Otro uso del fentanilo: recortar antídotos e imponer aranceles

Desde el principio fue predecible: el fentanilo sería utilizado como chivo expiatorio en la relación entre México y Estados Unidos. Para supuestamente atender la crisis del fentanilo y frenar a los cárteles que lo trafican, el gobierno estadounidense anunció —una vez más— la imposición de aranceles del 30 % a productos mexicanos a partir del 1 de agosto. Aunque por mucho que se encarezca la importación de productos extranjeros dentro de un mercado, con aranceles no se resolverá una crisis de salud.

El gobierno estadounidense apostó por un enfoque contradictorio. Decidió instrumentalizar un problema de consumo local que debe abordarse con estrategias de salud pública, enmarcándolo desde un enfoque de seguridad nacional y atendiéndolo con políticas migratorias.

Articulados con una narrativa antidrogas, los aranceles estadounidenses son empleados como herramientas multipropósito: sirven como una palanca negociadora contra sus socios comerciales, como un mecanismo que endurece las políticas migratorias y como una medida para favorecer a sus sectores económicos inmersos en la guerra y “defensa”. Forman parte de una lógica económica que prospera con los conflictos armados.

Aranceles y una guerra conveniente

Durante los primeros seis meses que acumulan este segundo mandato de Donald Trump, los aranceles adquirieron un protagonismo inusual en la política internacional. Al incrementar artificialmente los precios, estos impuestos a las mercancías importadas obstaculizan que otros países vendan sus productos a consumidores estadounidenses. Pero su verdadero objetivo trasciende a lo comercial: se convirtieron en armas geopolíticas que le permiten justificar medidas autoritarias –tanto en su política exterior como dentro de su propio país– .

Los aranceles de Trump difícilmente alcanzarán los beneficios fiscales prometidos, e incluso se espera que afecten principalmente a su ciudadanía. Sin la capacidad de sustituir inmediatamente gran parte de las importaciones mexicanas –que representan un tercio de los productos hortícolas que abastecen a Estados Unidos– con su propia producción nacional, los aranceles podrían causar desempleo, más desigualdad económica y provocar aumentos de precios en numerosos productos de la canasta básica estadounidense.

Resulta que imponer aranceles inmediatos no es una decisión conveniente como primer objetivo. Sin embargo, al dirigir estas políticas hacia México, logran comprometer las relaciones comerciales de ambos países con el control sobre la migración y el combate del tráfico ilegal de sustancias.

Se trata de una estrategia para aumentar el control fronterizo, que también revive una narrativa que acostumbra a emplearse para justificar acciones desmedidas por parte de los gobiernos: la designación de actores “terroristas”, esta vez hacia los cárteles mexicanos. Más que una medida real contra el narcotráfico, es una designación simbólica, pero sienta un precedente para continuar normalizando la injerencia estadounidense en el país.

Las acciones del presidente Trump apuntan a fortalecer una economía de guerra. A quienes se les contempla facilitar el comercio tras la imposición de aranceles es a los fabricantes de defensa estadounidense y, en este mismo sentido, se beneficiarán de la continuación de los enfrentamientos armados para detener la venta de sustancias ilegalizadas –como el fentanilo– con la exportación de equipos militares.

Mientras, del lado de México las armas empeoran las dinámicas de violencia que impiden el desarrollo e impulsan la migración. Existe una conexión evidente entre las armas y aquellas economías ligadas al “terrorismo”. El factor que más alimenta la incapacidad de los gobiernos para controlar a grupos de crimen organizado, y representa el 74 % del armamento ilegal dentro del país, son las armas estadounidenses.

Así se sostenga que se busca impedir el tráfico de fentanilo en beneficio de la salud y la seguridad, tras el discurso de Trump se protegen los intereses económicos que prolongan las muertes en ambos lados de la frontera. Sobre todo considerando que, fuera de la política exterior, desmantela las herramientas que realmente podrían salvar vidas.

Recortes a soluciones cruciales

Mientras continúan las negociaciones arancelarias, la actual administración estadounidense continúa realizando recortes significativos al presupuesto de salud que contiene la crisis de opioides, con consecuencias directas sobre la población usuaria. Reflejan una contradicción fundamental en su narrativa oficial, pero revelan que para Trump no existe el interés de reducir el consumo ni los daños asociados al uso de fentanilo.

Se tomó la decisión de desmantelar el Departamento de Salud y Servicios Humanos y de recortar los fondos que permiten la disponibilidad de recursos de reducción de riesgos y daños: la naloxona, un medicamento clave para revertir sobredosis por opioides; tiras reactivas para detectar fentanilo, utilizadas para identificar su mezcla en otras sustancias, y programas que brindan educación para la prevención de sobredosis. Las medidas que durante los últimos 12 meses probaron exitosamente su eficacia para la disminución progresiva de muertes por sobredosis empezarán a escasear, a pesar de ser indispensables.

Destaca porque si la administración estadounidense realmente tuviera la voluntad de resolver la emergencia, tendría muchas razones para continuar invirtiendo en estas medidas de prevención y tratamiento. Su desaparición ocasionará un retroceso definitivo en el progreso logrado en la prevención de muertes por sobredosis.

Únicamente confirmará lo que es continuamente señalado sobre la crisis de opioides que Estados Unidos enfrenta. No se explica únicamente por el tráfico de las sustancias, sino por los factores internos que sistemáticamente alimenta: la privatización de su sistema de salud, el alto costo de la vivienda, la falta de seguridad social y los discursos antidrogas que privilegian el castigo sobre la salud. El fentanilo solo es la excusa.