Sinaloa, una larga historia de infiltración del narco en la política

Durante décadas el crimen organizado ha penetrado las instituciones públicas de Sinaloa, han impulsado políticos, generado violencia política, financiado campañas y puesto a las instituciones públicas a su servicio, dentro de esa dinámica la organización más beneficiada ha sido el Cártel de Sinaloa, aunque también hay evidencia de protección al Cártel de Guadalajara, Cártel de Juárez y los Beltrán Leyva. 

No se trata de algo reciente, al contrario, existe evidencia desde la década de los 60 de interacción entre el narco y la cúpula política de Sinaloa, tampoco se trata de una situación atribuible a un partido político o grupo en el poder, ya que Sinaloa ha sido gobernada por el PRI, por la coalición PAN-PRD-Convergencia y ahora por MORENA y en cada uno de esos periodos se pueden encontrar acusaciones de colusión de los Gobernadores y de otros políticos y funcionarios relevantes. 

La primera conexión directa entre un Gobernador y el crimen organizado en Sinaloa se remonta a 1963, cuando el Mandatario Leopoldo Sánchez Celis contrató como uno de sus choferes y escoltas a un expolicía, Miguel Ángel Félix Gallardo, quien más tarde se convertiría en el narcotraficante más poderoso de México, al encabezar el Cártel de Guadalajara, que comenzó a gestarse en 1978, cabe destacar que Miguel Ángel era apodado el Jefe de Jefes, mote que describe su jerarquía debido a que en la década de los 80 fue sin lugar a dudas fue el narco más influyente y que mandaba sobre los demás capos regionales. 

Félix Gallardo aprovechó su posición cercana al Gobernador Sánchez Celis para operar en favor de Pedro Avilés Pérez, pionero del tráfico de drogas en Sinaloa y primer narco en el país en establecer rutas regulares de tráfico a los Estados Unidos, de quien aprendió el negocio y que además en su momento reclutó a operadores de Avilés para conformar lo que después se conocería como el Cártel de Guadalajara. 

Los dos gobernadores que siguieron, Alfredo Valdez Montoya (1969-1974) y Alfonso Calderón Velarde (1975-1980), compartieron al mismo Director de la Policía en Sinaloa, Alfredo Reyes Curiel, sobre el que han pesado importantes acusaciones de corrupción, en concreto se le acusa de haber protegido en primera instancia a Pedro Avilés Pérez y después a Miguel Félix Gallardo. 

El siguiente Gobernador de Sinaloa, Antonio Toledo Corro (1981-1986) fue señalado por su pasividad en el combate al crimen organizado, así como de haberse reunido con Miguel Ángel Félix Gallardo y de recibir sobornos de su parte, para dejarlo operar con libertad en la entidad.  

Fuente: Elaboración propia. 

Luego vino Francisco Labastida Ochoa (1987-1992), a quien le tocó el ocaso del Cártel de Guadalajara y el surgimiento de tres nuevas organizaciones, el Cártel de Juárez, el Cártel de Tijuana y el Cártel de Sinaloa, todas ellas encabezadas por personas nacidas en Sinaloa y que pertenecieron al Cártel de Guadalajara. En 1989 derivado del arresto de Miguel Ángel Félix Gallardo, el entonces Procurador de la República, ordenó la aprehensión de varios funcionarios que formaban parte de la red de protección del capo, dentro de los cuales se encontraban tres funcionarios de Labastida, Arturo Moreno, Enrique Corza y Robespierre Lizárraga.

Luego, al final del periodo de Juan Sigfrido Millán Lizárraga (1999-2004), se registró en Culiacán el asesinato de Rodolfo Carrillo Fuentes en 2004, hermano de Amado Carrillo Fuentes “El Señor de los Cielos”, antiguo líder del Cártel de Juárez. Lo relevante del asunto fue que Rodolfo iba escoltado por agentes de la Policía Ministerial de Sinaloa, lo cual generó un escándalo por la infiltración, sin embargo, muchos de los responsables no recibieron castigo alguno. 

En 2010, el Gobernador Jesús Aguilar Padilla (2005-2010) también fue investigado por nexos con el Cártel de Sinaloa por el Gobierno de los Estados Unidos, así como también el empresario y en ese entonces Alcalde de Culiacán, Jesús Vizcarra Calderón, candidato del PRI en las elecciones de 2010. 

Mario López Valdez (2011-2016) quien llegó a la Gubernatura de Sinaloa en 2011 bajo las siglas del PAN y que fue el primer gobernador de un partido diferente al PRI, resultó acusado en un video por uno de sus escoltas, Frank Armenta Espinoza, de que él y varios de sus funcionarios protegían al Cártel de Sinaloa, que permitían el control de dicha organización sobre la cárcel de Aguaruto en Culiacán y que hicieron posible la fuga del jefe de seguridad del Chapo Guzmán, Jorge Iván Gastélum Ávila “El Cholo Iván”. Cabe mencionar que dicho escolta había sido privado de la libertad varios días antes de que el video saliera a la luz, supuestamente por un grupo armado y apareció muerto días después, por lo que Mario López Valdez siempre negó las acusaciones, bajo el argumento de que las mismas habían sido obtenidas con amenazas y que por tanto no se podía confiar de lo dicho en el video. 

En 2016, aún en el período de Mario López Valdez, fue destituida de su cargo la Diputada Local, Lucero Sánchez López del PAN, porque se descubrió que mantenía una relación sentimental con Joaquín “El Chapo” Guzmán, a quien fue a visitar a prisión. Después se sabría que “El Chapo” la habría impulsado para llegar al Congreso de Sinaloa e incluso se especuló que el capo sería el padre del hijo de la Diputada, sin que esto último se haya logrado comprobar. 

Si bien Quirino Ordaz Coppel (2017-2021) no tuvo acusaciones directas de vinculación con el Cártel de Sinaloa, personal del equipo de su Secretario de Seguridad, Cristóbal Castañeda Camarillo, fue señalado por trabajar para el Cártel de Sinaloa, como se reveló con la publicación de informes de la SEDENA por Guacamaya Leaks. 

Desde la campaña a Gobernador en 2021, Rubén Rocha Moya fue objeto de señalamientos de colusión con el Cártel de Sinaloa, por ejemplo, Mario Zamora Gastélum que fue candidato del PRI a la gubernatura, denunció en su momento que decenas de operadores suyos fueron secuestrados días antes de la votación y otros tantos amenazados, por lo que se generó la impresión de que los Chapitos habían destinado dinero a la campaña, pero también amedrentaron a los rivales y promovieron el voto por Rocha, incluso utilizando influencers afines a ellos. 

 Lo anterior coincide con las acusaciones hechas hace unos días por el Distrito Sur de Nueva York en el sentido de que los Chapitos habrían financiado la campaña de Rocha Moya y dado sobornos a muchos funcionarios de su gobierno a cambio de protección. 

Al tiempo que nos recuerda la carta redactada por Ismael “El Mayo” Zambada en 2024, en donde cuenta que fue al lugar donde sería secuestrado, pensando que se iba a reunir con Rubén Rocha Moya y el ex Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén, para mediar en una disputa por la Rectoría de la UAS, pero Rocha no se presentó, el Mayo fue secuestrado y Melesio Cuén perdió la vida. 

La pregunta que se encuentra de fondo y da verosimilitud a las palabras del Mayo es ¿por qué el narco acudió pensando que ahí encontraría al Gobernador? Y la respuesta es incómoda, nos lleva a pensar que ya se conocían y muy probablemente se hubieran reunido antes, por ello era factible creer que ahí estaría. 

En conclusión, todos los gobiernos en Sinaloa desde 1963 a la fecha, de alguna u otra forma, han sido infiltrados el crimen organizado, se trata de un proceso de captura de las instituciones por redes macro criminales que va más allá de partidos e ideologías, en donde se financian campañas y se dan sobornos para garantizar la cooperación de gobernadores, secretarios, alcaldes y mandos policiales. 

En ese contexto, resulta absurdo no tomar en serio y dar el beneficio de la duda a la acusación realizada por el Distrito Sur de Nueva York contra Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios, incluido el Senador Enrique Inzunza Cáceres y el Alcalde con licencia de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil, ya que sí por más de 60 años el narco ha corrompido la política en Sinaloa, suena creíble que lo hayan hecho también con el de Rocha Moya. 

Y en este punto se podrá argumentar con justicia que ninguno de los gobernadores que precedió a Rocha Moya fue encarcelado o sometido a juicio y que por tanto no son culpables de delito alguno. Es cierto, pero la explicación se encuentra en gran medida en el “pacto de impunidad”, es decir, la protección que la clase política le da a los suyos para evitar que sean procesados, aún y cuando sean culpables, exactamente lo mismo que está pasando con Rocha en este momento, es por ello que, se trata de una oportunidad perfecta para que la presidenta Claudia Sheinbaum les retire su protección y deje que enfrenten la justicia. 

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