Redacción Animal Político · 19 de mayo de 2026
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, evadió los cuestionamientos sobre el paradero del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y respondió “¿y yo por qué?”.
Desde hace 19 días se desconoce la ubicación del funcionario, quien pidió licencia al cargo ante el Congreso de Sinaloa tras ser acusado por el Departamento de Estado de Estados Unidos de tener presuntos vínculos con el crimen organizado.
—¿Gobernación sabe dónde está Rocha Moya?, le preguntaron.
—¿Yo por qué? Ahora sí que y yo por qué, dijo Rosa Icela Rodríguez.
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Ante la insistencia de los medios de comunicación al concluir la conferencia de prensa del informe sobre búsqueda de personas desaparecidas, la titular de Segob dijo que ella no está haciendo ningún llamado a nadie.
“Yo no estoy haciendo ningún llamado de nada, venimos a hablar. No hago llamados, hoy no fue el tema”, contestó.
“A ver, yo nada más digo, ya dijo la presidenta en la mañanera que hay investigaciones, eso es lo que dijo la presidenta; yo repito lo que dijo en la conferencia, ahora venimos con otro tema”.
La última aparición pública de Rocha Moya fue el 30 de abril, durante un evento de entrega de fertilizantes en el municipio de Navolato.
Un día después, el viernes 1 de mayo, realizó su última publicación en redes sociales, referente a acuerdos con la Comisión Federal de Electricidad y las tarifas de luz. Ese mismo día por la noche se dio a conocer que había solicitado licencia a su cargo mientras se realizan las investigaciones.
El sábado 9 de mayo, una casa propiedad de Rocha Moya fue atacada a balazos en la colonia Las Quintas, en Culiacán. El inmueble se encontraba deshabitado y no se reportaron personas heridas.
Cabe destacar que el gobernador con licencia cuenta con protección federal tras un análisis de riesgos, dieron a conocer tanto la presidenta Sheinbaum como el secretario García Harfuch.
El pasado 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación formal contra once funcionarios —actuales y anteriores— de Sinaloa, entre quienes se encuentra el gobernador en funciones, Rubén Rocha Moya, y mandos de corporaciones policiales estatales y municipales.
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De acuerdo con la fiscalía estadounidense, los acusados presuntamente conspiraron con líderes del Cártel de Sinaloa para importar grandes cantidades de drogas a Estados Unidos a cambio de protección política, apoyo institucional y sobornos millonarios.
En la acusación se señala a Ruben Rocha Moya, Enrique Inzunza Cazarez, Enrique Díaz Vega, Damaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Aviles, Alberto Jorge Contreras Nunez, identificado como “Cholo”, Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipolito, alias “Tornado”, Juan de Dios Gámez Mendivil y Juan Valenzuela Millan, alias “Juanito”, por delitos de tráfico de drogas y conductas relacionadas con armas de fuego.
La acusación afirma que los 11 señalados participaron en una conspiración corrupta y violenta, en la que protegieron a los líderes del Cártel de Sinaloa frente a investigaciones, arrestos y procesos judiciales; proporcionaron información confidencial de fuerzas de seguridad y del Ejército a narcotraficantes aliados; instruyeron a agentes de corporaciones estatales y municipales para custodiar cargamentos de droga; y permitieron que se cometieran actos de violencia sin consecuencias. A cambio, habrían recibido millones de dólares en sobornos.
También se asegura que todos los acusados han mantenido una colaboración estrecha con la facción de Los Chapitos, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, los señalados operaban en diversos niveles del gobierno y las fuerzas del orden para facilitar las operaciones de esa facción.

El exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, se declaró no culpable en la audiencia inicial ante la Corte federal de Nueva York celebrada el viernes. El general compareció ante las autoridades judiciales de Estados Unidos para conocer sus cargos después de haberse entregado el pasado 11 de mayo.
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El exfuncionario es acusado por el Gobierno de Estados Unidos de haber recibido sobornos de parte del Cártel de Sinaloa para no interferir en sus operaciones mientras estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad estatal.
Asimismo, enfrenta cargos por conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos; conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.
La Oficina de Prisiones de Estados Unidos informó que fue trasladado a la prisión de Brooklyn.
Mérida Sánchez dejó el cargo como secretario de Seguridad estatal en diciembre de 2024 en el contexto de cambios en la estructura de seguridad estatal. Su salida se dio tras una solicitud de renuncia por parte del gobernador Rubén Rocha Moya.

Por otra parte, el exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa en el gobierno de Rubén Rocha Moya, Enrique Díaz Vega, señalado por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, se entregó a autoridades de Estados Unidos, de acuerdo con diversos medios de comunicación.
La acusación interpuesta en el Tribunal de Distrito de EU el pasado 29 de abril señala que Enrique Díaz sería uno de los 11 funcionarios del gabinete de Rocha que “ayudaron a los líderes de Los Chapitos a colocar a funcionarios corruptos para proteger las operaciones de tráfico de drogas y actuaron como enlaces entre los líderes de los Chapitos y Rocha Moya”.
Díaz presuntamente se encontraba en Europa y viajó a Nueva York para ponerse a disposición de las autoridades.
Díaz Vega es señalado por los delitos de conspiración para la importación de narcóticos y por posesión y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos explosivos.
