EU imputa al gobernador Rubén Rocha Moya por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa
Redacción Animal Político · 29 de abril de 2026
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó este miércoles una acusación formal contra once funcionarios —actuales y anteriores— de Sinaloa, entre quienes se encuentra el gobernador en funciones, Rubén Rocha Moya, y mandos de corporaciones policiales estatales y municipales.
De acuerdo con la fiscalía estadounidense, los acusados presuntamente conspiraron con líderes del Cártel de Sinaloa para importar grandes cantidades de drogas a Estados Unidos a cambio de protección política, apoyo institucional y sobornos millonarios.
El anuncio fue realizado por el fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y por el administrador de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), Terrance C. Cole. El caso quedó asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla.
En la acusación se señala a Ruben Rocha Moya, Enrique Inzunza Cazarez, Enrique Díaz Vega, Damaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Aviles, Alberto Jorge Contreras Nunez, identificado como “Cholo”, Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipolito, alias “Tornado”, Juan de Dios Gámez Mendivil y Juan Valenzuela Millan, alias “Juanito”, por delitos de tráfico de drogas y conductas relacionadas con armas de fuego.
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Además, se acusa a Millán de secuestro y asesinato de una fuente confidencial de la DEA y de un familiar de esta.
Al gobernador Rubén Rocha Moya se le acusa de conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, así como de conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. De ser declarado culpable, enfrenta una condena de cadena perpetua o, en su defecto, una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.
Clayton afirmó que “el Cártel de Sinaloa es una organización criminal despiadada que ha inundado esta comunidad con drogas peligrosas durante décadas”, y sostuvo que la acusación muestra que grupos como este “no operarían con tanta libertad ni éxito sin políticos y funcionarios policiales corruptos a sueldo”.
Agregó: “El apoyo de funcionarios extranjeros corruptos al tráfico mortal de drogas debe terminar. Que estas acusaciones envíen un mensaje claro a todos los funcionarios del mundo que colaboran con narcotraficantes: sin importar su cargo o posición, estamos comprometidos a llevarlos ante la justicia”.
El administrador de la DEA, Terrance Cole, declaró que “el Cártel de Sinaloa no solo trafica drogas letales, sino que es una organización terrorista designada que se vale de la corrupción y el soborno para fomentar la violencia y el lucro”.
Sostuvo que la acusación revela “un esfuerzo deliberado por socavar las instituciones públicas y poner en riesgo la vida de los estadounidenses”. Subrayó además que “los acusados presuntamente utilizaron sus cargos de confianza para proteger las operaciones del cártel, facilitando así el ingreso de drogas letales a nuestro país“.
Señalamientos de corrupción, protección al Cártel y violencia
Según las alegaciones incluidas en la acusación y otros documentos judiciales, el Cártel ha convertido a Sinaloa en el centro de operaciones de un esquema internacional que involucra a productores de cocaína en Colombia y Venezuela, redes criminales y políticos corruptos en Centroamérica y Sudamérica, así como a fabricantes de precursores químicos en China, con el objetivo de distribuir fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina en Estados Unidos.
La acusación afirma que los 11 señalados participaron en una conspiración corrupta y violenta, en la que protegieron a los líderes del Cártel de Sinaloa frente a investigaciones, arrestos y procesos judiciales; proporcionaron información confidencial de fuerzas de seguridad y del Ejército a narcotraficantes aliados; instruyeron a agentes de corporaciones estatales y municipales para custodiar cargamentos de droga; y permitieron que se cometieran actos de violencia sin consecuencias. A cambio, habrían recibido millones de dólares en sobornos.
También se asegura que todos los acusados han mantenido una colaboración estrecha con la facción de Los Chapitos, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, los señalados operaban en diversos niveles del gobierno y las fuerzas del orden para facilitar las operaciones de esa facción.
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En el caso del gobernador Rocha Moya, la fiscalía sostiene que fue electo con apoyo de Los Chapitos, quienes habrían secuestrado e intimidado a sus rivales. Se indica que, antes y después de asumir el cargo el 1 de noviembre de 2021, asistió a reuniones con los líderes de la facción, donde presuntamente prometió protegerlos mientras distribuían drogas hacia Estados Unidos, permitiéndoles operar con impunidad en Sinaloa.
Otros funcionarios mencionados, como Damaso Castro Zaavedra, subprocurador de la Fiscalía General del Estado, presuntamente recibían pagos mensuales de unos 11 mil dólares para proteger a miembros del Cártel e informarles sobre operativos realizados con apoyo estadounidense.
Asimismo, se acusa a Juan Valenzuela Millan, comandante de alto rango de la Policía Municipal de Culiacán, de facilitar a Los Chapitos el control de la ciudad mediante arrestos, secuestros y asesinatos.
De acuerdo con la acusación, recibía más de mil 600 dólares mensuales y, en octubre de 2023, habría participado directamente en el secuestro, tortura y asesinato de una fuente de la DEA y de un familiar de esta.
Investigación, cooperación binacional y advertencias
El Departamento de Justicia señaló que esta acusación forma parte de una serie de procesos iniciados desde 2023, en los cuales se han imputado a más de 30 miembros y colaboradores del Cártel de Sinaloa, incluidos miembros de su cúpula directiva, lo que ha impactado las operaciones del grupo criminal.
Clayton reconoció la labor de investigación de diversas unidades de la DEA, así como el apoyo de la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia y del Gobierno de México, además de las fiscalías federales de Illinois y California y la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomisos. También agradeció el trabajo del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional.
Fiscalía de Sinaloa pide respetar la presunción de inocencia
La Fiscalía General del Estado de Sinaloa solicitó respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia tras los señalamientos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa contra el gobernador Rocha Moya, mandos policiales, presidentes municipales y el vicefiscal Dámaso Castro Saavedra.
“México rige el principio de presunción de inocencia, por lo que ninguna persona puede ser considerada responsable sin que medie resolución de autoridad judicial competente. Asimismo, toda actuación en materia de procuración de justicia debe conducirse con estricto apego al debido proceso, la legalidad y el respeto a la soberanía nacional”, señaló en un comunicado.
La institución subrayó que cualquier solicitud vinculada a estas acusaciones debe ajustarse a la Constitución Mexicana, la Ley de Extradición Internacional y los tratados vigentes.