El costo de denunciar una extorsión cuando menos del 1 % llega a investigarse

Durante dos semanas, los dueños hicieron lo que hace cualquier emprendedor: acondicionaron el remolque, compraron insumos, organizaron la contabilidad y prepararon el menú. Solo entonces, sacaron por primera vez el food truck a las calles de una ciudad turística del estado de Quintana Roo, en el caribe mexicano. 

Pero duró muy poco. Cada vez que intentaban instalarse en una esquina aparecían de la nada varios hombres desconocidos. Al principio solo les decían con tono amenazante que se fueran. Después comenzaron a repetir un mismo mensaje: “aún no tienen permiso para vender”.

Los empleados levantaban el negocio y buscaban otra calle para tratar de sacar las ganancias mínimas del día. Pero los hombres aparecían una y otra vez.

Poco después, la encargada comenzó a recibir en su celular fotografías que alguien tomaba sin su consentimiento.  El hostigamiento fue en aumento: empezaron a seguirla también hasta el lugar donde guardaban el remolque al terminar la jornada. Un día, uno de los hombres que la acechaba  subió al food truck, la sujetó con violencia del rostro y le tomó una fotografía.

“El problema es con el dueño del food truck”, le dijo después a sus compañeros, “pero la cara la estoy poniendo yo”.

Los propietarios ya habían pagado alrededor de 40 mil pesos de “cuota” al crimen organizado para poder trabajar, pero no fue suficiente. Les exigían más dinero. Y como se negaron, simplemente dejaron de permitirles vender.

Alexis —nombre ficticio— observó todo desde dentro.

Había llegado semanas antes a Quintana Roo procedente del interior de la República. Una amiga la recomendó para encargarse de la producción, las compras y la contabilidad del nuevo negocio. Nunca atendió al público. Casi nunca hubo clientes.

“Cuando veía que la comida seguía ahí, que no se había vendido nada, ya sabía que ese día no los habían dejado vender por el tema del cobro de piso. No hacía falta que me explicaran qué estaba pasando”, recuerda en entrevista con Animal Político.

La encargada temía que balearan el negocio con ella y sus compañeros dentro, que agredieran a alguno de los trabajadores o incluso que incendiaran el remolque. Cambiar de calle no servía de nada. Los seguían hasta encontrar el nuevo punto de venta y repetían la advertencia: sin pagar derecho de piso no podían trabajar.

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Un mes después, Alexis perdió el empleo. Sin ventas, el negocio dejó de necesitarla. Su jefe le propuso trabajar solo medio turno, pero el sueldo ya no le alcanzaba para pagar la renta. Buscó otro trabajo. Hasta donde sabe, el food truck terminó cerrando.

La experiencia también modificó sus propios planes. Antes había pensado en abrir un negocio. Hoy descarta por completo esa posibilidad.

“Prefiero ni siquiera poner uno aquí”, dice con una sonrisa resignada. “Y si algún día me pasara algo así, tampoco pagaría la cuota, la verdad. Cerraría el negocio y me iría a otra parte”, asegura.

“¿Por qué no denunciar?”, se le pregunta en la entrevista.

Alexis niega con la cabeza de inmediato. No le pasa por la mente esa posibilidad.

“No tendría confianza. He escuchado muchas historias de personas que dicen que las propias autoridades terminan avisando a quienes fueron denunciados. Además, con esa gente del crimen organizado no se juega. Si no van contra ti, pueden ir contra tu familia. Y eso da todavía más miedo”.

La negativa de Alexis a denunciar encuentra respaldo en los datos. Al reconstruir, mediante solicitudes de transparencia, el recorrido de las denuncias por extorsión en ocho estados, Animal Político encontró un patrón común: menos del 1 % de las extorsiones estimadas llega siquiera a convertirse en una carpeta de investigación y sólo una fracción microscópica termina en una sentencia.

Esto no significa que denunciar sea inútil. Pero sí explica por qué miles de víctimas deciden no hacerlo.

Denunciar tampoco garantiza justicia 

Kimberly, una joven de Guadalajara, Jalisco, decidió que sí valía la pena denunciar su caso.

Hace un par de años comenzó a recibir llamadas de números desconocidos mientras conducía rumbo a La Barca, en la región Ciénega de Jalisco. Al principio creyó que se trataba de un proveedor. Minutos después descubrió que delincuentes habían conseguido acceder a sus fotografías y a parte de su información personal. Desde su propio número comenzaron a contactar a familiares y amigos para exigirles dinero, acompañando las amenazas con imágenes de personas mutiladas extraídas de internet.

La primera reacción fue advertir a todos sus contactos que ignoraran cualquier mensaje. Después cambió de número telefónico. Pero también hizo algo que pocas víctimas de extorsión hacen en México: acudió a denunciar.

La Fiscalía de Jalisco le pidió imprimir decenas de capturas de pantalla, entregar toda la evidencia en una memoria USB y esperar casi dos horas para presentar la denuncia.

El expediente quedó en silencio durante casi un año, hasta que un correo electrónico le informó que la investigación apuntaba hacia un inmueble ubicado en la Ciudad de México desde donde, presuntamente, operaba una red dedicada a realizar llamadas de extorsión.

La citaron para ampliar su declaración. Pero nunca acudió. Antes, consultó a varios abogados. Todos le dijeron lo mismo: tendría que viajar a la capital del país, invertir tiempo y dinero en un proceso largo y sin garantías de éxito. Además, probablemente quienes operaban desde ese inmueble ya no estarían ahí.

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“Ya cambiaste tu número; mejor ya no le muevas”, le dijeron, según recuerda en entrevista con Animal Político.

Kimberly abandonó el proceso. La Guardia Nacional logró bloquear parcialmente los números desde los que la amenazaban, aunque los intentos de contacto nunca desaparecieron. Hasta hoy, su teléfono sigue registrando decenas de llamadas marcadas como spam.

Las historias de Alexis y Kimberly parten de decisiones opuestas.

Una nunca denunció.

La otra sí.

Pero ambas terminaron alejándose del sistema de justicia, convencidas de que los costos de enfrentarse a una extorsión eran mucho más altos que las posibilidades reales de obtener una respuesta.

Menos del 1 % de las extorsiones se investiga

Los abogados de Kimberly le dijeron que buscar justicia le costaría más de lo que probablemente obtendría. Los datos de ocho estados muestran que esa valoración no era excepcional. En casi todos ellos, menos del 1 % de las extorsiones estimadas llega siquiera a convertirse en una carpeta de investigación. Y sólo una fracción mínima termina en sentencia.

La principal barrera no aparece en los tribunales, sino mucho antes: en las miles de víctimas que nunca denuncian.

A partir de solicitudes de transparencia, Animal Político reconstruyó el recorrido de las denuncias por extorsión en ocho de las entidades con mayor incidencia del delito de extorsión. El resultado revela un sistema de justicia que apenas alcanza a procesar una fracción mínima del problema.

En todos los estados analizados, menos del 1 % de las extorsiones estimadas por la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) llega a convertirse en una carpeta de investigación. Es decir, el Estado deja de ver el delito prácticamente desde el primer filtro.

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Incluso entre quienes sí denuncian, la mayoría de los expedientes nunca llega ante un juez.

En la Ciudad de México, donde el sistema recibe el mayor volumen de denuncias, se estiman alrededor de 600 mil extorsiones al año, de acuerdo con datos del INEGI. Sin embargo, durante 2025 la Fiscalía capitalina abrió apenas mil 753 carpetas de investigación. De ellas, solo 155 fueron judicializadas y alrededor de 60 concluyeron con una sentencia. En otras palabras: apenas una de cada 10 mil extorsiones estimadas terminó con una condena.

En Jalisco, la distancia entre el delito real y el sistema penal es todavía mayor. Con un universo estimado de 275 mil extorsiones al año, la Fiscalía abrió 438 carpetas de investigación durante 2025. Solo 15 llegaron a judicializarse y apenas una concluyó con una sentencia: alrededor de un caso por cada 275 mil extorsiones estimadas. Es el caso más grave del top 8 de entidades con más extorsiones denunciadas.

El patrón se repite, con matices, en el resto de las entidades analizadas.

Ni siquiera Nuevo León, el estado con la mayor proporción de denuncias respecto del universo estimado de víctimas, logra que más del 1 % de las extorsiones llegue a conocimiento de las autoridades.

Guanajuato es el estado donde la justicia muestra mejores resultados una vez que un caso entra al sistema: de las 816 carpetas abiertas durante 2025, fueron judicializadas 117 y 102 terminaron en una sentencia. Sin embargo, frente a un universo estimado de 180 mil extorsiones al año, eso equivale apenas a una condena por cada 2 mil delitos estimados.

En Michoacán, en cambio, el principal cuello de botella aparece mucho antes: de las 366 carpetas iniciadas, 246 —el 67 %— seguían abiertas al cierre de 2025 y otras 100, equivalentes al 27 %, habían sido archivadas, mientras solo 61 llegaron a judicializarse.

En conjunto, los datos muestran que la principal fortaleza de la impunidad no está únicamente en las sentencias. Está en un sistema que investiga apenas una pequeña parte del universo real de víctimas. Ese diagnóstico convive con una narrativa distinta desde el gobierno federal.

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Desde julio de 2025, cuando puso en marcha la Estrategia Nacional contra la Extorsión, el gobierno federal sostiene que el delito muestra una tendencia a la baja. Entre sus principales resultados presume una reducción de hasta 38 %, más de 62 mil extorsiones evitadas, 386 detenidos y un incremento de las denuncias al 089.

Sin embargo, los indicadores que el gobierno presenta públicamente se concentran en la reducción de la incidencia, las detenciones, las llamadas ciudadanas y las “extorsiones evitadas”; una métrica cuya metodología no ha sido difundida públicamente. Lo que no reportan esos balances es cuántas de las investigaciones iniciadas logran llegar a un juez ni cuántas terminan con una sentencia condenatoria, justamente la etapa donde los datos obtenidos por transparencia muestran los mayores niveles de rezago.

Miedo, burocracia y un sistema rebasado  

¿Por qué un delito que afecta cada año a millones de personas termina produciendo tan pocas denuncias y todavía menos sentencias?

Para Ángela Frías Acevedo, abogada penalista y exfuncionaria de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el problema comienza mucho antes de que un juez conozca un caso. El primer obstáculo, dice en entrevista, consiste en convencer a las víctimas de que vale la pena denunciar.

“La gente llega a una fiscalía y muchas veces se encuentra con que le dicen que ahí no es, que regrese otro día o que hay demasiado trabajo para atenderla. Ese primer contacto con las autoridades inhibe muchísimo la denuncia”, explica.

Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano, coincide en que el sistema desincentiva desde el principio a quienes buscan ayuda. Incluso cuando la víctima decide acudir a las autoridades, explica, el proceso suele traducirse en horas de espera, trámites y escasas expectativas de éxito.

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“Ir a denunciar cualquier delito en México significa perder varias horas. En muchas agencias todavía existe una práctica de disuadir al ciudadano antes incluso de que llegue con un Ministerio Público”, señala.

Pero el miedo no proviene solo de la burocracia.

La extorsión convierte la denuncia en una decisión de alto riesgo. Las amenazas suelen incluir referencias a la familia, al negocio o al domicilio de la víctima, lo que alimenta el temor a represalias.

“A las personas les preocupa que las amenazas se cumplan. Incluso existe el temor de que haya servidores públicos vinculados con grupos criminales. Por eso muchas prefieren no denunciar”, explica Ángela Frías. Esa combinación, añade, ha convertido a la extorsión en “un delito invisible”: todos saben que existe, pero muy pocos casos llegan realmente al sistema de justicia.

Rivas sostiene que ese miedo no siempre es infundado. En los casos de extorsión presencial, advierte, los grupos criminales suelen operar mediante redes de vigilancia e informantes que les permiten controlar territorios y detectar rápidamente a quien intenta denunciarlos ante las autoridades.

“El ciudadano nunca sabe si quien lo extorsiona es una persona aislada, una banda local o una organización criminal. Tampoco sabe hasta dónde llegan sus vínculos con las autoridades. Esa incertidumbre termina jugando a favor de los extorsionadores”, afirma.

Ángela Frías sostiene que muchas investigaciones se frenan por errores desde las primeras diligencias: solicitudes mal elaboradas para obtener registros telefónicos, escaso trabajo de inteligencia y una sobrecarga de expedientes que impide dar seguimiento oportuno a los casos.

Rivas coincide en el diagnóstico. México, dice, cuenta con pocos ministerios públicos, pocos policías de investigación y pocos peritos para enfrentar un delito cada vez más sofisticado. Además, las investigaciones suelen abordarse de manera aislada, sin relacionarlas con otros delitos, como desaparición, homicidio, narcomenudeo o trata de personas, pese a que con frecuencia forman parte de las mismas estructuras criminales.

“Los delitos se investigan como si fueran islas y no como si fueran parte de un archipiélago”, subraya.

El resultado es un círculo que se retroalimenta.

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Las víctimas no denuncian porque desconfían del sistema. Cuando denuncian, las investigaciones suelen avanzar lentamente o quedarse estancadas. Y cuando finalmente logran llegar ante un juez, los procesos pueden prolongarse durante años.

“Solo la investigación complementaria puede durar hasta seis meses. Después vienen apelaciones, amparos y el juicio oral. Un proceso completo puede tardar entre dos y tres años”, explica Ángela Frías. Ese desgaste, añade, provoca que muchas víctimas abandonen el procedimiento antes de que concluya, alimentando nuevamente la impunidad.

Para Rivas, ahí se encuentra uno de los principales desafíos para cualquier estrategia oficial contra la extorsión. Los planes gubernamentales pueden incrementar las denuncias o multiplicar los operativos, plantea, pero su verdadero éxito solo podrá medirse cuando consigan traducirse en investigaciones eficaces y sentencias condenatorias.

“De nada sirve judicializar cien casos si al final solo uno termina con una sentencia”, recalca.

Mientras el sistema siga castigando apenas una fracción microscópica del delito, denunciar seguirá siendo, para miles de víctimas, como Alexis y Kimberly, una apuesta cuyo costo es mayor que sus posibilidades reales de justicia.