Organizaciones de la frontera norte piden desclasificar naloxona para evitar muertes por sobredosis
Marcela Nochebuena · 14 de mayo de 2026
La clasificación de la naloxona —también llamada Narcan— como sustancia psicotrópica controlada en la Ley General de Salud mexicana genera y perpetúa barreras burocráticas que impiden el acceso inmediato a un medicamento que revierte sobredosis por fentanilo en segundos.
El consumo de esa sustancia y las potenciales sobredosis son consideradas un problema de salud pública creciente en ciudades de la frontera norte, como Tijuana, Mexicali y Ciudad Juárez. Por ello, las organizaciones Prevencasa, Verter y Programa Compañeros, enfocadas en la reducción de riesgos, urgen al Congreso de la Unión a modificar la ley y desclasificarla.
Hasta hoy, como medicamento controlado, la naloxona puede adquirirse bajo prescripción y cuando está indicada por un médico. El objetivo de las organizaciones es que su disponibilidad sea inmediata frente al incremento de muertes por sobredosis de consumo de opioides sintéticos, como el fentanilo, que se ha extendido sobre todo en los estados del norte de México.
Mediante la consigna “Si el fentanilo ilegal mata, la naloxona salva vidas”, las agrupaciones enfatizan que dicho insumo neutraliza los efectos de una sobredosis de forma casi instantánea y que es una sustancia terapéutica segura y eficiente que carece de propiedades adictivas, por lo que urgen al Congreso de la Unión a retirarla de la lista de sustancias psicotrópicas controladas.
En la Ley General de Salud de México, la naloxona aparece enlistada en el capítulo VI, sobre sustancias psicotrópicas, que se definen como las señaladas en el artículo 245 y aquellas que determine el Consejo de Salubridad General o la Secretaría de Salud. Se clasifican en cinco grupos; la naloxona forma parte de las que tienen amplios usos terapéuticos y constituyen un problema menor para la salud pública, pero sigue sin ser de acceso libre.
“Eso dificulta que tengan acceso a este medicamento tanto las personas usuarias como familiares o cercanas a quienes están en mayor riesgo de sufrir una sobredosis relacionada con el consumo de opioides, así como quienes somos primeros respondientes ya sea en organizaciones que trabajan temas de reducción de daños o como paramédicos de Cruz Roja y otros servicios de emergencia”, explica en entrevista Lourdes Angulo, directora de la asociación Integración Social Verter, en Mexicali, Baja California.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Abuso de Sustancias de Estados Unidos, la naloxona es un medicamento que revierte rápidamente una sobredosis de opioides, al adherirse a sus receptores y bloquear sus efectos. Es capaz de restablecer con rapidez la respiración normal de una persona que lo hace lento o ha dejado de hacerlo por una sobredosis, y no tiene ningún efecto en quien no tiene opioides dentro de su organismo.
Esta sustancia puede y debe administrarse a cualquier persona que muestre señales de una sobredosis por opioides, o cuando se sospecha una. En general, se hace mediante un vaporizador nasal o como inyección intramuscular, subcutánea o intravenosa. En ese país, por ejemplo, su venta libre está aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).
Además, este instituto recomienda que las familias en las que hay una persona que consume opioides tengan naloxona al alcance y pidan a la persona que la lleve consigo, así como informar a los amigos dónde pueden encontrar el medicamento. La página del organismo estadounidense precisa que los agentes de policía, los paramédicos de emergencia y el personal de auxilio inicial están utilizando naloxona más que antes.
El estigma contra la posibilidad de salvar vidas
En contraste, en México es un medicamento que si no se consigue con receta médica, solo llega a estar disponible en hospitales, farmacias especializadas o a través de organizaciones que trabajan en la reducción de riesgos y daños. Eso quiere decir que cuentan con programas de sustitución de jeringas, información y espacios seguros para consumir en compañía, sin compartir utensilios, con desinfección, limpieza y análisis previo de la dosis.
Lourdes Angulo, directora de Verter, que impulsó la primera sala de consumo seguro en México, explica que la mayor parte del medicamento que ellas obtienen proviene, por ejemplo, de donativos de organizaciones de Estados Unidos o Canadá, donde la naloxona no solo es de uso libre, sino que incluso es utilizada como un componente fundamental en campañas que buscan reducir riesgos o prevenir sobredosis. En dos palabras, salvar vidas.
En esos dos países, el medicamento está disponible en farmacias, máquinas expendedoras, centros de salud, centros de consumo supervisado y organizaciones. Canadá incluso tiene uno de los modelos más progresistas: coordinado por Health Canada, se eliminó en 2016 el requisito de la receta, pero además la naloxona debe mantenerse detrás del mostrador, y existen programas financiados para que farmacias y centros comunitarios entreguen kits gratuitos.
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Dado que la naloxona no representa un riesgo para la salud —como lo indica la propia ley mexicana—, desde las organizaciones se percibe que detrás de la reticencia a desclasificarla, persiste en realidad un tema de estigma y criminalización del consumo. Recuerda que incluso cuando se le llegó a preguntar al expresidente Andrés Manuel López Obrador, señaló que usar el medicamento podría implicar prolongar la agonía del consumidor.
Otras personas, refiere Angulo, piensan que se promueve el consumo, lo cual es incorrecto. “Es mucho más el estigma desde la desinformación y esta parte de criminalizarlo, es decir, si consumes es porque no te interesa tu salud, y prácticamente es como si no tuvieras derecho a que hubiera un medicamento que, en caso de sufrir sobredosis, te salvara la vida”, sostiene.
Angulo hace énfasis en que en los países donde está disponible para todas las personas, es un medicamento que salva vidas a diario. Mientras que en Estados Unidos se ha reportado que en determinados periodos, como 2024-2025, la tasa de mortalidad por sobredosis se redujo en un 15.9 % gracias al uso de naloxona, en algunas regiones de Canadá se estima que por cada 10 mil kits del medicamento, las muertes se reducen en un 23.9 %.
“La evidencia lo dice en muchos países: cuando se tiene acceso a la naloxona de manera libre y gratuita vas a reducir el número de muertes por sobredosis. Las sobredosis van a seguir ocurriendo, la diferencia es que vas a reducir el número de posibles muertes”, apunta.
Ante consumo creciente de opioides, la naloxona no puede estar “bajo llave”
La directora de Verter señala que las organizaciones que se ubican en ciudades fronterizas, como Prevencasa en Tijuana, la suya en Mexicali, y Programa Compañeros en Ciudad Juárez, han atestiguado un incremento en la adulteración de opioides con fentanilo, lo que incrementa las probabilidades de sobredosis.
Esto lo han documentado mediante el análisis de sustancias, que hacen desde hace algunos años, mediante tiras rápidas, con las que se puede detectar la presencia de fentanilo. Por lo regular este se encuentra, añade, en sustancias que las personas compraron, como heroína, pero lo contienen de forma adicional, independientemente del que ya se compra con esa denominación.
“A partir de que iniciamos las pruebas rápidas, que más o menos es 2018, es que podemos decir, con evidencia, que las sustancias en estas ciudades fronterizas están adulteradas con fentanilo, y a partir de ahí fue en aumento. Cuando iniciamos solo un porcentaje lo contenían, pero en el transcurso de los años fue aumentando esta prevalencia y en los últimos prácticamente la mayoría de las sustancias están adulteradas con fentanilo, hablando de opioides”, explica.
Aunque no existen datos certeros actualizados a nivel nacional de sobredosis por opioides entre el 1 de enero y el 17 de agosto de 2024 se registraron 85 hospitalizaciones cuyo motivo de egreso fue la defunción relacionada con el consumo de alcohol, múltiples drogas y uso de otras sustancias psicoactivas, disolventes volátiles, opiáceos, cocaína, tabaco, cannabinoides y fentanilo, de acuerdo con el más reciente informe de hospitalizaciones relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas del Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones.
En tanto, la hoja de datos 2025 del mismo organismo señala que en el caso de los opioides, aunque su consumo en México no es elevado en comparación con otros países, en ciertas localidades del norte del país se han posicionado entre las principales drogas de impacto que motivan demanda de tratamiento.
Específicamente respecto de la demanda de atención por consumo de fentanilo, cuya tendencia ha sido creciente entre 2013 y 2023, la hoja señala que en 2024 se registró un menor número de casos —de 518 en 2023 pasaron a 465—. Los solicitantes de tratamiento fueron hombres en su mayoría (84.9 %), con un promedio de edad de 30 años.
“El análisis de fenómenos emergentes como el fentanilo, desde la demanda de atención, permite conocer la ubicación geográfica en la que se concentran los reportes de consumo de esa sustancia y el lugar que ocupa como droga de impacto”, señala ese documento. Por ejemplo, en 2024 ocupó el cuarto lugar en dos entidades, Baja California y Sonora.
Animal Político documentó en la investigación Miedo, castigo y estigma: el fracaso de la política de drogas de AMLOcómo el paradigma prohibicionista en torno a las drogas no ha cambiado; por el contrario, durante el sexenio pasado se registró un aumento en la criminalización de usuarios, un gasto creciente en campañas estigmatizantes y un 97 % de la atención seguía en manos de particulares.
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En tanto, mientras el uso de sustancias se incrementa y diversifica, y es atendido mayormente por modelos residenciales que generan constantes quejas por violaciones a derechos humanos, organizaciones como Verter y Prevencasa impulsan modelos de reducción de riesgos y daños, a veces con pocos recursos, como la disponibilidad de naloxona, y cada vez menos, incluso cuando provienen de donaciones internacionales.
Angulo subraya, además, que después de la desclasificación, el siguiente paso debe ser la discusión para hacer que su costo se reduzca y sea más accesible para todas las personas. “Que se desclasifique es el primer paso, pero también hay que pensar cómo se va a presupuestar el recurso para que pueda ser accesible, y que esté en las organizaciones que trabajamos reducción de daños, en las comunidades, con las personas que son las principales respondientes, no bajo llave”, concluye.