“Un abrazo que nos hermane”: familias en búsqueda aceptan reunirse con el EZLN

Familias agrupadas en torno a la Glorieta de las y los desaparecidos dieron respuesta al interés del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) de reunirse con ellas. 

“Reconocemos su lucha y el ejercicio de autonomía y resistencia frente al poder, así como la búsqueda de caminos para una vida digna”, comenzaron en una carta dirigida al movimiento y a la sociedad.

“Las familias hemos luchado en soledad desde hace muchos años contra una terrible guerra que no es nuestra y de la que su rostro más visible es la desaparición forzada, que al día de hoy rebasa las 135 mil víctimas, pero los números hoy no reflejan la magnitud de la devastación y tortura que sufrimos”, añadieron.

Ante ello, y ante el interés del EZLN, le propusieron a su comandancia reunirse en la Glorieta de las y los desaparecidos, resignificada así desde el 8 de mayo de 2022. “Este sitio es nuestro lugar de encuentro y espera”, subrayaron. En ese lugar, además, se visibiliza y honra “la memoria y vida de las y los nuestros”.

Las familias señalaron que quieren escuchar las palabras del EZLN con respeto y atención, así como compartirle qué han hecho para denunciar e intentar parar la crisis humanitaria. “Queremos compartir un abrazo que nos hermane y nos dé fuerza y esperanza para continuar nuestra búsqueda”, añadieron.

La propuesta es que la reunión ocurra el domingo 6 de diciembre a las 11 de la mañana en la Glorieta de las y los Desaparecidos. “¡Hasta encontrarles!”, firman las familias buscadoras aglutinadas en torno a ese espacio.

Otros colectivos dan respuestas diversas a nuevos compromisos en CDMX

De forma paralela, durante la misma semana el Gobierno de la Ciudad de México presentó 20 nuevos compromisos para la búsqueda e investigación de personas desaparecidas, que asumirán la Fiscalía General de Justicia, la Comisión de Búsqueda y el Poder Judicial de la capital. Estos han generado respuestas diversas entre colectivos y familiares que buscan a personas desaparecidas. 

Mientras algunos reconocen la articulación entre autoridades como un avance necesario para reconocer la crisis que atraviesa la Ciudad de México, otros denuncian que los acuerdos carecen de representatividad real y pretenden ocultar el incumplimiento de compromisos asumidos anteriormente. Los colectivos Hasta Encontrarles CDMX, Luciérnagas Buscadoras, Mariposas Buscando Corazones y Justicia Nacional, así como familias independientes, rechazaron avalar la agenda oficial, pues, aseguraron, “nuestras voces no deben ser utilizadas para validar acuerdos que no construimos”. 

Señalaron que las mesas de trabajo para definir los compromisos no fueron plurales porque se hicieron convocatorias apresuradas que ignoraron las jornadas de búsqueda, empleos y labores de cuidado de los familiares. Además, criticaron que se anuncien nuevas metas mientras compromisos fijados en abril de 2025 siguen pendientes, al tiempo que persiste falta de insumos básicos, como fichas de difusión, trato hostil por parte de servidores públicos y ausencia de protección ante amenazas.

En contraste, desde el colectivo Una Luz en el Camino, Jacqueline Palmeros destaca la mediación de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) para hacer escuchar las propuestas de las víctimas a través de cinco mesas temáticas. 

Aunque reconoció que ante la impunidad “nunca van a ser suficientes”, sostuvo que la coordinación entre dependencias abre una oportunidad de avance en casos de larga data, siempre y cuando las autoridades entreguen un desglose transparente sobre el avance de los 30 acuerdos anteriores y eviten que la suma de 50 compromisos quede reducida a “palabras vacías” o discursos políticos.

En un comunicado conjunto, Hasta Encontrarles CDMX, Luciérnagas Buscadoras, Mariposas Buscando Corazones y Justicia Nacional, junto con familias independientes, hacen diversas críticas a los acuerdos anunciados el 23 de septiembre, pues —desde su perspectiva— no reflejan la diversidad ni la realidad de las víctimas en la capital.

Entre otras cosas, expresan que pese a que existen servidores públicos dentro de las instituciones que se sientan a dialogar y desempeñan su trabajo con profesionalismo, la proliferación de reuniones no se traduce automáticamente en mejoras sustanciales en la atención.

“Reconocemos que las instituciones se sienten a dialogar y que dentro de ellas hay servidoras y servidores públicos que trabajan con compromiso, sensibilidad y profesionalismo, y cuya labor ha hecho una diferencia real para varias familias. Pero la cantidad no es igual a calidad: de nada sirve multiplicar reuniones, mesas, programas o personal si la atención que recibimos depende de la suerte de quien nos toque”, apuntaron. Además, señalaron que el formato institucional para generar los compromisos obstaculizó la asistencia de la mayoría de las personas afectadas. 

“Las mesas de trabajo realizadas en agosto, de las que derivan estos compromisos, no fueron plurales ni representativas. Pudimos asistir pocas familias en una ciudad donde cientos buscan a sus desaparecidos, y no por falta de interés: las convocatorias se hicieron con pocos días de anticipación, sin consultar nuestra disponibilidad e incluso concentrando dos mesas en un mismo día”, describieron.

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Añadieron que las labores de cuidado hacia menores o personas mayores, los empleos formales e informales, las citas médicas y las acciones de campo impiden cancelar compromisos cotidianos sin previo aviso, por lo que catalogaron el esquema como un filtro de exclusión. Además, la presentación oficial de los compromisos se concibió como una sesión resolutiva que impide la incorporación de nuevas propuestas.

Por otro lado, remarcan la falta de seguimiento a los acuerdos del año previo, entre los que persisten pendientes e inconsistencias en los compromisos que la Jefa de Gobierno planteó en abril de 2025, como el Centro Temporal de Resguardo, un protocolo de notificación y una estrategia de prevención.

Señalan fallas institucionales 

En el análisis de las operaciones cotidianas de las dependencias encargadas de la investigación y localización, el comunicado de las familias detalla seis deficiencias persistentes que afectan el avance de las carpetas de investigación.

La primera son las mesas tardías sin capacidad de decisión, a veces con una espera superior a los seis meses, lo que se suma a las rotaciones de agentes del Ministerio Público que acuden sin estudiar previamente las carpetas de investigación. En segundo lugar está la falta de recursos básicos, como la impresión de fichas de búsqueda para su distribución en vía pública.

Otra de las fallas son las búsquedas lentas que no toman en cuenta la información de las víctimas, mientras que las diligencias en puntos de interés se demoran. Parte de lo anterior es que se priorizan búsquedas generalizadas sobre las individualizadas, con lo que se omiten polígonos territoriales, además de que se han registrado retrasos en la entrega de insumos técnicos.

Una más es la falta de coordinación y articulación entre la Fiscalía y otras instancias, que difieren cateos de predios o acciones de reacción inmediata, al tiempo que las actuaciones de la Policía de Investigación se limitan al envío de oficios o visitas domiciliarias sin entrevistas profundas, lo que también obedece a reticencias para efectuar diligencias conjuntas con otras entidades federativas.

Las familias y colectivos denuncian además tratos hostiles y revictimizantes, con personal que cuestiona la continuidad de las labores de búsqueda en casos de larga data. A ello se suma que ante amenazas que han recibido, tanto de presuntos servidores públicos como de integrantes del crimen organizado, las respuestas institucionales se limitan a análisis de riesgo, sin otorgar medidas efectivas de protección ni avanzar en sanciones.

Ante este escenario, recuerdan que “en la búsqueda de una persona desaparecida, cada día cuenta, y cada retraso es una forma más de negligencia y abandono institucional”. Por ello, piden la reestructuración de la agenda gubernamental mediante ocho puntos centrales, que incluyen acciones detalladas, responsables directos, indicadores de evaluación y fechas de cumplimiento, con la firma de la totalidad de integrantes del Gabinete de Búsqueda para vincular a futuras administraciones. 

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Por otro lado, piden presupuesto suficiente, mesas de seguimiento efectivas, periódicas y con seguimiento puntual, búsqueda con debida diligencia, coordinación efectiva entre dependencias, protección integral a colectivos y familiares, participación real y plural, y mecanismos de seguimiento público.

“Recordamos a las autoridades que nuestra participación no es una concesión ni un trámite, sino un derecho reconocido en los principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas, la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y la Ley General en Materia de Desaparición”, subrayan.

Una luz en el camino destaca diálogo, mediación y articulación

Jacqueline Palmeros, madre de Jael Monserrat Uribe Palmeros —desaparecida el 24 de julio de 2020, cuyo cuerpo fue hallado parcialmente—, del colectivo Una Luz en el Camino, que representa a más de 80 familias, destacó la generación de los 20 compromisos mediante propuestas presentadas por las propias víctimas con la mediación de la CDHCM.

Explicó que el proceso constó de cinco mesas temáticas focalizadas en áreas como atención a víctimas, seguridad, infancias y búsqueda: “Para nosotros es indispensable seguir trabajando desde la doloridad, legitimidad amorosa porque solo ese amor por nuestros desaparecidos es lo que nos hará seguir sumando y fortaleciendo”.

Sobre los resultados del diálogo institucional y la suma de las 20 nuevas estrategias a los 30 acuerdos previos, exhortó a las autoridades, en representación del colectivo, a cumplirlos a cabalidad, pues dependen de que haya voluntad. Sin sensibilización, capacitación o empatía, “serán esfuerzos inútiles y palabras vacías”.

La activista enfatizó que la articulación entre dependencias como el Poder Judicial, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General de Justicia, la Comisión de Búsqueda y la Comisión de Víctimas constituye un cambio necesario respecto a administraciones pasadas en las que no se reconocía la dimensión del problema en la capital. 

“Lo hemos dicho y lo hemos repetido una y mil veces: lo que no se nombra no existe. Hoy existimos porque hemos resistido”, apunta. Palmeros solicita también a las autoridades la entrega de un informe pormenorizado sobre cada uno de los 30 puntos previos, que diferencie entre aquellos concluidos y los que continúan en proceso. 

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Sobre la atención a la crisis y la insuficiente respuesta histórica del Estado, la fundadora de Una Luz en el Camino subraya que los compromisos nunca serán suficientes cuando se vive en un país donde las familias han vivido tanta revictimización y dolor. Sin embargo, defiende la negociación continua en expedientes que acumulan años sin avances.

“Sigue habiendo fallas estructurales definitivamente, pero también ha habido mucha construcción… Como una constructora de paz les puedo decir que hemos decidido buscar el camino de la construcción que a nosotras, a las familias de larga data, es lo que nos va a funcionar, es lo que necesitamos ya, porque realmente no se han trabajado en administraciones anteriores, no se había reconocido la crisis de desaparecidos”, sostiene.

Por otro lado, llama a evitar el uso político de la crisis de personas desaparecidas: “con el dolor ajeno no se juega y mucho menos se usa como trampolín político para fines personales. Conozcamos y reconozcamos a quienes verdaderamente sufren y construyen porque sin legitimidad, no hay lucha que valga”.

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Los 20 compromisos firmados a finales de la semana pasada contemplan la creación de un grupo especializado dentro de la policía de investigación, con 100 agentes nuevos; la incorporación de 50 ministerios públicos más, la duplicación del personal operativo de la Comisión de Búsqueda, la capacitación continua a jueces en materia de desaparición, así como el establecimiento de una oficina de recepción de quejas y verificación de protocolos en el Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas (CAIBP).

A lo anterior se suma el fortalecimiento del acompañamiento a víctimas; la participación social y la difusión pública; el uso de tecnología privada y C5; la búsqueda por patrones en vida en albergues, hospitales, centros de tratamiento y zonas de pernocta; el análisis de contexto mediante inteligencia criminal; incentivos a la colaboración, un inventario forense único, intercambio biométrico, informes periódicos, armonización de registros, coordinación jurídica, atención prioritaria y coordinación metropolitana.