El crimen organizado también disputa la información

México está discutiendo cómo proteger a las audiencias de la información falsa, la propaganda presentada como noticia y la confusión entre información y opinión. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones ha sometido a consulta pública nuevas reglas para radio y televisión. Pero la discusión ocurre mientras el ecosistema informativo mexicano se transforma mucho más rápido que las normas diseñadas para proteger a quienes reciben información.

La pregunta es incómoda: ¿estamos protegiendo el derecho a estar informados con una concepción del sistema mediático que ya no corresponde al ecosistema donde circula la información? Porque el crimen organizado mexicano no solo disputa territorios. También disputa información.

Durante años, la relación entre crimen organizado y periodismo se ha observado, comprensiblemente, desde la violencia: periodistas amenazados, desplazados o asesinados; medios obligados a callar; regiones donde informar sobre determinados grupos o acontecimientos puede costar la vida. El control criminal de la información ha significado, ante todo, impedir que ciertas cosas se conozcan.

Pero esa es solo una parte del fenómeno. Las organizaciones criminales también han desarrollado capacidad para producir contenidos, construir narrativas y utilizar el espacio digital para hacer circular información funcional a sus intereses.

Cuentas vinculadas con grupos criminales difunden información falsa

International Crisis Group documentó en 2024, en su informe “Miedo, mentiras y lucro: el uso de redes sociales por los grupos criminales en México”, cómo estas organizaciones utilizan plataformas digitales para intimidar, reclutar, hacer propaganda y comunicarse con la población. La investigación describe además un entorno de cuentas anónimas y páginas informativas donde puede resultar difícil distinguir entre espacios administrados por periodistas ciudadanos y otros operados por integrantes de organizaciones criminales.

El fenómeno se ha sofisticado. En febrero de 2026, Reuters documentó cómo cuentas vinculadas o presuntamente vinculadas con grupos criminales difundieron información falsa y contenidos generados con inteligencia artificial para magnificar escenarios de violencia y extender el miedo.

Ya no se trata solamente de amenazar una redacción, obligar a un periodista a callar o colocar una narcomanta. El crimen organizado también participa en los circuitos por los que circula la información. Eso cambia la dimensión del problema.

Cuando una organización criminal amenaza a un periodista para impedir que publique, controla información mediante el silencio. Cuando además produce y distribuye contenidos funcionales a sus intereses, interviene sobre aquello que la sociedad puede conocer. Silenciar unas voces y amplificar otras son dos formas distintas de disputar la información.

Es ahí donde la discusión actual sobre los derechos de las audiencias adquiere otra dimensión.

Un ecosistema que las reglas ya no alcanzan

La propuesta de lineamientos de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones establece obligaciones para concesionarias de televisión abierta y radio, televisión y audio de paga y programadoras. Reconoce el derecho de las audiencias a recibir información veraz, plural y oportuna; a que la publicidad o propaganda no se presente como información periodística, y a contar con elementos para diferenciar información noticiosa de opinión. 

Son obligaciones dirigidas a actores formales e identificables del sistema mediático. Por supuesto, no corresponde a unos lineamientos sobre radiodifusión enfrentar el uso que las organizaciones criminales hacen del espacio informativo digital. El problema es otro: mientras afinamos las reglas para una parte del sistema, el ecosistema donde circula la información se ha vuelto mucho más amplio, fragmentado y difícil de identificar.

Una parte de la información que consume la sociedad circula hoy a través de páginas anónimas, cuentas en redes sociales, canales digitales, creadores de contenido y sitios que se presentan como informativos. No siempre sabemos quién produce, quién financia o qué intereses están detrás. Y las investigaciones recientes muestran que las organizaciones criminales ya forman parte de ese ecosistema.

No se desprende de ello que debamos trasladar la regulación de radio y televisión a internet. Mucho menos que el Estado deba decidir quién puede informar. La paradoja está en que la arquitectura con la que protegemos el derecho a la información alcanza solo una parte del espacio donde hoy se disputa ese derecho.

En Veracruz, esa preocupación ya llegó a la discusión pública. Verónica Huerta, reportera de AVC Noticias, planteó recientemente ante la gobernadora Rocío Nahle la existencia de personas que se presentan como reporteros y que “presuntamente se vinculan […] con la delincuencia”. Advirtió además sobre el riesgo que esa situación puede representar para quienes ejercen el periodismo. 

Nahle consideró buena la propuesta de elaborar un padrón y posteriormente precisó que correspondería a la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) realizarlo, no a su gobierno. “Yo no me voy a meter a decir quién sí, quién no”, afirmó. 

Quiénes se disputan la información que reciben las audiencias, el desafío

El padrón merece una discusión aparte. Lo relevante aquí es la preocupación que lo originó: la posible presencia de intereses criminales en espacios donde se produce y circula información.

La advertencia no permite atribuir a ningún medio o portal veracruzano vínculos con organizaciones criminales. Sí permite constatar que una preocupación que investigaciones recientes han identificado en el ecosistema digital mexicano comienza a expresarse públicamente entre periodistas de Veracruz. Y ese es el punto que no deberíamos perder de vista.

La propia propuesta regulatoria parte de un principio constitucional mucho más amplio: toda persona tiene derecho al acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas por cualquier medio de expresión. 

El desafío, entonces, no consiste solamente en establecer qué obligaciones deben cumplir los medios formales frente a sus audiencias. También exige comprender quiénes están disputando hoy la información que esas audiencias reciben.

El crimen organizado entendió hace tiempo que controlar un territorio también implica controlar lo que se sabe de él. Ahora no solo puede hacerlo silenciando a los periodistas. También puede producir, distribuir y manipular contenidos.

Cuando el crimen disputa la información, lo que está en juego no es únicamente la seguridad de los periodistas ni la libertad de los medios. Está en juego el derecho de la sociedad a saber qué ocurre en su propio territorio.

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