La ruta invisible de los medicamentos en México

Imagina esta escena: tienes 60 años, vives con diabetes tipo 2 desde hace más de una década y necesitas insulina, no como una opción secundaria, sino como un tratamiento indispensable para evitar complicaciones que puedan afectar seriamente tu salud y calidad de vida.

El problema no es si el médico la recetó. La pregunta de fondo es otra: ¿por qué ese medicamento estaría —o no— disponible justo cuando se necesita?

La respuesta comienza mucho antes de que una persona llegue a una unidad médica y continúa, casi siempre de manera invisible, después de salir con una receta en la mano.

Que un tratamiento esté disponible no depende únicamente de la existencia del medicamento, sino de una cadena compleja de decisiones públicas: financiamiento, regulación, capacidad de compra, competencia, distribución y protección financiera.

Cuando esa arquitectura funciona, el tratamiento llega a tiempo. Cuando falla, el costo se desplaza hacia las familias, que deben comprar medicamentos de emergencia; hacia los hospitales, que atienden complicaciones evitables; y hacia el propio sistema público, que termina pagando más por problemas que pudieron prevenirse.

Por eso, hablar de medicamentos no es solo hablar de abasto: es hablar del punto donde una decisión técnica se convierte —o no— en protección efectiva para las personas.

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en América Latina y el Caribe los hogares cubren el 32.4 % del gasto corriente en salud, una cifra superior al umbral recomendado para garantizar protección financiera.

En México, el panorama es todavía más desafiante: las familias cubren directamente cerca del 39 % del gasto en salud, lo que coloca al país entre los niveles más altos de gasto de bolsillo entre los miembros de la OCDE, de acuerdo con Health at a Glance 2025.

A esto se suma que más de una de cada tres personas mayores de 60 años vive con diabetes, según la Ensanut Continua 2021-2024. Cuando el acceso a medicamentos esenciales se interrumpe, el impacto económico y emocional recae directamente en los hogares, particularmente en aquellos con menos margen para absorber gastos inesperados.

Sin embargo, el desafío no radica únicamente en cuánto se gasta, sino en cómo se organiza la capacidad pública para transformar recursos en tratamientos disponibles.

Esa organización comienza incluso antes de cualquier licitación, cuando el sistema decide qué medicamentos financiar. Para ello se requieren evaluaciones de tecnologías sanitarias: análisis sobre evidencia clínica, seguridad y costo-efectividad que permitan priorizar tratamientos de manera eficiente y sostenible.

A esto se añade otro reto histórico: la fragmentación institucional. En México conviven distintos subsistemas de salud con catálogos, presupuestos y cadenas de suministro que no siempre están articulados entre sí. Esta dispersión limita la capacidad de negociación y dificulta la coordinación del abasto.

La compra consolidada busca responder a este desafío al concentrar la demanda pública y fortalecer el poder de negociación del Estado. No obstante, centralizar compras no resuelve automáticamente los problemas.

También se requiere información confiable, planeación de largo plazo, pagos oportunos y mecanismos eficientes de distribución. Sin estas condiciones, el riesgo es trasladar múltiples dificultades locales hacia un cuello de botella más grande y visible.

La competencia en el mercado farmacéutico también es un factor determinante. En sectores con pocos proveedores, las licitaciones pueden terminar reproduciendo las mismas dinámicas año tras año.

Los precios no disminuyen únicamente porque exista un proceso competitivo en papel, sino cuando realmente hay alternativas disponibles.

Esto resulta particularmente relevante en medicamentos de alto costo, donde la propiedad intelectual protege innovaciones legítimas, pero también puede retrasar la entrada de medicamentos genéricos y biosimilares.

Organismos internacionales como la OMS han señalado que estas alternativas son fundamentales para mejorar la asequibilidad sin comprometer calidad ni seguridad.

La pandemia también dejó una lección importante: las cadenas globales de suministro pueden volverse vulnerables cuando la producción se concentra en pocos países.

Fortalecer capacidades regionales de producción puede contribuir a reducir riesgos futuros, siempre que exista regulación sólida, transferencia tecnológica y estándares adecuados de calidad.

El papel de la regulación

En este escenario, la regulación adquiere un papel central. La OMS ha promovido mecanismos como el relianceregulatorio, mediante el cual los países pueden apoyarse en evaluaciones realizadas por agencias internacionales de referencia para acelerar procesos nacionales sin renunciar a sus propios controles.

Reducir tiempos de aprobación puede significar un acceso más rápido a tratamientos y un uso más eficiente de los recursos públicos.

Cada eslabón de esta cadena cumple una función específica: la evaluación define qué financia el sistema; la compra pública transforma esa decisión en capacidad de negociación; la regulación acelera el acceso; y la distribución determina si los medicamentos llegan en condiciones adecuadas y a tiempo.

Porque adquirir medicamentos no garantiza que estos lleguen a las personas. Entre un almacén central y el estante de una unidad médica existen múltiples puntos donde pueden surgir interrupciones.

El reto está en sostener la coordinación de toda la cadena de manera consistente.

Esa persona de 60 años que necesita insulina no piensa en procesos regulatorios ni en mecanismos de compra pública. Piensa en si podrá continuar su tratamiento cuando llegue a su centro de salud. Ahí es donde las decisiones institucionales adquieren un rostro humano.

Un sistema de salud no se mide únicamente por lo que anuncia, sino por su capacidad de garantizar atención efectiva y tratamientos oportunos.

El diagnóstico y la receta son indispensables, pero deben estar acompañados de una cadena que garantice disponibilidad oportuna.

Y México tiene margen para avanzar. Fortalecer la evaluación de tecnologías, coordinar la compra pública, agilizar procesos regulatorios y consolidar sistemas de distribución más trazables permitiría aprovechar mejor los recursos disponibles y reducir fallas evitables.

El objetivo es claro: que el presupuesto público se traduzca en medicamentos disponibles, tratamientos continuos y mayor tranquilidad para las familias.

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Abel E. Zavala es especialista de la Comisión Americana de Salud y Bienestar de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Es químico farmacólogo, maestro en salud pública y doctor en ciencias de la salud con mención en epidemiología. Ha escrito artículos científicos en revistas especializadas, capítulos y libros centrados en el análisis y la reflexión sobre temas de salud desde enfoques epidemiológicos, clínicos, biomédicos y de seguridad social.