Vinculan a proceso a Guadalupe "N" implicada en red de huachicol de Ernesto Ruffo
Animal Político · 12 de agosto de 2026
Un juez de control vinculó a proceso a Guadalupe “N” por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer ilícitos en materia de hidrocarburos y contrabando.
Guadalupe Hernández Hinojosa ha sido identificada como apoderada legal de Ingemar S.A. de C.V., empresa vinculada al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, quien también fue detenido.
Durante la continuación de la audiencia inicial, la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, presentó los datos de prueba ante la autoridad judicial.
El juzgador impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, la cual se cumplirá en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Sur, y estableció un plazo de tres meses para la investigación complementaria.
La detención de Guadalupe “N” ocurrió en la colonia Chapultepec Morales, ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ejecutaron la orden de aprehensión derivada de las indagatorias sobre el contrabando de combustible.
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Las investigaciones señalan que la imputada formaba parte de una red de contrabandistas ferroviarios. Dicha estructura utilizaba cargamentos con declaraciones falsas ante las autoridades sobre los volúmenes transportados o sobre la naturaleza de los productos para evadir el pago de contribuciones fiscales.
Con la vinculación a proceso de Guadalupe Hernández, suman nueve las personas aprehendidas en el marco de la investigación por el huachicol fiscal ferroviario entre quienes está Ernesto Guillermo Ruffo Appel, en el Cefereso 1 “El Altiplano”; Ricardo Thompson Navarro; Juan Hermilo Chávez Rodríguez; Guillermo de la Peña Rosales; José María de la Peña Ramos; Luis Antonio Barrientos Juárez; Adriana Magali Bárcenas Guillén y José Merino Valdés Cuervo.
¿De qué acusan a Guadalupe Hernández?
En un comunicado difundido el pasado 8 de agosto, la Fiscalía a cargo de Ernestina Godoy detalló que, de acuerdo con los datos de prueba recabados durante la investigación, Guadalupe “N” presuntamente habría intervenido en operaciones de comercio exterior mediante las cuales se declaraban volúmenes de hidrocarburo significativamente inferiores a los realmente transportados.
Además, habría participado en diversos actos jurídicos y comerciales relacionados con la operación de la empresa, incluyendo la formalización de contratos vinculados con la distribución de petrolíferos y la realización de gestiones ante autoridades aduaneras respecto de mercancías detectadas con irregularidades.
Guadalupe “N” también fue identificada como firmante autorizada en diversas cuentas bancarias de la persona moral, circunstancia que le habría permitido intervenir en la administración financiera de la empresa.
La Fiscalía también dio a conocer que los datos de prueba señalan que compareció ante autoridades aduaneras para realizar gestiones relacionadas con mercancías cuyo ingreso presentaba inconsistencias documentales, promoviendo actuaciones tendentes a su liberación y regularización.
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La empresa Ingemar S.A. de C.V., vinculada al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, operó con cinco permisos del gobierno federal que le permitieron importar hasta 498 millones de litros de combustibles entre 2023 y 2024. De acuerdo con autoridades del sector energético, estas importaciones tenían un valor estimado de 4 mil 700 millones de pesos.
Por este caso, el exgobernador, señalado por la FGR como líder de esta red, se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano tras un maratónico inicio de proceso judicial.
Las investigaciones contra Ernesto Ruffo Appel
La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abiertas y bajo proceso penal diversas líneas de investigación en contra de Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California y primer mandatario estatal de oposición en la historia moderna de México.
Al exfuncionario de 74 años de edad, junto con presuntos socios, se le imputa la presunta comisión de delincuencia organizada y contrabando, derivado de una red masiva de tráfico e importación irregular de combustible conocida como huachicol fiscal.
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Las indagatorias judiciales se detonaron a partir de una inspección federal realizada en julio de 2025 en Ramos Arizpe, Coahuila. Un operativo conjunto entre la FGR, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) derivó en el aseguramiento de 33 ferrotanques cargados con hidrocarburo sin la documentación legal correspondiente.
A partir de este aseguramiento, los trabajos de inteligencia corporativa, financiera y de aduanas permitieron rastrear la ruta completa del hidrocarburo, identificando a la empresa Ingemar, S.A. de C.V. —vinculada a Ruffo Appel como accionista mayoritario— como una de las operadoras clave de la red.
De acuerdo con el expediente de la FGR, el esquema operaba bajo un patrón sistemático de subreporte e importación simulada desde Estados Unidos.
El combustible ingresaba a territorio nacional declarando apenas el 10% del volumen real transportado en cada vagón de ferrocarril (o bien, clasificándolo falsamente como derivados químicos) para evadir o reducir sustancialmente el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
La red contaba con la presunta colaboración de agencias aduanales y personal autorizado en puntos fronterizos para eludir las revisiones de ley. Tras ingresar por ferrocarril, el hidrocarburo era transferido a pipas y tractocamiones de al menos 17 empresas para comercializarse de manera ilícita en varios estados, entre ellos Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Veracruz y la Ciudad de México.
De acuerdo con las estimaciones presentadas por la representación social federal, el impacto total al erario por este fraude supera los 4,000 millones de pesos. Hasta el momento, las autoridades han liberado 25 órdenes de aprehensión dirigidas a operadores logísticos, socios comerciales y agentes aduanales vinculados con la firma.
Tras su detención e ingreso al sistema judicial, el exgobernador fue puesto a disposición de un juez de control federal y se le dictó prisión preventiva en el penal de máxima seguridad del Altiplano mientras se define su situación legal.
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