Animal Político · 27 de julio de 2026
La Fiscalía General de la República (FGR) rechazó que el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, vinculado a proceso por su presunta relación con una red de huachicol, sea un perseguido político, y aseguró que hay 96 pruebas en su contra.
En un comunicado, la dependencia señaló que la imputación responde a investigaciones apegadas a derecho, resultado de las evidencias recabadas, sin sesgos de otra índole.
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Asimismo, la institución recordó que, al estar imputado el delito de delincuencia organizada, la Constitución manda de forma explícita la prisión preventiva oficiosa, lo que impide que las personas procesadas por este ilícito lleven su causa en libertad.

De acuerdo con la FGR, a Ruffo se le acusa en su proceso de un daño a la Hacienda Pública de 166 millones de pesos por el aseguramiento de 170 ferrotanques con 18 millones de litros de hidrocarburos asegurados en julio de 2025, pero estima que el daño es de más de 4 mil millones de pesos.
Por la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que exista una persecución política contra Ernesto Ruffo, aunque aseguró que la FGR cuenta con “muchísimas pruebas” que sustentan la investigación por su presunta participación en una red de contrabando de combustibles.
La Fiscalía subrayó que la investigación ha sido progresiva y técnica, respaldada por un expediente que reúne hasta el momento 96 datos de prueba, entre los que destacan:
Ruffo Appel fue vinculado a proceso el pasado 23 de julio por la FGR por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos tras ser detenido el 16 de julio en Ensenada, Baja California. La medida cautelar de prisión preventiva lo mantiene recluido en el penal de máxima seguridad de El Altiplano.
El mismo día de la detención del exgobernador, la FGR informó que Ruffo Appel y otras 24 personas operaron una red de contrabando de combustible que evadió miles de millones de pesos y estimó que el daño a la Hacienda Pública es de más de 4 mil millones de pesos.
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La fiscal general, Ernestina Godoy, detalló que la organización llevaba a cabo acciones de contrabando de hidrocarburo, introduciendo combustible al país mediante declaraciones falsas o incompletas en aduanas, es decir, que se reportaba menos de lo que realmente se transporta o se declara como si fueran otros productos para evadir impuestos.
Por otro lado, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda ordenó el bloqueo de las cuentas bancarias del exfuncionario. De acuerdo con la investigación de la FGR, el exmandatario tendría dos cuentas en Intercam Grupo Financiero, un fondo de inversión y una cuenta bancaria, además de otra cuenta en BBVA.