Israel Fuguemann · 21 de septiembre de 2026
Hay ausencias que detienen el tiempo. La de Mayra Itzel Arteaga Cerón comenzó el 27 de junio de 2019 en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México. Tenía 37 años. Desde ese día, su hermana Myrna Ivette habita ese territorio extraño en el que alguien que no está ocupa cada espacio.
Mayra dejó una pareja y un hijo de cinco años que hoy tiene casi 12. En este periodo, Myrna ha gastado los días en búsquedas, fiscalías, juzgados y morgues. Ha mirado una gran cantidad de fotografías de gente fallecida, provenientes de distintos Servicios Médicos Forenses (Semefos) con un dilema constante que quema por dentro: la esperanza de hallarla con vida que choca contra la posibilidad de reconocerla para terminar con la incertidumbre con la que vive hace tanto tiempo.
Cuando comenzó la búsqueda, Myrna tenía un empleo estable y un hijo adolescente de entonces 14 años. Afirma que alguna vez pensó que el trago amargo se resolvería con un par de permisos laborales, algunas llamadas y paciencia frente a las autoridades. La realidad la desengañó bastante pronto. El papeleo se estancó, las visitas a las fiscalías se multiplicaron y llegó un momento en que no tuvo más opción que renunciar.

—Decidí dejar de trabajar por el momento, pensando que era algo que se iba a solucionar relativamente pronto, que era algo momentáneo, recuerda Myrna. Tienes que estar atrás de las autoridades para que nuestras carpetas avancen.
El punto de quiebre para ella, recuerda, ocurrió antes de entrar a una junta con los fiscales. Myrna y su madre caminaron hacia la Basílica de Guadalupe; ahí, en medio del silencio del templo, la señora Rosa le confesó que le acababan de detectar un cáncer fulminante. Con ese peso en el pecho llegaron a la reunión, solo para escuchar lo de siempre: que no se había avanzado nada.
—Nos dieron puros pretextos. En esa mesa de trabajo yo reventé. Ahí fue cuando dije: ‘esto no lo puedo dejar totalmente en manos de las autoridades’.
Este estancamiento devoró en pocos meses la salud de su madre, que “murió un año después por el dolor”. La pandemia llegó justo en medio del duelo familiar. No hubo espacio para un entierro tradicional; solo una cremación silenciosa y rezos puertas adentro.
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—Lo más triste fue que cuando mi mamá falleció yo no pude darle un entierro digno. Nadie me acompañó, lo hice sola. En su lecho de muerte le prometí que no iba a descansar hasta encontrar a mi hermana, que se fuera tranquila. Y así lo he hecho.
En ese proceso, dejó de ser la familiar que aguarda pasiva una notificación oficial y decidió casi sin darse cuenta convertirse en una familiar buscadora, escudo de otras víctimas y fundadora del Colectivo María Rosa Cerón, bautizado en honor a su madre. Aprendió que la desaparición es un virus que infecta todo lo que toca. Altera los horarios, rompe los lazos afectivos e incluso puede cambiar el significado de mirar un viejo álbum de fotos.
Al principio, las amistades y los parientes cercanos acompañan en las marchas, abrazan y sostienen, pero conforme el tiempo avanza y el dolor se vuelve rutina, los demás empiezan a alejarse, por pena, por incomodidad o porque el tema se vuelve el motor del día a día.

—Dejas de recibir invitaciones. Simplemente te conviertes tú en un desaparecido más junto con tu ser desaparecido —afirma Myrna.
Su nueva familia tuvo que ser la que construyó junto a otras víctimas en colectivo.
Buscar no siempre implica ir a algún predio y picar la tierra con varillas. También es abrir un documento en la computadora, hacer una llamada incómoda, tomar un taller legal o sostener la mano de otra madre que, como tú, en algún momento empieza su propio calvario. Las jornadas no tienen horario de salida, porque la ausencia no da tregua. “El desgaste se manifiesta en noches sin dormir, desórdenes alimenticios y la necesidad de recurrir a psiquiatras y medicamentos para no desmoronarse”.
Hasta hoy el caso judicial de Mayra tiene tres personas detenidas, pero su paradero sigue siendo un misterio. Myrna exige una sentencia condenatoria para los imputados, aunque sabe perfectamente que eso no resuelve la deuda que hay en un país con más de 133 mil personas desaparecidas. Por eso le resulta “intolerable” el discurso de los candidatos que, a sus ojos, intentan colgarse de la lucha de los distintos movimientos de familias buscadoras ahora que se avecinan elecciones.
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Ella no considera que las víctimas deban ser ajenas a la vida pública. Al contrario, sostiene que cualquier familiar tiene el derecho legítimo de competir por un cargo y llevar esa experiencia a las instituciones; el problema es el oportunismo mediático.
Myrna dice que en los últimos días detectó una ola de amabilidad política que meses atrás no existía. Como ejemplo directo señala a Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de la Cuauhtémoc, en Ciudad de México, recordando que en sus puestos anteriores, como cuando fue funcionaria del PRI durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, en el Estado de México, nunca se pronunció por las víctimas.
Para ella, es imposible desvincular las atenciones y ofrecimientos recientes del calendario electoral. Hoy, una invitación formal, una selfie para redes o la oferta de una oficina pueden parecer gestos solidarios desde el escritorio de un funcionario, pero muchas de las familias buscadoras consideran que “quieren convertir nuestra tragedia en un accesorio de la campaña de alguien que busca un hueso o votos [pero se equivocan] Nuestro dolor no se vende”.

El pasado 17 de septiembre, 26 colectivos de familias buscadoras rechazaron en un comunicado que su lucha sea utilizada con fines políticos en el proceso electoral que comenzó formalmente hace una semana.
El pronunciamiento fue publicado dos días después de las celebraciones patrias del 15 de septiembre. En él señalan que algunos gobernadores, como Libia Dennise García, de Guanajuato, y Alejandro Armenta, de Puebla, incluyeron en sus arengas del Grito de Independencia a las “madres buscadoras”, lo que interpretaron como un acto de oportunismo.
La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega también fue señalada en el comunicado por acudir a un plantón que se mantiene afuera de la Fiscalía General de la República para “ofrecer apoyo” proponiendo nombrar a una sala de cabildos como sala “Madres Buscadoras”. Para muchas colectivas que llevan años exigiendo respuestas, estas muestras de afecto institucional tienen un aire sospechoso: las 26 firmantes interpretaron esas acciones como intentos de “cooptación y manipulación” justo cuando el país entra en la carrera política por las próximas elecciones a celebrarse en junio de 2027.
El comunicado asegura que algunos partidos políticos pequeños o de nuevo registro están ofreciendo candidaturas plurinominales a familiares de personas desaparecidas. Aunque el documento no identifica las siglas de los partidos, advierte que las familias podrían ser utilizadas como “punta de lanza” en disputas partidistas. El riesgo, señalan, es que la tragedia se convierta en moneda de cambio.
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A partir de esto, el bloque de colectivos señaló que existen evidencias previas y mencionaron el caso del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad para cuestionar a quienes utilizaron la defensa de las víctimas para obtener cargos públicos. Al mismo tiempo, se deslindaron de las expresiones violentas de otros grupos de familiares, aclarando que el dolor no justifica agredir a los demás. Lo que piden, al final, es menos visible que un grito festivo: servidores públicos comprometidos y sensibles.
Para Valentina Peralta, integrante de la Red Eslabones por los Derechos Humanos y buscadora desde hace 16 años, la frontera entre un gesto político y un respaldo real es útil pero diametralmente opuesta. Consolidada como una de las voces más respetadas del movimiento en México, conoce a fondo la maquinaria que se mueve alrededor de las familias que buscan justicia.
Durante una llamada telefónica relata que ha visto cómo una familia puede pasar de tocar puertas desesperadamente a convertirse en un rostro codiciado por los partidos o las organizaciones de turno que buscan sacar provecho económico y político.
Para explicar por qué ocurre, utiliza una palabra incómoda: “capital”.

La desaparición de una persona mantiene abierta una herida que obliga a rastrear todos los días. Esa búsqueda acumula experiencia, conocimiento y una autoridad que difícilmente puede conseguir alguien desde la comodidad de un escritorio.
—Esa energía es un capital, es una materia prima invaluable —explica Valentina—. La voz de las víctimas es una voz muy potente que no puedes comparar con nadie.
Una familia que lleva años buscando se ve obligada a descifrar expedientes por su cuenta. Aprende a recorrer las oficinas de justicia y a identificar los baches de la burocracia. En el camino, las víctimas asimilan cómo encarar a los funcionarios para explicar, desde su propia carne, el peso de vivir con un familiar desaparecido.
Valentina sostiene que alrededor de las víctimas se han construido carreras políticas donde falsos defensores y dirigentes obtienen reflectores o posiciones a partir de una lucha que no les pertenece. No habla únicamente de una fotografía o de acompañar una protesta. Habla de convertir la legitimidad de las familias en peldaños para el ascenso personal.
“La voz de las víctimas es una voz muy potente que no puedes comparar con nadie”, plantea.
Ahí aparece el peligro de que esa dignidad termine en manos de terceros.
Esto no significa que las familias deban mantenerse al margen de la vida pública. Para Valentina, cualquier persona que tenga un familiar desaparecido tiene el derecho legítimo de competir por un cargo y llevar esa agenda a las instituciones. El problema empieza cuando a los partidos no les interesan las propuestas ni la capacidad de la persona, sino la rentabilidad de su imagen de víctima. Una candidatura puede aprovechar el impacto social de una tragedia sin intenciones reales de cambiar un ápice el sistema que la provoca.

Muchas veces un partido político invita a un familiar de una persona desaparecida al Congreso, no por su pericia legislativa, sino porque su dolor conmueve y arrastra simpatías en las urnas.
—Están usando tu imagen, tu capital de imagen social.
Por otra parte, asegura que un familiar puede llegar a un cargo público y traducir el aprendizaje de su lucha en reformas estructurales concretas. Valentina pone como ejemplo impulsar leyes que obliguen a los gobiernos locales a construir centros de resguardo forense o que garanticen condiciones dignas para quienes realizan tareas de campo. En ese escenario, la experiencia de la víctima deja de ser un adorno de campaña para volverse conocimiento operativo dentro del Estado.
Ese mismo criterio sirve para evaluar los gestos recientes de los gobernantes que lanzan arengas desde los balcones institucionales.
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—No basta con decir “vivan las madres buscadoras”. Las familias no necesitan que las nombren desde un balcón para saber que existen. Necesitan que las instituciones funcionen.
Para Valentina, el apoyo verdadero tiene que verse reflejado en los presupuestos de las fiscalías especializadas, en el aumento de peritos calificados y en las garantías de seguridad para las brigadas. El problema de las desapariciones no se resuelve con un grito festivo desde un balcón ni con una selfi de campaña.
Las familias han invertido su tiempo en cambiar la perspectiva del gobierno en la forma en que enfrentan el problema, lo hacen en mesas de trabajo y talleres para modificar protocolos de investigación. Conocen de sobra las deficiencias porque las sufren a diario. Por eso, cuando su lucha aparece en un discurso político, Myrna y Valentina plantean una misma advertencia hacia los electores: no basta con escuchar que las nombran. Hay que mirar qué hicieron esos políticos antes de acercarse a ellas, qué proponen cuando las tienen enfrente y, sobre todo, qué hechos palpables perduran en el tiempo.