de una resolución sigue dejando espacios abiertos que amplifican los discursos de diversos grupos antiderechos y representaciones políticas estatales que están en contra de garantizar el derecho al aborto e incluso promueven acciones y reformas que criminalizan a las mujeres.

El proyecto de resolución, elaborado por el ministro Irving Espinosa Betanzo, propone darle la razón a las organizaciones y declarar la invalidez de los artículos 101, 103 y 196 del Código Penal de Aguascalientes con el argumento de que imponer un límite punitivo de seis semanas anula el derecho a decidir de las mujeres y personas gestantes.

Las directrices más recientes sobre la atención para el aborto de la Organización Mundial de la Salud (OMS) señalan explícitamente que no se recomienda la promulgación de leyes y otras reglamentaciones que restrinjan el aborto basándose en supuestos ni en límites de edad gestacional. Sin embargo, a menos de un año de haber despenalizado el aborto hasta la semana 12, en 2023, el Congreso local decidió reformar los mismos artículos para restringir el plazo a seis semanas.

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Además de abogar por la garantía del derecho en el sentido más amplio, el proyecto del ministro Irving Espinosa Betanzo explica que es biológicamente difícil determinar con exactitud las semanas desde la implantación, por lo que la diferencia de tiempo puede convertir el ejercicio de un derecho en un delito; esa falta de claridad viola, por lo tanto, el principio de legalidad y fomenta la criminalización. 

Sumado a ordenar al Congreso local que elimine la reducción del plazo, el proyecto también propone invalidar porciones de la Ley para la protección a la vida del estado de Aguascalientes, bajo el argumento de que las personas legisladoras locales excedieron sus facultades al intentar darle el estatus de persona titular de derechos al embrión o feto desde la concepción.

Activistas ven riesgos en la demora de la Corte 

El aplazamiento de la discusión hasta ahora, aclara Angie Contreras, de Cultivando Género AC, puede interpretarse como un “ganar-ganar” para las organizaciones: como el proyecto de Espinosa Betanzo favorece ampliamente su propuesta, prefieren que las y los ministros se tomen el tiempo necesario para lograr el mejor consenso posible respecto a los alcances de la sentencia. 

Las activistas tienen confianza en que la SCJN les dará la razón, pues un fallo en el sentido contrario resultaría absurdo ante todos los precedentes que la propia Corte ha sentado en los últimos años en materia de despenalización del aborto. Después de enero pasado, el proyecto se había enlistado nuevamente para ser discutido el pasado jueves 28 de mayo, pero fue aplazado una vez más.

“Lo bajaron, y contrario a lo que los grupos antiderechos han estado diciendo, realmente eso nos beneficia principalmente a nosotras, porque el proyecto del ministro Irving nos da la razón en que es inconstitucional la reducción de 12 a 6 semanas, y lo que están justamente buscando es coaligar con los alcances de esta acción de inconstitucionalidad y que quede de la mejor forma”, apunta Angie Contreras.

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Sin embargo, no deja de señalar, en contraparte, el impacto negativo de la demora: la prórroga le ha dado tiempo al Congreso y a las autoridades de Aguascalientes para ponerse “más creativas” en la obstaculización del derecho a la salud. Además, en el contexto de las próximas elecciones de 2027 para gubernatura, ayuntamiento y Congreso local, la activista considera que el tema se ha capitalizado políticamente mediante discursos populistas y de desinformación promovidos por los propios representantes públicos.

“Es preocupante el discurso que está utilizando el estado, y principalmente el Congreso que estuvo toda la semana señalando que aunque la Corte diga lo que diga, no va a acatar nada ni va a obedecer. Ese es un discurso politiquero, porque el mismo estado ha dicho que es humanista, a favor de la vida, pero a favor de la vida de quién. Por eso se vuelve tan importante lo que está pasando en Aguascalientes, que es ejemplo de cómo las políticas en contra del derecho a la salud de las mujeres no son solamente la reducción en el Código Penal”, explica.

Las autoridades estatales, en cambio, han realizado otra serie de acciones de política pública para frenar el derecho a la salud en todos los frentes posibles, como la reducción del periodo para abortar, pero también la creación de una ley de protección a la vida, la insistencia de los equipos de salud en condicionar el aborto y no proporcionar la información adecuada, o el papel de la Secretaría de la Familia brindando apoyos económicos, mediante una base de datos de mujeres embarazadas, que ha resultado en una forma de perseguir a quien se acerca a las autoridades.

Ese clima hostil y de estigmatización, describe la activista, ha provocado que para las mujeres sea prácticamente imposible acercarse al sistema de salud pública a solicitar información o acompañamiento, lo cual exacerba un miedo generalizado.

“Hay toda una infraestructura que gira en ese mismo sentido, trunca el derecho a la salud de todas y de todes. Por eso se vuelve tan importante lo que la Corte tiene que decir, porque además, esta acción de inconstitucionalidad no solamente es contra el Código Penal, sino que también estarían declarando inconstitucionales algunos artículos de la Ley de la protección a la vida, que hablan de la concepción”, añade Contreras.

Aunque lo ideal habría sido que la discusión se resolviera desde la anterior Corte, las activistas saben que el tiempo puede extenderse, siempre y cuando el proyecto les beneficie y haya el mayor consenso posible. “Ya no lo aplacen más —pide—, ese es el llamado, ya no se tarden tanto, porque este tiempo le está sirviendo al estado y al Congreso de Aguascalientes para ponerse más ‘creativos’, y buscar alternativas para reducir y limitar el derecho a la salud, seguir estigmatizando y generando miedo”, indica.

Desde la fecha en que se aprobó la reducción de semanas, lo que ocurrió el 28 de agosto de 2024, al día de hoy hay muchas iniciativas y limitaciones que se han aprobado a nivel estatal, advierte Contreras, por lo que es fundamental el mandato de la Corte. “El derecho a la salud de las mujeres y las personas gestantes no puede ser un botín político”, subraya.

El discurso que, rumbo a las elecciones, cada vez más facciones políticas retoman en el sentido de la protección a la vida y de que garantizar los derechos de las mujeres es promover el asesinato, genera miedo, desinforma y señala a quienes están acompañando abortos, que de igual forma siguen llevándose a cabo. Todo lo anterior, en un estado como Aguascalientes, genera herramientas no solo para criminalizar penalmente, sino también socialmente.

Como ejemplo, Angie Contreras trae a la conversación un caso reciente, del 11 de mayo: la muerte de una joven a causa de una hemorragia, tras un aborto en casa del cual no se proporcionó información adecuada. Luego de hacerlo público a través de medios, con un discurso criminalizante del aborto en casa para atacar e infundir temor a las acompañantes, no se dieron más detalles ni se puntualizó sobre la verdadera causa del riesgo, que es la negación sistemática del Estado al acceso a la salud. 

“Es un caso que claro que indigna. Pero ¿por qué estás usando este tipo de casos para especular sobre las dudas y generar miedo? Hemos insistido en que la penalización no limita el aborto, porque son las acompañantes las que desde la empatía y el apoyo están informando y acompañando, pero cuando hacen que este tipo de casos se cuenten desde la especulación, a través de la carencia de información, generas más miedo y un estigma social muy amplio”, reclama.

Qué propone el proyecto que analiza la Corte

Las acciones de inconstitucionalidad 172/2024 y su acumulada 173/2024, promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Poder Ejecutivo federal, de ser aprobadas, invalidarían los artículos 101, 103 y 196 del Código Penal de Aguascalientes. De acuerdo con el documento, la SCJN determinaría que castigar el aborto después de la sexta semana viola los derechos a la dignidad, autonomía, libre desarrollo de la personalidad y salud de las mujeres y personas gestantes. 

Por otro lado, el proyecto de Irving Espinosa Betanzo argumenta que el derecho penal no es la vía idónea para proteger la vida en gestación, ya que su uso genera discriminación, estigmatización y pone en riesgo a quienes se ven obligadas a recurrir a la clandestinidad. Además, ante la dificultad biológica de determinar con exactitud las semanas de gestación desde la implantación, un error puede convertir el derecho en delito.

En cuanto al artículo 103, se invalidaría el sistema que cataloga el aborto por violación, alteraciones genéticas o riesgo de muerte como “excusas absolutorias”, pues con ese término la conducta sigue considerándose un delito, lo cual es revictimizante y somete a las mujeres a procesos penales injustificados, perpetuando la violencia y el estereotipo de la maternidad obligatoria, especialmente en casos de agresión sexual.

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Respecto al 196, se anularía la penalización por “incumplimiento de un deber de cuidado”, ya que sancionar penalmente a una mujer por una circunstancia accidental respecto de su embarazo excede los límites constitucionales del derecho penal y es desproporcionado. Además, el proyecto invalidaría la definición del inicio de la vida, pues las entidades federativas no tienen competencia para establecerla.

De manera complementaria, por ser competencia exclusiva de la Ley Nacional de Ejecución Penal propone invalidar los artículos relacionados con las condiciones de internamiento, salud y readaptación de las mujeres privadas de la libertad —embarazadas o con hijos— que son legisladas por el Congreso local. Además, hace énfasis en que el aborto debe abordarse desde la perspectiva de salud pública y no mediante un sistema punitivo.