CNDH rechaza que recomendación sobre Ayotzinapa criminalice a organizaciones sociales
Animal Político · 4 de agosto de 2026
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) rechazó que en su última recomendación sobre el caso Ayotzinapa criminalice a organizaciones sociales de la sociedad civil. En un pronunciamiento negó estigmatizarlos o descalificarlos.
El organismo defensor de derechos humanos señaló que el apartado de la Recomendación 208VG/2026, referente a la participación de organizaciones civiles, únicamente incorpora “hechos verificables” y un análisis contextual para reconstruir las distintas narrativas que influyeron en uno de los casos de mayor impacto nacional.
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“Analizar la participación de actores involucrados en un proceso histórico no implica atribuirles responsabilidad por las violaciones a derechos humanos acreditadas ni trasladar hacia ellos las obligaciones que corresponden al Estado mexicano”, afirmó.
En el caso concreto, la recomendación analiza la evolución de los hechos que se han dado desde hace casi 12 años, y las distintas narrativas construidas alrededor de estos, así como el impacto que tuvieron en las posibilidades de acceder al esclarecimiento de la verdad, sin que ello implique desconocer las obligaciones del Estado ni descalificar la labor de quienes participan en la defensa de los derechos humanos”, destacó.
CNDH contra defensores y organizaciones por Ayotzinapa
Animal Político publicó que en la recomendación, la CNDH arremetió más de 100 veces contra 18 organizaciones sociales, fundaciones y personas defensoras de derechos humanos que han acompañado a las familias de los 43 normalistas desaparecidos o que simplemente han emitido pronunciamientos para exigir justicia.
Se identificaron al menos 18 organizaciones, fundaciones y personas defensoras de derechos humanos que son cuestionadas por la CNDH. Entre estas se encuentran, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que han acompañado y representado legalmente, desde el primer momento, a las familias de los 43 normalistas.
Un ejemplo de las descalificaciones a estas asociaciones aparece en la página 158 de su recomendación, donde señala que las “víctimas atendidas por las organizaciones recibían toda la atención, pero al costo de que las asumieran como de su propiedad, convirtiéndose ellas, las organizaciones, en protagonistas centrales, relegando a las víctimas indirectas a un segundo plano, y haciéndolas rehenes de su agenda”.
El Centro Prodh identificó que fue mencionado al menos 60 veces en la Recomendación para deslegitimar sus actividades. En una revisión hecha por este medio se identificaron al menos otras 40 menciones para descalificar la labor de Tlachinollan y organizaciones como Fundar y Serapaz, que también dieron acompañamiento a las familias de los 43 estudiantes víctimas de desaparición forzada. De igual forma, se cuestiona a la Red TDT, un colectivo que agrupa a unas 80 asociaciones civiles.
Tras estos señalamientos, el Consejo Consultivo del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas exigió a CNDH abstenerse de emitir señalamientos que estigmaticen a organizaciones civiles, al considerar que podrían incrementar el riesgo para quienes defienden los derechos humanos en el país.
El Consejo también expresó preocupación por la propuesta de utilizar mecanismos de transparencia fiscal para revisar a las organizaciones civiles.
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Al respecto, en el pronunciamiento publicado este 4 de agosto, la CNDH señaló que la recomendación no propone ni promueve acciones de persecución fiscal contra organización alguna, ni plantea el uso del Servicio de Administración Tributaria como mecanismo de presión o chantaje.
“La transparencia sobre los recursos con los que operan las organizaciones, organismos internacionales, medios de comunicación y otros actores que intervienen en asuntos de interés público ha formado parte del escrutinio público básico, especialmente de organizaciones sociales y de derechos humanos, desde hace varias décadas, y constituye un elemento importantísimo para reconocer a todos los actores que intervienen en un proceso histórico”.
“En consecuencia, el análisis desarrollado en la Recomendación no representa un uso indebido del poder público, sino un ejercicio de investigación orientado a fortalecer el derecho a la verdad, la rendición de cuentas y la comprensión integral de los hechos sobre la investigación, acompañamiento y construcción de narrativas alrededor de los acontecimientos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en contra de los 43 estudiantes normalistas víctimas de desaparición forzada pero también de muchos otros que fueron revictimizados, estigmatizados y expulsados de las narrativas de dichas organizaciones y que ahora, por primera vez, son reconocidos por esta CNDH”, señaló.
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