Mujeres indígenas: el derecho a decidir también empieza dentro de sus comunidades

Programa de Mujeres Indígenas del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir

De acuerdo con la información oficial, de julio a septiembre de 2026 se llevó a cabo un proceso de consulta sobre la propuesta de iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, derivada de la reforma al artículo 2º constitucional de 2024. Ante esta coyuntura, desde el Programa de Mujeres Indígenas del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB) conversamos con dos autoras del Recetario de saberes para los cuidados y el buen vivir sobre sus experiencias y sentipensares en torno a las condiciones que hacen posible que sus voces sean tomadas en cuenta en las decisiones que les afectan a ellas y a sus territorios. Sus miradas no siempre coinciden, y en esos matices, entre lo que se ha ganado y lo que falta, entre lo que se defiende hacia afuera y lo que se cuestiona hacia adentro, está la riqueza de lo que comparten.

Al momento de la entrevista, ambas coincidieron en que sus comunidades aún no habían participado en la Consulta. Esther, mujer joven ayuuk de la comunidad de Xaamkëjxp, en la Sierra Norte de Oaxaca, recuerda que cuando participó en una consulta anterior “se sintió como un circo”: su comunidad fue convocada con poco tiempo de anticipación, no contaba con información completa y no estaban presentes todas las personas de la comunidad. 

Por su parte, Yarayda, mujer joven zapoteca de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, reconoce la asamblea de su pueblo como un espacio propio donde se dirimen los asuntos que importan a la población; sin embargo, menciona que existen líderes políticos que no reconocen los saberes y no toman en cuenta la palabra de las personas indígenas “cuando nosotros queremos dar alguna otra opinión o aclarar o resolver, pues se nos toma como a mal o se nos menciona [que somos] como ignorantes”.

Estas experiencias muestran que en los ejercicios de discusión en el interior de los pueblos existen limitaciones en el poder real para la participación y decisión. Las tensiones que se viven se vuelven especialmente visibles cuando se habla de la autonomía de las mujeres indígenas y afromexicanas.

Participar y decidir sobre la vida y el territorio

Para Esther, la autonomía es “que yo pueda planear mi vida dentro de mi comunidad actuando desde la libertad”. Yarayda, en tanto, pone el acento en lo colectivo; para ella, la autonomía empieza por el respeto a las formas en que su comunidad se organiza y toma decisiones: “Empezar a dejar que los partidos políticos dejen de estar interfiriendo en las decisiones del pueblo”.

Las dos definiciones no se contraponen, se complementan. Una habla desde la libertad de cada mujer para trazar su camino sin dejar su comunidad. La otra habla desde el derecho del pueblo a decidir sin injerencias externas. Juntas permiten comprender que la autonomía implica la relación entre los pueblos y el Estado, pero también las relaciones de poder dentro de los pueblos: quiénes deciden sobre la tierra, quiénes participan en la asamblea y en los espacios de toma de decisiones de la vida cotidiana.

En ese sentido, los datos disponibles muestran que las mujeres no siempre están incluidas en igualdad de condiciones. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer los resultados del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México (CNGMD) 2025 y declaró que en 2024 solo 24.9 % de las personas que presidían municipios y alcaldías eran mujeres. 

La falta de información desagregada y accesible para saber cuántas de esas mujeres son indígenas y afromexicanas es una expresión de racismo estadístico. El racismo estadístico es el conjunto de decisiones institucionales y técnicas sobre qué se cuenta, cómo se clasifica, que cruces se publican, cómo se usan los resultados que, por acción u omisión, reproducen invisibilidad, estigmatización o distribución desigual de reconocimiento, derechos y recursos.

Para Esther, la baja participación de las mujeres tiene su origen en las desigualdades de género: “Para que las jóvenes y mujeres vivan en autonomía, es necesario que se liberen de la violencia que han heredado y de las sobrecargas de trabajo en sus hogares”. Mientras los cuidados sigan recayendo casi por completo en las mujeres y persistan las violencias, las mujeres no contarán con tiempo ni libertad para asistir a una asamblea, formarse o postularse a un cargo.

¿Qué lugar ocupan las mujeres en sus comunidades?

Yarayda reconoce que las mujeres de su pueblo tienen una participación activa, pero observa desigualdades en los lugares que se les asignan: “Siempre es como secretaria, tesorera, comité de salud o promotora de salud y no podemos ejercer otro cargo”. Son cargos que sostienen buena parte de la vida comunitaria, pero rara vez son los que tienen mayor peso en las decisiones. 

Además, observa que con frecuencia las festividades y actividades de servicio, como preparar la comida, recaen en las mujeres y en las esposas de los hombres que ejercen los cargos. Por ello, no solo importa saber cuántas mujeres están presentes en cargos o asambleas, sino qué lugares ocupan y qué posibilidades reales tienen de ser escuchadas y tomadas en cuenta en las decisiones de su comunidad.

A los estereotipos de género se suma la edad. Yarayda explica que, como mujer joven, ha experimentado que su voz suele ser menos reconocida: “Se piensa que no podemos todavía decidir o plantear alguna situación de mejora porque no se nos conoce y no se nos da el valor porque piensan que no hemos explorado tanto ese ámbito”.

Por último, la autonomía está estrechamente vinculada con el territorio. No podemos hablar de una participación igualitaria de las mujeres mientras sigan enfrentando desigualdades en el acceso a la tenencia de la tierra. De acuerdo con el Registro Agrario Nacional, en Oaxaca en 2025 apenas 28 % de las personas que contaban con certificado agrario eran mujeres, frente a 72 % de hombres. Yarayda ofrece un ejemplo concreto: “A veces sus hijas han salido a otros estados a trabajar y por haber desobedecido (porque mi mamá decía que [para sus padres, haberse ido] era una desobediencia), como castigo se quedan sin terreno en el pueblo y pues lo que tienen que hacer es solicitar un pedazo de terreno del bien comunal que en la comunidad se tiene”.

Su testimonio muestra un claroscuro. En la misma comunidad que sanciona a las hijas que migran, también se conserva un bien comunal al que ellas pueden recurrir. Si bien existen normas que pueden excluir, también existen otras que ofrecen caminos que conviene reconocer y fortalecer desde dentro.

La propuesta de iniciativa de ley como una oportunidad

En palabras de Yarayda y Esther, lo más importante para los pueblos indígenas es el respeto a su autonomía y libre determinación, considerando a cada pueblo con su historia, cultura, identidad y organización social y política propia. Desde el Programa de Mujeres Indígenas del ILSB coincidimos en que este derecho es el punto de partida para garantizar los demás derechos colectivos e individuales de los pueblos, por lo que el Estado debe generar las medidas necesarias para su pleno ejercicio.

Esta propuesta de iniciativa de ley puede ser una oportunidad para una interacción más horizontal entre el Estado y los pueblos indígenas y afromexicanos, y recoge demandas históricas. Sin embargo, persisten retos importantes. Uno de ellos es el respeto y reconocimiento a las instituciones representativas de los pueblos indígenas y su toma de decisiones. La Ley debería marcar con claridad la ruta y los mecanismos idóneos para que los pueblos puedan elegir autoridades verdaderamente representativas, sin la interferencia del Estado ni de los partidos políticos, como advierte Yarayda, en sus sistemas propios de elección y toma de decisiones, y con garantías para que las mujeres participen en ellos en igualdad de condiciones.

Otro desafío es que entre las principales problemáticas en los territorios indígenas y afromexicanos están los proyectos de despojo, explotación, extracción y uso de recursos naturales. Por eso es urgente que esta ley garantice a los pueblos indígenas y afromexicanos el control, uso y disposición de las tierras y territorios que habitan, así como de los recursos naturales que se encuentran en ellos. Consideramos también necesario abrir la ruta para una reforma profunda al artículo 27 constitucional que reconozca a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho sobre el destino, uso y disfrute de sus tierras, territorios y recursos naturales. Esa discusión debe incluir cómo asegurar que las mujeres accedan a la tierra dentro de esos territorios colectivos.

Así, la reivindicación del derecho a la autonomía y libre determinación responde a la aspiración de los pueblos de determinar su propio destino en condiciones de igualdad, justicia y reparación, participando de forma efectiva en las decisiones que los afecten, a través de consultas libres, previas, informadas, de buena fe y culturalmente adecuadas, como establecen el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Para cerrar, en palabras de Yarayda: “Cuando no hay esta consulta, se toma como todo de manera general o como si algo que sucede en una comunidad, suceda en todas las demás, y pues realmente a veces esto no es así”. 

Su advertencia vale en dos sentidos: ni el Estado debería tratar a todos los pueblos como si fueran iguales, ni una ley general debería asumir que dentro de cada comunidad todas las personas viven lo mismo. Para lograr una participación real de los pueblos y de las mujeres indígenas será necesario impulsar mecanismos para la participación de todas las personas, de modo que las mujeres indígenas y afromexicanas puedan hacerlo en igualdad de condiciones. 

Esther y Yarayda nos recuerdan la importancia de escuchar y reconocer sin imponer leyes ni formas de organización ajenas a los pueblos, a la vez que se transforman, desde dentro, las relaciones de poder de género, edad y raza en todos los espacios, incluidos el acceso a la tierra, al territorio y la participación política.♦ 

Más sobre este blog