30 años del CNI: pueblos bajo el despojo, invasión y extractivismo
Israel Fuguemann · 13 de octubre de 2026
Mari Torres escucha atenta las intervenciones de delegadas y delegados reunidos en la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas Samir Flores Soberanes en la Ciudad de México, donde en diciembre próximo será recibida la delegación zapatista que llegará desde Chiapas para sostener un “encuentro-abrazo” con madres buscadoras.
El evento que se lleva a cabo ahora es la celebración del 30 aniversario del Congreso Nacional Indígena (CNI). Mari, robusta y fuerte como un árbol, hace una mueca de incomodidad cada tanto y gira su hombro izquierdo como sacudiéndose un dolor; aún tiene el cuerpo marcado por los golpes que recibió hace apenas cuatro días, durante una movilización en Puebla.
El pasado 7 de octubre , “Doña Mari” —como dice su gafete—, acudió junto a otras compañeras a San Miguel Xoxtla, para apoyar a un grupo de habitantes que se oponía a la perforación de un pozo de agua en la unidad deportiva Pavigi. La protesta terminó en un enfrentamiento con policías estatales que resguardaban las obras. La comunidad cuestiona la extracción de agua en una zona que históricamente padece problemas de abastecimiento. Doña Mari salió de aquella jornada con un hematoma que aún mantiene el púrpura de sus vasos sanguíneos rotos, pero con la satisfacción de haber impedido “una injusticia más”.
Esta victoria se suma a una larga historia de resistencia que comenzó hace varios años, cuando los pobladores de Santa María Zacatepec, Puebla, se organizaron para defender el río Metlapanapa frente al proyecto que buscaba descargar en él aguas residuales del parque industrial Ciudad Textil. Después de aquella experiencia exitosa, Doña Mari y otras pobladoras decidieron continuar con la defensa de su territorio oponiéndose a proyectos que consideraban más dañinos que benéficos, como el paso de una autopista por su pueblo y a una larga batalla contra el gasoducto de un megaproyecto conocido como Proyecto Integral Morelos.
Quizás la resistencia que más satisfecha la tiene hasta ahora es la que consiguió detener la extracción de agua de la planta embotelladora Bonafont en Juan C. Bonilla, Puebla. Recuerda que fue la organización comunitaria la que permitió frenar el bombeo y que, después, habitantes de la zona comenzaron a notar cambios en sus pozos.
“Aquella vez se organizaron los pueblos, organizándonos todos y se logró detener esa extracción de más de mil 500 litros de agua diarios. Cuando se detiene eso, las comunidades, los pobladores nos empezaron a decir: ‘¿qué creen?, nuestros niveles de pozo, del agua de nuestro pozo, subieron’. Ahí todavía tenemos nuestros pozos artesanales y subieron. Entonces dices: ‘sí, sí vale la pena luchar’”.
Para Doña Mari, esa experiencia fue la confirmación de que la organización colectiva da resultados y por eso la convirtió en su forma de vida. Actualmente, la lucha que la mantiene activa es en contra del basurero de Calpan también en Puebla, donde según cuenta, los pueblos llevan más de dos años y medio organizándose y todavía no han conseguido una solución definitiva a sus demandas. En ese camino, el Congreso Nacional Indígena se ha convertido para ella y muchas organizaciones en una especie de guía.
“Para mí el CNI es una experiencia de lucha, una experiencia que te respalda, en donde tienes la fuerza para poder seguir y en donde te muestran que no estás solo”, dice
En los encuentros del CNI, las comunidades comparten sus experiencias, conocen otras formas de organización y encuentran referentes para defender sus territorios y formas de vida.
Para este aniversario, Doña Mari viajó a la Ciudad de México junto a integrantes de la Unión de Pueblos contra el Basurero, además de su familia (esposo, hijas y nietos), que la escuchan gritar consignas, levantar la mano y compartir su experiencia. Ella quiere que aprendan y que sepan que defender la tierra exige organización, perseverancia y solidaridad. “¿Qué herencia les vamos a dar? Que sean fuertes, que no se dejen”, dice.
Treinta años de resistencia y autonomía
Carlos Beas Torres tiene menos pelo y más canas que hace 30 años cuando participó junto con integrantes de organizaciones indígenas y otros colectivos, en el proceso que dio origen al Congreso Nacional Indígena (CNI). El tiempo ha pasado, pero su energía y conocimiento siguen acompañando las luchas de los pueblos por defender sus territorios, el agua y sus formas de organización.
El hombre de bigote blanco es un referente y forma parte de la coordinación de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo de Tehuantepec (UCIZONI), una organización con décadas de trabajo en la región. Desde esa experiencia, Beas observa los cambios del movimiento indígena y advierte que, aunque algunas demandas siguen vigentes, los conflictos han adquirido nuevas dimensiones: la crisis del agua, la expansión de los megaproyectos, el despojo, la violencia del crimen organizado y el desplazamiento de comunidades que ya no sólo afecta a los lugares más recónditos del país, sino también a los habitantes de los cascos urbanos en todo México.
Una historia que comenzó en 1996
El Congreso Nacional Indígena nació en octubre de 1996, en un país marcado por las disputas por la tierra, la represión contra comunidades y la exclusión histórica de los pueblos originarios. El levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en enero de 1994, dio un impulso decisivo a ese proceso; en ese contexto el CNI se constituyó como un espacio para agrupar distintas causas de los pueblos originarios.
El primer encuentro del Congreso Nacional Indígena se celebró del 10 al 12 de octubre de 1996 en la Ciudad de México. Cientos de delegados y delegadas denunciaron el despojo y la violencia contra sus comunidades e hicieron un llamado para exigir el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés, firmados ese mismo año entre el EZLN y el gobierno federal para reconocer los derechos, la autonomía y la libre determinación de los pueblos indígenas. La llegada de la comandanta Ramona, figura emblemática del zapatismo, y un mitin multitudinario en el Zócalo marcaron la fundación pública del CNI, que nació bajo una consigna: “Nunca más un México sin nosotros”.
La reforma constitucional indígena aprobada en 2001 no incorporó, desde la perspectiva del CNI, los compromisos de San Andrés. A partir de entonces, el Congreso reforzó su apuesta por ejercer la autonomía desde las propias comunidades, más allá del reconocimiento legal. Para Carlos Beas, uno de los cambios más importantes en estas tres décadas ha sido el lugar que ocupan las mujeres dentro del movimiento indígena.
“La incorporación y el papel de las compañeras ha sido muy reconocido; se ha valorado el papel tan importante que tienen en esta lucha”, subraya.
Ese avance, dice, también se hizo visible en el proceso que llevó a María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy, a convertirse en la vocera del Consejo Indígena de Gobierno y candidata independiente a la Presidencia en 2018. Aquella iniciativa buscó llevar las demandas de los pueblos originarios a la discusión nacional y mostró la capacidad de las mujeres indígenas para ocupar espacios políticos desde sus propias formas de organización.
Sin embargo, para Beas, los cambios y las luchas ganadas no han significado que los problemas históricos se hayan resuelto por ello considera que el despojo territorial persiste y que, en distintas regiones, la violencia del crimen organizado se ha sumado a las presiones de los proyectos extractivos de grandes corporaciones.
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Rodeado de decenas de lonas cuyos grabados con encapuchadas y encapuchados hacen alusión a diversos momentos históricos del movimiento, Beas describe este nuevo escenario nacional como una “nueva invasión”, en la que los intereses sobre los recursos naturales se cruzan con la militarización y la inseguridad.
Denuncian una nueva invasión
El impacto ha alcanzado incluso actividades tradicionales de las comunidades y pone como ejemplo a productores de café que enfrentan dificultades para trasladar sus cosechas y que, en algunas regiones, sufren robos o presiones de grupos criminales. En Chiapas, por ejemplo, se han documentado obstáculos para sacar la producción cafetalera en zonas como Chicomuselo y la Sierra Mariscal, donde la violencia también ha obligado a familias campesinas a abandonar sus viviendas y cultivos.
“Una de las preocupaciones principales es el impacto que tiene la violencia y la inseguridad relacionada con proyectos productivos, con megaproyectos donde hay un alto componente extractivista”, afirma.
Durante los tres días de duración del Congreso Nacional Indígena, las y los integrantes discutieron en distintas mesas y asambleas temas que consideraron urgentes como la defensa del territorio y sus recursos naturales, el incremento del hostigamiento hacia distintos líderes comunitarios, y el peligro que enfrenta su autonomía para seguir decidiendo sobre su propio futuro. La crisis del agua, la expansión de la minería, la gentrificación y los efectos ambientales de las inversiones conectan problemas rurales y urbanos, dentro y fuera de México.
El mensaje que está mandando el Congreso Nacional Indígena es para los pueblos indígenas. Es un mensaje que va más allá. Los problemas, advierte, ya no se detienen en las fronteras: el cambio climático, la violencia y la migración tienen dimensiones globales. De ahí que el CNI mantenga vínculos con movimientos de otras regiones y busque ampliar sus espacios de solidaridad.
— Todos viajamos en la misma nave espacial.
Abrir la casa, continuar la lucha
El 12 de octubre, fecha que los pueblos originarios reivindican como una jornada de resistencia frente a la época de la colonia iniciada hace 534 años, el Congreso Nacional Indígena conmemoró tres décadas de organización con un posicionamiento sobre los conflictos que enfrentan sus comunidades. Entre los principales acuerdos del encuentro estuvo el rechazo a la propuesta de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, que los participantes consideran una amenaza para su autonomía y su derecho a decidir sobre sus territorios.
La discusión coincidió con un cambio en el calendario del gobierno federal. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este lunes que se ampliará el periodo de consulta y que la iniciativa no será enviada al Congreso hasta que los pueblos consideren concluido el proceso. La entrega estaba prevista para el 12 de octubre, Día de la Resistencia de los Pueblos.
🔺La presidenta @Claudiashein anunció que no enviará de inmediato al Congreso la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, como se tenía previsto para el 12 de octubre. https://t.co/79S0x8iRVA
— Animal Político (@Pajaropolitico) October 13, 2026
En el comunicado final del aniversario, las personas firmantes rechazaron la propuesta mientras mantenga disposiciones que, a su juicio, no garantizan plenamente los derechos colectivos. Cuestionaron las consultas apresuradas y advirtieron que el Estado no debe convertirse en administrador de las identidades, las formas de organización ni las decisiones de las comunidades.
El documento cuestiona que el reconocimiento de las comunidades pueda quedar condicionado a un catálogo administrado por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, así como las disposiciones que, según sus autoridades, podrían facilitar el acceso de grandes capitales a los territorios y sus bienes naturales.
El CNI también rechazó que las consultas puedan convertirse en un trámite sin capacidad real de decisión. En su pronunciamiento exige que cualquier proyecto o medida que afecte su territorio cuente con el consentimiento libre, previo, informado y vinculante de su asamblea comunal. Su postura expresa la posición de la organización y no debe confundirse con la del conjunto de los pueblos indígenas del país.
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El encuentro también puso en primer plano la exigencia de libertad para personas defensoras encarceladas. En su comunicado final, las personas participantes pidieron la libertad de Jesús Plácido Galindo y Sixto Mendoza Limpia, ambos integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata y exigieron frenar la criminalización de quienes defienden sus territorios. El documento reclamó además justicia para las personas defensoras asesinadas y la presentación con vida de las personas desaparecidas.
Junto con estas exigencias, el comunicado anunció la creación de la Red por el Común, una iniciativa para articular luchas por la defensa de la vida y el territorio, con especial énfasis en el agua. El acuerdo plantea fortalecer los vínculos entre comunidades y organizaciones, impulsar alternativas de economía solidaria entre el campo y la ciudad y enfrentar la violencia institucional. El documento no precisa todavía cómo se organizará la red ni cuáles serán sus primeras acciones.
Al cierre del encuentro, el CNI y la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas Samir Flores Soberanes, organizada por el pueblo otomí residente en la Ciudad de México, anunciaron que cerraban un capítulo para abrir otro: los preparativos para recibir a la delegación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), como parte de la Gira por la Vida, capítulo México.
Será en esa misma casa donde se recibirá a la delegación zapatista. Durante el encuentro, el pueblo otomí anunció que el inmueble pasaba a formar parte del patrimonio del CNI y del EZLN: un espacio que reconocen como su casa y como casa de las luchas de los pueblos de México. Así, la conmemoración de los 30 años del Congreso Nacional Indígena terminó con la mirada puesta en el próximo encuentro y en las redes de solidaridad que se preparan para recibir a quienes vienen de las montañas del sureste mexicano.