El activismo da frutos: absuelven a ambientalistas que fueron criminalizados

Hoy comparto con las personas lectoras una gran noticia para celebrar. Miguel López Vega y Alejandro Torres Chocolatl fueron absueltos de los cargos en su contra, con los que fueron criminalizados y trataron de impedir su lucha por la defensa de la tierra, el territorio y el medio ambiente. La noticia es un gran triunfo para ellos, para la comunidad de Santa María Zacatepec, Puebla, que durante cuatro largos años los acompañó en el proceso, y para las organizaciones que los respaldamos.

Miguel y Alejandro han participado en numerosas luchas con organizaciones como el Congreso Nacional Indígena, el Frente de Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Puebla, Morelos y Tlaxcala. Desde ahí han hecho frente a los megaproyectos que han amenazado su territorio y defendido sus derechos.

En el caso de Santa María Zacatepec, la lucha empezó a mediados de 2019 cuando la asamblea municipal manifestó su oposición a la construcción de un drenaje que descargaría aguas residuales del Parque Industrial de la ciudad Textil Huejotzingo, en el río Metlapanapa. Este caso lo documentamos en nuestro informe México: Tierra y ¿libertad? Criminalización de personas defensoras de tierra, territorio y medio ambiente, que publicamos en septiembre de 2023.

Nos encontramos con Miguel y Alejandro hace dos semanas, sus rostros lucían relajados, estaban contentos y nosotras compartimos su alegría. Los convocamos a la inauguración de la exposición de fotografía #ProtestarNoEsUnCrimen: Una mirada a la defensa de la tierra, territorio y medio ambiente en México, efectuada el miércoles 13 de marzo de 2024 en el Centro Cultural de España.

La exposición forma parte de la campaña con la que seguimos impulsando los casos incluidos en nuestro informe México: Tierra y ¿libertad?

Invito a las personas a leer este informe, en el que detallamos la forma en que las grandes empresas y las autoridades recurren a la vía penal para frenar el derecho a la protesta, que está protegido por el derecho internacional de los derechos humanos y además es una vía para exigir otros derechos o denunciar violaciones a los mismos.

Criminalización dirigida

A través de la vía penal se busca disuadir, castigar e impedir que las personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente mantengan la exigencia del respeto a derechos tales como la autodeterminación; el consentimiento libre, previo e informado en los casos de Pueblos Indígenas; a un medio ambiente sano; a la información y a la participación en proyectos con posible afectación al medio ambiente, entre otros.

Las autoridades recurren a la vía judicial sin tomar en cuenta otros medios menos restrictivos para resolver las inconformidades de las personas que protestan.

Por lo regular, los cargos contra las personas defensoras se basan en tipos penales vagos o ambiguos como: “obstrucción de obra pública”, “motín” y las variaciones del delito de “ataques a las vías de comunicación”. Además, se tergiversa la forma en que ocurrieron los hechos, éstos se adecuan a conveniencia a otro tipo de delitos, para lo cual se recurre a interpretaciones amplias de tipos penales.

En el caso de Miguel, él fue detenido el 24 de enero de 2020 acusado de los delitos de ataques a la seguridad en los medios de transporte u oposición a que se ejecute alguna obra o trabajo públicos, al tiempo que lo vinculaban a proceso por el delito de ataques a las vías generales de comunicación.

Durante cuatro largos años padeció un proceso judicial que lo sometió a un terrible desgaste emocional y al consecuente estrés, además de los gastos económicos que tuvo que sufragar por el juicio. Éste causó gran preocupación en su familia, en tanto, las personas de la comunidad vivieron bajo el temor de ser acusadas con cargos vagos y de perder su libertad.

El 26 de abril de 2023, en el caso de Miguel se determinó que no se constituyeron los delitos de ataques a la seguridad en los medios de transporte u oposición a que se ejecute alguna obra o trabajo públicos. Y sobre el delito de ataques a las vías de comunicación se concedió la suspensión condicional del proceso para efecto de que Miguel acudiera a firmar mensualmente durante seis meses y después quedara libre.

Sobre este último punto, la defensa de Miguel interpuso una queja en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDHP) porque el responsable del área de medidas cautelares le mencionó que la evaluación del riesgo necesaria para la suspensión condicional “iba a salir negativa pues eran órdenes de arriba” y que si presentaban “la solicitud mil veces, mil veces nos la van a negar”.

En el caso de Alejandro, sobre él pesaba una orden de aprehensión que se podría ejecutar en cualquier momento. Por lo pronto, a la fecha, ambos ya han sido absueltos de los cargos que les imputaban. Sin embargo, Alejandro continúa dando seguimiento a una queja que interpuso en la CDHP por la detención arbitraria que sufrió durante el proceso judicial.

Este último punto es muy importante porque cuando gobiernos y empresas hacen uso del sistema punitivo para inhibir el reclamo de derechos no hay ninguna consecuencia por ello, es decir no se reparan los daños a las personas por la violación a sus derechos humanos y ésta queda en total impunidad. Lo que Alejandro busca con su queja es justamente esa reparación.

Con la vida de por medio

Pero la vía penal no es la única amenaza que se cierne sobre las personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente en México. Ellas ejercen su labor en un contexto hostil, que incluye de manera constante la estigmatización, el hostigamiento, ataques, atentados, desplazamiento forzado, desapariciones y asesinatos.

En conversación con Alejandro, éste nos comentó que le ha pasado de todo: “desde amenazas de muerte, intentos de secuestro, han querido encarcelarme, he estado detenido, he pasado por campañas de desprestigio, acoso”. Y advirtió que “no somos sólo nosotros, sino todas las personas defensoras de derechos humanos, periodistas, ambientalistas, comunicadores populares, todos tenemos ese riesgo”.

Lo he dicho en diferentes foros y entrevistas, México es el país más riesgoso para las personas que defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente. El informe de Global Witness del año 2021 reveló que México fue el país con mayor número de personas asesinadas, con un total de 54. Más del 40 por ciento de los crímenes se cometieron contra personas indígenas y más de un tercio tuvieron que ver con desapariciones forzadas.

Front Line Defenders reportó en su informe de 2022 el asesinato de 45 personas defensoras, lo que situó a México como el tercer país con mayores asesinatos en el mundo, después de Colombia y Ucrania. Datos de la Organización de Naciones Unidas revelan que el número de asesinatos de personas defensoras en el año 2023 fue de 13.

En México: Tierra y ¿libertad? incluimos datos del informe del Centro Mexicano de Defensa Ambiental (CEMDA), de acuerdo con el cual en el año 2022, ocurrieron 197 eventos de agresiones a personas y comunidades defensoras de derechos ambientales, incluyendo 24 casos de asesinatos, 7 de desaparición forzada, 7 de ejecución extrajudicial, 148 casos de intimidación, 116 de hostigamiento, 64 de amenazas, 61 de agresiones físicas, 20 de estigmatización y 2 casos de espionaje altamente preocupantes debido al posible uso del aparato estatal como mecanismo de vigilancia.

CEMDA precisa además que “al menos el 45 por ciento de los eventos de agresión fueron responsabilidad de los diferentes niveles de gobierno. En el contexto de protestas, CEMDA registró 3 casos de represión que presentaron un uso excesivo de la fuerza por parte de agentes estatales.

La dimensión del problema es gravísima. Los grandes consorcios extractivistas y las autoridades se enfocan en utilizar su poder en contra de las personas a las que identifican como líderes de un movimiento. Son inimaginables las consecuencias que trae consigo el hostigamiento al que son sometidas las personas defensoras, sus familias y sus comunidades.

Otros casos emblemáticos

Nuestro informe denuncia esa situación y visibiliza también los casos de la Colonia Maya, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, donde un grupo de personas se unió para protestar en contra de la construcción de un fraccionamiento residencial en una zona protegida.

Incluye también el caso de Chilón, Chiapas, donde defensores tseltales, fueron criminalizados por oponerse a la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional en su territorio; y el caso de Sitilpech, Yucatán, donde las personas de esa localidad se oponen a las actividades de una mega granja porcícola en su territorio porque genera contaminación, afectaciones al agua y problemas de salud.

Hoy tenemos un motivo para celebrar, hoy se ganó una batalla con la absolución de Miguel y Alejandro, quienes podrán continuar su defensa de la tierra por el gran amor que le tienen, porque ¡La lucha sigue!

Invito a las personas a tomar acción, a que lean México: Tierra y ¿libertad?, a firmar la Petición que está en nuestra página para que las autoridades valoren el papel de las personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente y a visitar la exposición de fotografía referida, que fue preparada con mucho entusiasmo por las personas defensoras de Chiapas, Mérida y Puebla, cuyos casos están incluidos en el multicitado informe.

La exposición estará en el Centro Cultural de España hasta el 31 de marzo. Asómense a esa ventana que las personas defensoras nos abren a sus vidas, a su tierra, a su amor por ella. En la referida entrevista con Alejandro, él nos decía que “una forma de pagarle a la vida es defendiéndola, no permitiendo más saqueo de su agua, no permitiendo que la contaminen y que la despojen”.

Yo agregaría que la tierra que habitan es de ellos pero también es nuestra, lo que hagan las personas defensoras por mantenerla les beneficia a ellas y a nosotros por muy lejos que nos encontremos. Su protesta no es ajena a nosotros, expresemos nuestra solidaridad con ellas, exijamos a las autoridades el respeto a sus derechos. La lucha es por ellas, es en nuestro beneficio y por el de las futuras generaciones.

* Edith Olivares Ferreto (@EdithFerreto) es Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México (@amnistiamexico).