Dalila Sarabia · 17 de junio de 2026
El delito de despojo en la Ciudad de México no cede. De enero de 2020 a abril de 2026, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) ha abierto 25 mil 018 carpetas de investigación, sin embargo, en este mismo periodo —y sobre el total de carpetas abiertas— solo se ha reportado la detención de 463 personas, de acuerdo con información proporcionada a través de respuestas de información pública.
Paralelamente, las autoridades judiciales de la capital del país informaron sobre la presentación de otras mil 228 personas al Ministerio Público, señaladas de cometer el delito de despojo tanto de bienes inmuebles como de aguas; sin embargo, de este total no detallaron si todos fueron procesados o si quedaron en libertad argumentando, por ejemplo, detenciones ilegales.

Para hacer frente al despojo de propiedad que se concentra en alcaldías como Cuauhtémoc, Benito Juárez y Miguel Hidalgo, el gobierno capitalino instaló el Gabinete Antidespojos, una unidad que a 11 meses de haber sido creada, divide opiniones por su efectividad.
En entrevista con Animal Político, el secretario de Gobierno de la CDMX, César Cravioto, informó que el gabinete ya ha dado solución a más de 200 casos y tiene en proceso la atención de 300 más.
Una cifra que contrasta con el número de carpetas iniciadas por la fiscalía.
De acuerdo con los datos proporcionados, de enero de 2025 a abril de 2026, la fiscalía abrió 5 mil 075 carpetas de investigación. Si sumamos los casos resueltos y pendientes en el Gabinete Antidespojos y los contrastamos con esta cifra, a esta unidad de atención impulsada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, apenas llegan y es atendido el 10 % del total.
“Instalamos un gabinete contra el despojo, que busca fomentar que la gente denuncie, que la gente se acerque al gobierno cuando tiene una de estas situaciones afectándolos”, dijo Cravioto en entrevista.
“Estamos avanzando en restitución de inmuebles, en aseguramiento de inmuebles y vuelvo a insistir en la necesidad de que la gente tenga el espacio donde denunciar más allá de una carpeta de investigación en la fiscalía”, detalló.

El 29 de julio pasado, y frente a la creciente denuncia de despojo de inmuebles en la Ciudad de México, el gobierno local instaló el llamado Gabinete de Prevención y Atención a los Despojos, encabezado por el secretario de Gobierno, César Cravioto, y la fiscal general de Justicia, Bertha Alcalde.
En esta mesa, además, habría representación del Poder Judicial local, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el Registro Público de la Propiedad, la Consejería Jurídica, Protección Civil, Patrimonio Inmobiliario y la Comisión de Derechos Humanos.
Que distintas áreas de gobierno pudieran estar articuladas para atender a la población en un mismo lugar, señaló Brugada durante la presentación del Gabinete, facilitaría que los afectados pudieran acercarse y hacer sus denuncias; sin embargo, en casos a los que este medio ha dado seguimiento, los vecinos afectados han mencionado desconocer la existencia de este gabinete o que nunca han sido atendidos.
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Quienes se han acercado a las autoridades lo han hecho directamente con el secretario de gobierno, César Cravioto, o bien con el titular de Vivienda, Inti Muñoz.
En el caso de los vecinos de Río de la Planta 21, inmueble que ya suma al menos 4 intentos de despojo, por ejemplo, los vecinos optaron por una estrategia privada.
En Patricio Sanz 529, en donde los vecinos enfrentan retrasos en la reconstrucción tras el 19S y un nuevo esquema de despojo silencioso, los condóminos decidieron dar una cuota adicional al pago del mantenimiento para contratar un abogado privado.
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Como parte de la estrategia impulsada por la jefa de Gobierno, también se envió una reforma al artículo 237 del Código Penal capitalino a fin de sancionar con penas más severas a quienes incurran en este delito.
Las penas máximas se podría alcanzar cuando existan agravantes, como que quienes participen en estos hechos sean personas que simulen tener un cargo público; cuando se suplante la identidad del legítimo propietario o poseedor del inmueble; cuando participe una persona titular de notaría pública en ejercicio o con motivo de sus funciones, o personas que, sin tener carácter de notario, accedan a documentos o datos notariales, en virtud de una relación laboral.
En noviembre pasado, el Congreso capitalino aprobó incrementar la pena mínima del delito de despojo de 5 a 6 años y la máxima de 10 a 11 años a quien ocupe un inmueble ajeno por medio de violencia física o moral. Además, se aumentó de 7 a 11 años si se comete en contra de personas mayores de 60 años, con discapacidad, menor de edad, mujer embarazada o perteneciente a comunidad indígena.

A 11 meses de la presentación formal del Gabinete Antidespojos, el secretario de Gobierno de la CDMX, César Cravioto, informó que ya se han brindado poco más de 6 mil asesorías a personas víctimas de estos delitos.
“También hemos hecho más de 200 acciones directas, desde restitución de inmuebles hasta aseguramiento de inmuebles y reenfajillamientos, y hemos detenido siete acciones flagrantes de despojo”, informó.
El funcionario agregó que “también ha habido gente que se ha remitido al Ministerio Público por cometer estos delitos y tenemos más de 300 asuntos a los que estamos dando seguimiento permanente”.
Como parte del trabajo realizado en los últimos meses, Cravioto confirmó que se ha detectado que los despojos en su mayoría son cometidos por organizaciones, y no por personas que ven la oportunidad y se meten a un predio que no está ocupado.
“En general sí tiene que ver con una orquesta de varias personas que se juntan para cometer estos delitos”, insistió. En el caso de la participación de servidores públicos o policías —como denunciaron los condóminos de Río de la Plata 21—, Cravioto dijo estar al tanto del caso y aseguró que “no se va a solapar a ningún servidor público que esté coludido”.
Cuestionado sobre otros casos que involucren la participación de servidores públicos, no brindó información precisa, aunque reiteró que acompañan a las víctimas para que hagan las denuncias pertinentes.

Si usted, un familiar o conocido es víctima de un despojo de propiedad: