Verónica Fajardo · 29 de octubre de 2026
Cancún.- El Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo (CCLQROO) formalizó un convenio de colaboración estratégica con la organización Sinergia Estratégica en Recursos Humanos (SERH) en esta ciudad, con el objetivo de proteger los derechos laborales y prevenir despidos arbitrarios. Asimismo, las autoridades recomendaron a los trabajadores mantenerse alerta ante imputaciones falsas, un esquema frecuentemente utilizado por empresas para evitar la liquidación conforme a la ley, según señaló el director del CCLQROO, Iván Andrés Figueroa Reyna.
La sede municipal de Cancún, comentó el funcionario, recibe entre 200 y 300 personas diariamente para solicitar información, asesoría o dar seguimiento a citatorios. A nivel estatal, la afluencia alcanza aproximadamente a 3 mil personas, correspondiendo el 40 % a Cancún, el 35 % a Playa del Carmen y el resto a Chetumal.
En cuanto a las resoluciones concertadas, resaltó Figueroa Reyna, el 70% de los casos se resuelven mediante la conciliación. En contraste al restante, que opta por la vía judicial, proceso que suele prolongarse debido a una inadecuada asesoría legal, pretensiones elevadas por parte de los empleados o la falta de disposición negociadora de las empresas.
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La mayoría de las solicitudes de asesoría y denuncias corresponden a casos de despido injustificado. Entre las dudas más frecuentes de los trabajadores destaca la continuidad de la cobertura de la seguridad social tras la separación de sus cargos.
Por otra parte, se informó que el CCLQROO también brinda atención a las empresas para resolver inquietudes jurídicas y fomentar negociaciones equitativas, actuando como un tercero mediador e imparcial.
Respecto a las acusaciones infundadas, aclaró que aunque no se han detectado casos directos recientes, es crucial no descartar su ocurrencia: «Es importante reportarlo de manera inmediata y presentar pruebas como testimonios, grabaciones o mensajes de amenaza recibidos; con ello, la dependencia puede intervenir mediante inspecciones a los centros de trabajo».
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Especialistas y abogados laboralistas coinciden en que los esquemas de presión o fraude recurrente frente a los cuales los trabajadores deben actuar de inmediato comprenden:
Imputaciones falsas de delitos: Intimidación mediante amenazas de acción penal por presunto robo o abuso de confianza para forzar la firma de la renuncia.
Actas administrativas prefabricadas: Elaboración de expedientes con falsas faltas o indisciplinas sin respaldo probatorio para simular un despido con causa.
Presión para firmar documentos en blanco o renuncias: Ceder ante estas presiones extingue el derecho a recibir la indemnización constitucional, complicando significativamente la vía legal de restitución.
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En caso de no existir causa legal de separación, el empleador está obligado a cubrir la indemnización constitucional correspondiente a tres meses de salario, además de la prima de antigüedad (12 días por año trabajado) y las partes proporcionales de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional.
Para respaldar cualquier reclamo, se aconseja resguardar contratos, recibos de nómina, listas de asistencia, correos y capturas de pantalla que acrediten la subordinación y relación laboral.
Entre las instancias institucionales de orientación y defensa laboral gratuita en la entidad destacan el CCLQROO (como vía prejudicial obligatoria para conciliar arreglos equitativos) y la Profedet o Subprocuraduría de la Defensa del Trabajo, que otorga representación y patrocinio legal a las personas trabajadoras.
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La iniciativa de reforma al artículo 224 del Código Penal de Quintana Roo, que busca endurecer las sanciones contra quienes presenten denuncias falsas, mejorará la impartición de justicia en la entidad, particularmente en las materias laboral y familiar, afirmó el presidente de la Barra de Abogados de la entidad, Mauro Emmanuel Carmona Díaz de León.
El dirigente del gremio de abogados expuso que en el sector laboral también se registran malas prácticas constantes: “Hay empleadores que inventan señalamientos de robo o falta de probidad para denunciar penalmente a sus trabajadores, presionándolos a firmar la renuncia y así evadir el pago de liquidaciones conforme a la ley”.
Estas acciones no son éticas ni representan el ejercicio profesional de los litigantes afiliados a la Barra de Abogados, añadió el líder gremial. “Es un tema relevante porque expone cómo se utilizan instancias como la Fiscalía General del Estado o el Tribunal Superior de Justicia con intereses ajenos a la justicia”, agregó.
A pesar de que la iniciativa aún no ha sido dictaminada por el Congreso de Quintana Roo, el titular de la organización consideró que la propuesta es viable y positiva, aunque advirtió que su avance requerirá de voluntad política por parte de las bancadas legislativas.