La política y el crimen organizado: una relación olvidada en México

La captura de Ismael “El Mayo” Zambada, el pasado 25 de julio de 2024, catalizó una auténtica guerra criminal en Sinaloa que hasta ahora ha arrojado un saldo de más de 500 homicidios dolosos y 700 desapariciones. Desde que inició este conflicto, una serie de acusaciones entre las facciones en pugna, Mayitos y Chapitos han evidenciado un complejo entramado de relaciones políticas entre las autoridades locales de Sinaloa y los liderazgos criminales del Cártel de Sinaloa.

La declaración de Ismael Zambada a propósito de su captura fueron reveladoras: según su testimonio, fue sorprendido mientras se disponía a realizar una actividad que al parecer le resultaba de lo más común. Joaquín Guzmán López lo convocó para resolver un conflicto que involucraba a un opositor local, Melesio Cuén, y al gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, en una pugna relacionada con la Universidad Autónoma de Sinaloa. Al parecer, tan habitual fue la cita que se le solicitó a Zambada que éste último no reparó en lo extraordinario del evento ni en la posibilidad de una traición. La normalización de su participación en la negociación política estatal fue un factor implícito que contribuyó a su captura.

Muchos son los analistas que se han preguntado hasta qué punto Ismael Zambada, en el largo tiempo a la cabeza del Cártel de Sinaloa, se involucró en la resolución de conflictos de orden político o social. Algunos denuncian con vehemencia la complicidad del gobernador Rocha Moya y sus vínculos con el Cártel de Sinaloa. No obstante, estas críticas, aunque justificadas, se limitan a describir la punta del iceberg de un fenómeno estructural. Declaraciones de personalidades políticas y exgobernadores evidencian que los mandatarios locales de Sinaloa han tenido que negociar con el Cártel de Sinaloa sistemáticamente desde hace décadas.

Más aún, investigaciones académicas que abarcan un período más extenso muestran cómo la clase política se ha servido históricamente de la presencia del crimen organizado para resolver conflictos políticos y acceder a fuentes extraordinarias de renta económica. Como han documentado Will Pansters y Benjamin Smith, al menos desde 1940 -es decir, hace más de 80 años- las autoridades de Sinaloa se encargaron de regular el comercio de droga, resolver las pugnas entre las organizaciones criminales y emplear a estos grupos como una herramienta adicional en la resolución de conflictos locales.

Este tipo de experiencias sólo evidencian que la relación de la clase política con el crimen organizado no es una cuestión secundaria ni intermitente, sino más bien un elemento constitutivo de la formación del régimen y de sus instituciones más fundamentales. Amén de las condiciones del sistema internacional que han facilitado la expansión del mercado de drogas y, en consecuencia, la proliferación de organizaciones criminales cada vez más robustas, lo cierto es que el Estado mexicano ha tenido un control históricamente limitado sobre su territorio al tratarse de la extracción fiscal y de la capacidad de garantizar protección a sus ciudadanos. Por lo menos desde la Revolución, el Estado ha tenido que apoyarse en un conjunto de prácticas informales de carácter clientelar y caciquil, permitiéndole controlar ámbitos sociales, políticos y económicos que, por medio de instituciones formales, no le habría sido posible alcanzar.

Gracias al ordenamiento personalista y patrimonialista articulado en torno a las clases políticas locales y a sus “hombres fuertes”, el régimen posrevolucionario estableció un control aparente sobre sus territorios y garantizó una estabilidad relativa que habría sido imposible de instaurar mediante un sistema jurídico coercitivo convencional, es decir, un Estado de derecho. Aunque la regulación de la vida política mexicana por medio de instituciones informales durante la consolidación del autoritarismo mexicano no fue privativa del fenómeno criminal, éste es un componente fundamental para comprender cómo el poder político posibilitó el empoderamiento de los cárteles.

La incapacidad del Estado para modernizar áreas clave como la seguridad, la impartición de justicia o la extracción tributaria le ha orientado a recurrir sistemáticamente a prácticas “ilícitas” complementarias que le ayuden a hacer valer su soberanía mediante mecanismos no convencionales. De este modo, la protección informal estatal de las clases políticas locales (y en ocasiones incluso de la nacional) le asegura al crimen organizado un flujo abundante de ganancias derivadas de mercados ilícitos, así como un dominio tolerado sobre territorios específicos. A cambio, las élites políticas obtienen recursos del mundo informal criminal para apuntalar su autoridad en ámbitos particulares, como el financiamiento de proyectos de infraestructura pública o de los aparatos de seguridad para reprimir discrecionalmente a sus opositores. La corrupción y la impunidad son entonces prácticas informales que al tiempo que debilitan la “cara licita” del Estado, permiten la expansión de la “cara ilícita”. Esta dualidad contradictoria, como el dios Jano, ha contribuido a la supervivencia del Estado mexicano en los tiempos de crisis y a su prosperidad en tiempos de paz.

Desde los tiempos del régimen autoritario posrevolucionario, pasando por el período de la transición y hasta el nacimiento de un nuevo régimen bajo el tutelaje de MORENA, las autoridades políticas se han beneficiado de la interrelación con el crimen organizado. Ese pacto de impunidad sobrevivió a la ola de democratización, e instituciones clave en la implementación de la seguridad pública, como el ejército, las fiscalías estatales, las policías y aun los mandos más altos de la administración federal, ofrecen protección a organizaciones criminales a cambio de rentas provenientes de mercados ilegales.

Desafortunadamente, la relación entre el crimen organizado y el gobierno aún ocupa un lugar discreto en la discusión pública, ínfimo en relación con el papel protagónico que debería tener por sus consecuencias en la inseguridad y la violencia. Aunque experiencias recientes como el “Operativo Enjambre” son positivas en tanto que comienzan a poner el dedo en la llaga, estas medidas son superficiales, pues no atienden a los compromisos partidistas y los intereses políticos locales, que son el mayor factor de resistencia al momento de impartir justicia. Mientras el partido en el poder asuma una posición de cerrazón y se niegue a investigar a actores políticos de alto nivel acusados de involucrarse con el crimen organizado, como es el caso de Chiapas, Sinaloa, Tabasco o Morelos, todo operativo de seguridad orientado a sanear las estructuras político-administrativas será superficial: obedecerá más a una lógica publicitaria que a un verdadero esfuerzo por dislocar de una vez por todas la relación entre el crimen organizado y la clase política mexicana.

* Emiliano Aguilar es analista de seguridad y crimen organizado en Lantia Intelligence, y es licenciado en Relaciones Internacionales por El Colegio de México. Egresado del Diplomado sobre Violencia y Paz, Generación 2024 del Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México.