Israel Fuguemann · 13 de julio de 2026
¿Qué tienen en común un equipo de antropólogas forenses que busca personas desaparecidas, una organización que ayuda a comunidades de Guerrero a prepararse frente a desastres naturales y un colectivo de mujeres que protege las semillas nativas de maíz en Milpa Alta?
Aparentemente, muy poco.
Sin embargo, a todas las une la misma certeza: la violencia de género en México y el mundo constituye una crisis estructural que está presente en casi todos los espacios donde nos desenvolvemos.
Aunque sus geografías y enfoques son distintos, ellas demuestran que las respuestas más acertadas nacen desde los territorios y que defender la vida es defender sus comunidades.

Cuando Diana Bustos Ríos decidió estudiar arqueología y antropología física, imaginó una vida dedicada a reconstruir el pasado. Como muchas de sus colegas, quería proteger el patrimonio cultural, estudiar las civilizaciones mesoamericanas y aprender a leer la historia escrita bajo la tierra.
Pero México cambió.
La violencia que se recrudeció tras el inicio de la llamada guerra contra el narcotráfico transformó el sentido de su profesión. Las herramientas que adquirieron para localizar vestigios arqueológicos comenzaron a ser necesarias para encontrar fosas clandestinas e identificar personas desaparecidas. Saber leer las alteraciones del terreno, excavar de manera sistemática y reconstruir historias a partir de fragmentos óseos dejó de ser una labor meramente arqueológica para convertirse en habilidades fundamentales de la investigación forense.
Así nació en 2013, el Equipo Mexicano de Antropología Forense (EMAF). Un año después, la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa terminaría de evidenciar la necesidad de incorporar la arqueología y la antropología física a las investigaciones de casos similares en México.
Sin embargo, Diana y sus compañeras eligieron un camino distinto: trabajar desde la sociedad civil acompañando a las familias y al mismo tiempo, impulsar el reconocimiento de estas disciplinas por las instituciones de procuración de justicia.
Con los años, dentro del equipo comenzó a crecer una nueva pregunta: ¿era posible demostrar con rigor científico, que la forma en que desaparecen y son encontradas las mujeres responde a patrones diferenciados, donde suele estar presente la violencia de género?
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La respuesta implicaba una investigación de largo aliento. No bastaba con documentar casos; era necesario construir una metodología capaz de demostrar, desde la antropología y la arqueología forense, cómo operan esas violencias.
Con el acompañamiento del programa Feminist Opportunities Now (FON), el EMAF pudo desarrollar la primera fase de la investigación “Y ese lucero eres tú”, sobre la conexión entre feminicidios y desapariciones en Guerrero. El equipo revisó expedientes ministeriales, entrevistó a familiares y comparó fuentes.
El resultado que obtuvieron, del que hay registro en un informe publicado el año pasado, es contundente.
En 14 de los 20 casos analizados encontraron un mismo patrón: la información que madres, hermanas y otros familiares aportaban para la búsqueda y localización con vida de las mujeres desaparecidas rara vez era incorporada en las investigaciones. Mientras ellas señalaban casas, negocios o lugares donde creían que podían estar retenidas, las diligencias oficiales concentraban sus esfuerzos en la búsqueda en fosas clandestinas.
Para Diana, ese hallazgo evidencia la necesidad de que las fiscalías especializadas en desaparición, trata y feminicidio dejen de trabajar por separado, pues en muchos casos lo que cada una investiga forma parte de la misma cadena de violencia. La propuesta ya fue presentada a distintas autoridades. Aunque las respuestas han sido lentas, algunas instancias especializadas en atención a las mujeres han comenzado a explorar mecanismos de análisis contextual y atención temprana que permitan actuar desde los primeros momentos de una desaparición.

Para llegar hasta ahí, el Equipo Mexicano de Antropología Forense necesitó algo más que financiamiento. Requirió de tiempo para investigar, fortalecer sus capacidades e intercambiar experiencias.
En ese contexto, cobró relevancia el respaldo de FON, un programa impulsado en América Latina por la organización internacional “Médecins du Monde France” (Médicos del Mundo Francia) a través de su oficina en México, junto con el financiamiento de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), que apostó por una forma distinta de acompañar a colectivos y organizaciones feministas de base.
Durante cuatro años, el proyecto apoyó a 23 organizaciones en México y a otras 21 en Colombia, como parte de una red integrada por un total de 210 organizaciones en diez países del sur global.
“FON fue una apuesta”, resume Chiara Santoro, coordinadora regional del programa para América Latina.
Cuando comenzó —explica—, existían algunas ideas compartidas de financiamiento, acompañamiento y redes, pero todavía no una metodología. Se fue construyendo poco a poco a partir del intercambio con las propias organizaciones participantes.
“Fueron ellas quienes nos hicieron ver por dónde teníamos que tirar”, recuerda.
Durante un encuentro realizado en Ciudad de México, que marcó el cierre de esta primera etapa, la experta en temas de género compartió lo construido durante cuatro años de trabajo colectivo.
De este esfuerzo surgió un modelo de acompañamiento basado en la confianza, el cuidado, la inclusión y el respeto por la autonomía: una guía de buenas prácticas elaborada por y para las propias agrupaciones, complementada con una caja de herramientas para replicar estos aprendizajes.
Para Chiara, el mayor resultado no fue únicamente diseñar estos recursos, sino demostrar que las organizaciones de base son el corazón de la respuesta frente a la violencia basada en género y que el conocimiento también se produce desde los territorios.
“Queremos que ese aprendizaje se transforme en acción”, dice.
El proyecto concluye como iniciativa de financiamiento, pero las redes, metodologías y aprendizajes construidos junto con las organizaciones buscan seguir circulando como punto de partida para nuevas alianzas.

Tras el paso del huracán Otis en 2023, “Tlali (Bienestar y Conservación)” llegó a comunidades de Acapulco y la Costa Chica de Guerrero para atender lo urgente: llevar medicamentos y alimentos a las familias afectadas. Pero una vez superada la emergencia inmediata, la organización comenzó a cuestionarse por qué los desastres afectan de forma diferenciada a las mujeres.
La respuesta a esa inquietud cambió su forma de entender y abordar la emergencia: el huracán no había creado las desigualdades, había dejado al descubierto las que ya existían.
“Pareciera que todas trabajamos temas diferentes”, dice Paola Franco, directora de la organización. “Pero la violencia en razón de género es la cuestión que nos une”, afirma.
En la colonia La Fábrica, en Acapulco, Tlali trabaja con las mujeres que laboran los lavaderos comunitarios. Para ellas, el agua no es solo un servicio básico, sino el recurso con el que sostienen a sus familias. Cuando un huracán destruye los lavaderos o interrumpe el suministro, no solo desaparece un lugar de trabajo; también se rompe un espacio de encuentro, organización y apoyo mutuo.
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Para las lavanderas, la emergencia no termina cuando baja el nivel del agua; sigue mientras ellas intentan recuperar su medio de subsistencia. Por eso, junto al impulso a procesos de justicia hídrica, la organización las acompaña en la recuperación de esos espacios.
A unos kilómetros de ahí, en la Costa Chica, Tlali también trabaja con mujeres afromexicanas de zonas rurales en la elaboración de planes locales para la gestión de riesgos.
Identifican amenazas, diseñan protocolos de actuación y fortalecen la estructura social para que, cuando llegue el siguiente huracán, las poblaciones estén mejor preparadas.
Los huracanes Otis, John y Erick confirmaron que los fenómenos extremos han dejado de ser episodios aislados en Guerrero. Para Tlali, el desafío consiste en incorporar la perspectiva de género a la gestión del riesgo, un aspecto que con frecuencia queda fuera de las estrategias tradicionales de atención a desastres.
Las alianzas que construyeron durante cuatro años terminaron convirtiéndose en uno de los aprendizajes más valiosos, al entender que las distintas formas de violencia contra las mujeres tienen raíces comunes y que las respuestas más sólidas nacen cuando esos saberes dialogan entre sí.

Mucho antes de convertirse en una colectiva que defiende la semilla nativa, Rosalía y seis integrantes más de “Mujeres de la Tierra, Mujeres de la Periferia”, fueron desplazadas.
Hace más de tres décadas, la violencia y falta de oportunidades en la mixteca poblana las empujaron a mudarse hacia Milpa Alta, en la Ciudad de México. Ahí encontraron trabajo, construyeron un hogar y echaron raíces.
Treinta años después, todavía hay quienes las llaman “fuereñas”. Les recuerdan que no nacieron ahí y cuestionan su derecho a pertenecer. Desde que comenzaron a organizarse, el estigma se hizo más profundo.
“Nos tienen como un foco rojo”, cuenta Rosalía.
Algunas personas las señalan porque acompañan a otras mujeres que viven violencia, les hablan de sus derechos y las animan a no normalizar el maltrato. El grupo ha enfrentado discriminación, racismo, amenazas e incluso una tentativa de feminicidio contra una de sus integrantes.
Paradójicamente, fue otra crisis la que las terminó de unir. Durante la pandemia de Covid-19, muchas perdieron los empleos que tenían en cooperativas escolares. Para sostener a sus familias, comenzaron a preparar tamales, gorditas y otros alimentos elaborados con maíz. Así, casi por necesidad, hace cinco años nació esta colectiva.
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Con el tiempo comprendieron que vender maíz también significaba defender lo que lo hacía posible: las variedades nativas, los conocimientos del campo, la tierra y la soberanía alimentaria. Mientras en buena parte de la región se extiende el uso de fertilizantes y pesticidas para aumentar la producción, promueven prácticas agroecológicas que consideran parte de la memoria de sus pueblos. Para ellas, proteger la tierra es una forma de defender la autonomía de quienes la sostienen.
Como ocurre con muchas organizaciones de base, acceder a recursos para fortalecer su trabajo era casi imposible debido a que no estaban constituidas formalmente. El acompañamiento de FON les permitió avanzar en un proyecto que sintetiza buena parte de sus aspiraciones: construir una pequeña escuela comunitaria.
Rosalía habla de esa escuela con ilusión. Imagina un lugar donde niñas, niños y jóvenes aprendan a sembrar, a reconocer una semilla nativa, a cuidar el entorno y a valorar el trabajo del campo. Más que un centro educativo cualquiera, quiere dejar un espacio donde esos saberes puedan seguir pasando de una generación a otra.
Las integrantes de Mujeres de la Tierra se reconocen unas en otras, en el desafío de transformar sus comunidades desde la confianza, el cuidado y el respeto por su autonomía.
Como las semillas que resguardan en Milpa Alta, estos saberes sólo conservan su fuerza cuando encuentran nuevas manos dispuestas a cuidarlos, compartirlos y heredarlos.