"No convertiremos a Morena en el payaso de las cachetadas”: Ignacio Mier sobre caso Rocha Moya
Andro Aguilar · 6 de mayo de 2026
Representantes de la oposición demandaron que se procese penalmente al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, tras las acusaciones de vínculos criminales realizadas por el gobierno de Estados Unidos contra él y nueve personas más.
En la primera sesión de la Comisión Permanente del Congreso, legisladores de PAN y PRI exigieron al gobierno federal que no proteja al gobernador y lo extradite a Estados Unidos. Advirtieron que, de no hacerlo, quedará confirmada una alianza entre Morena y grupos criminales. Movimiento Ciudadano, en tanto, llamó a que el sinaloense sea juzgado por autoridades mexicanas para no vulnerar la soberanía de México.
Los representantes de Morena, en cambio, solicitaron pruebas sobre los señalamientos del gobierno estadounidense, que calificaron como “indicios”, y argumentaron que Estados Unidos violó la privacidad del proceso judicial.
Lee: SRE envió nota diplomática a EU para exigir pruebas de acusación contra Rocha Moya, dice Sheinbaum
Tanto PAN como PRI acusaron que los resultados de las elecciones de 2021, en las que fue elegido Rubén Rocha Moya, estuvieron determinados por el crimen organizado y acusaron al gobierno federal de proteger a narcotraficantes.
El PAN demandó que el gobierno federal arreste a Rocha Moya para ser entregado a Estados Unidos. Además, exigió que se le haga un juicio político y que el Senado declare la “desaparición de poderes” en Sinaloa, lo que significaría remover de manera legal a las autoridades estatales por presuntamente haber perdido el control o pactado con el crimen.
Los representantes del PAN pidieron también que los funcionarios acusados que no han pedido licencia —como el senador Enrique Inzunza Cazares— se retiren del cargo y enfrenten la justicia.
“Hoy hay evidencias, hay pruebas contundentes para sostener que Morena se convirtió en un narcopartido, en el brazo político de cárteles de la droga”, dijo el senador panista Ricardo Anaya.
PRI pide clasificar a Morena como “terrorista”
En tanto, como ya lo había adelantado, el PRI insistió en que el Instituto Nacional Electoral (INE) le quite el registro a Morena como partido político, con el argumento de que han operado como un brazo político del crimen organizado.
En una conferencia, el PRI acusó a Morena de mantener presuntos vínculos con organizaciones criminales y solicitó de manera formal al gobierno de Estados Unidos que sea declarado como una organización terrorista.
Sigue leyendo: PRI pide a EU declarar terrorista a Morena; “por eso están en el basurero de la historia”, responde Ariadna Montiel
“A Rocha Moya lo tienen que entregar a la justicia, lo tienen que extraditar, porque si no, están en contubernio con el crimen organizado”, dijo el senador Alejandro Moreno.
El coordinador de su bancada en el Senado informó que presentaron un documento ante el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, con el argumento de que, conforme a la Ley Patriota y otras disposiciones legales, autoridades estadounidenses pueden clasificar a personas u organizaciones como terroristas.
El legislador citó el caso del partido Batasuna de España, declarado en 2003 como organización terrorista por presuntamente ser el brazo criminal de la organización ETA.
El líder del PRI estuvo acompañado de legisladores locales y federales de su partido en Sinaloa, que describieron que el estado vive más de un año marcado por la violencia, crisis económica y el control de grupos criminales.
Movimiento Ciudadano demanda juicio en México
A diferencia de PAN y PRI, Movimiento Ciudadano insistió en que buscarán que el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya sea juzgado en México y enfrente un juicio en el país. Argumentaron que depender de que un gobierno extranjero haga el trabajo de la justicia mexicana significaría una irresponsabilidad y un peligro para la soberanía del país.
“A diferencia de otros grupos, nosotros creemos que Rubén Rocha Moya debe ser juzgado en México. Que por supuesto tomamos con mucha relevancia y mucha seriedad las acusaciones que se le hacen, pero al mismo tiempo le exigimos a las autoridades mexicanas que actúen en consecuencia”, dijo Clemente Castañeda, coordinador de los senadores.
Movimiento Ciudadano, sin embargo, advirtió que en Sinaloa ya no existe una frontera o límite entre el gobierno y el crimen organizado y que el crimen organizado controla desde las instituciones de seguridad hasta negocios como el agua potable y los precios de los mariscos.
Los representantes de MC enfatizaron que la solicitud de licencia de Rocha Moya no basta, ya que en cualquier momento podría regresar y volver a usar su fuero para evitar ser arrestado.
El coordinador de ese partido en el Senado, Clemente Castañeda, reclamó a la presidenta Claudia Sheinbaum de justificar a sus compañeros de partido.
“Lo que nos parece sorprendente es que no obstante la cantidad de historias que hay en el pueblo de Sinaloa, la cantidad de acusaciones que se han ventilado por parte de Estados Unidos, hasta este momento la presidenta de la República, la Jefa del Estado mexicano, lo digo con mucho respeto, siga asumiendo una posición más de justificación, más de tapadera, que de tomar con toda decisión el tema que se ha puesto sobre la mesa”.
Morena dice que no será “el payaso de las cachetadas”
En tanto, el coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco, mantuvo la defensa de su partido Morena y la exigencia de pruebas ante las acusaciones del gobierno de Estados Unidos.
El senador argumentó que el Departamento de Justicia de EU solo ha presentado “indicios”, pero no pruebas contra Rocha Moya y las otras nueve personas. Argumentó que la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Fiscalía General de la República confirmaron que no hay evidencias consistentes.
El legislador añadió que Estados Unidos violó la privacidad del proceso judicial, por lo que el gobierno mexicano presentara un extrañamiento.
“Tenemos el respaldo del pueblo de México, tenemos su confianza, estamos en contra de la impunidad, pero no vamos a convertir a nuestro movimiento en ‘el payaso de las cachetadas’, no lo vamos a permitir, porque tenemos una deuda social, política con el pueblo de México”.
Al ser cuestionado sobre por qué el senador Enrique Inzunza no se presentó a la Comisión Permanente del Senado, Mier justificó que simplemente “no fue convocado”.
“Lo que está pidiendo el gobierno de México y los integrantes del Senado mexicano de la coalición es que presenten pruebas, nadie puede estar por encima de la ley, no puede haber impunidad, para nadie… Pero indicios no es prueba, tienen que presentarlo conforme a lo que establece”.
Debate sobre Sinaloa revive caso de agentes de la CIA en Chihuahua
Con una veintena de participaciones, el debate formal en el salón de plenos fue intenso. Por un lado, representantes del oficialismo defendieron la presunción de inocencia, el Estado de derecho y la soberanía de México frente a lo que consideran un intervencionismo de Estados Unidos.
Por el otro, integrantes de la oposición exigieron que no se encubra a las personas señaladas por el gobierno estadounidense por presuntos vínculos con el narcotráfico y reprocharon la ausencia del senador Enrique Inzunza Cazares, quien no se presentó a la sesión a pesar de ser titular de la Comisión y es uno de los políticos acusados por Estados Unidos.
El caso de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, y la participación de agentes extranjeros en un operativo en su estado fue utilizado por los legisladores de Morena y el PT como un contraataque frente a las acusaciones de la oposición sobre el caso de Sinaloa.
Entérate: FGR cita a declarar a 50 personas por operativo con agentes de la CIA en Chihuahua
Los legisladores de Morena y el PT se enfocaron en exigir que se respete el tratado de extradición que requiere pruebas fehacientes, defender la soberanía nacional contra intervenciones extranjeras y celebrar que Rocha Moya haya pedido licencia para ser investigado. Además, defendieron la presunción de inocencia de los acusados.
“El gobernador de Sinaloa y el alcalde de Culiacán solicitaron licencia para facilitar las investigaciones. ¿Eso es proteger a los suyos? No. Eso es un gobierno que funciona, eso es un movimiento que actúa con principios…”, defendió la diputada Beatriz Andrea Navarro Pérez, de Morena.
Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena, argumentó que la defensa de su movimiento no es contra una o varias personas, sino a favor de la autonomía de México.
“Ustedes están faltando a la verdad cuando dicen que estamos defendiendo a alguien. Sí estamos defendiendo a la independencia, a la soberanía nacional, al debido proceso, a la legalidad, a nada más y a nada menos que eso”, acusó el senador Gerardo Fernandez Noroña.
Los legisladores de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano acusaron a Morena de operar como un “narcoestado” y de proteger a criminales. Insistieron en que las acusaciones de Estados Unidos son formales. También criticaron la ausencia del senador Enrique Inzunza; lo tacharon de cobarde por no acudir a la sesión a dar la cara ni pedir licencia para enfrentar las acusaciones.
El diputado Gibrán Ramírez Reyes, de Movimiento Ciudadano, se enfocó justo en la relación entre el legislador ausente y el gobernador con licencia.
“Su operador principal desde el Poder Judicial fue el senador Inzunza, que no vino a dar la cara, aunque le pregunté si vendría y le dije que aquí nos veíamos y él contestó que sí”.
La priista Carolina Viggiano acusó a Inzunza de ser incongruente al decirse inocente pero evitar presentarse en el Congreso.
“El senador Inzunza lo sabe muy bien, sabe que la cuerda se revienta por lo más delgado, por eso no viene”.
El diputado del PAN, Marcelo de Jesús Torres Cofiño, enfatizó que no se trata de un caso aislado sino de un problema sistemático.
“No estamos hablando de una manzana podrida, no estamos hablando de corrupción menor, estamos hablando de acusaciones formales, penales, presentadas por autoridades federales de los Estados Unidos […] contra Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza, Juan de Dios Gámez Mnedívil, y otros más”.
“Lo que menos necesita México en estos momentos es que se utilicen conceptos como la defensa de soberanía, la presunción de inocencia o la falta de elementos probatorios para cerrar filas con quienes tienen una acusación encima”, dijo el coordinador de Movimiento Ciudadano Clemente Castañeda.
El senador Óscar Cantón Zetina acusó al gobierno de Chihuahua a su gobierno de Chihuahua de confesar la participación extranjera y lo calificó como traición a la patria.
El diputado morenista Arturo Ávila Anaya señaló que el operativo en esa entidad fue una farsa, ya que no hubo criminales capturados: “Maru Campos que no ha podido explicar qué hacía con agentes extranjeros en un claro operativo simulado, sin detenidos y sin confiscaciones, un solo laboratorio de dos mil 300 que ha desmantelado el gobierno de México…”.
Su compañera de partido, la senadora Julieta Ramírez resaltó acusó de hipocresía a la oposición al exigir renuncias en Sinaloa, mientras protegen a la gobernadora de Chihuahua
“La gobernadora de Chihuahua María Eugenia Campos violó la Constitución y las leyes de este país. No es ninguna mentira. ¿Por qué no le piden a la gobernadora de Chihuahua que dé la cara cuando el Senado la invitó a tener una conversación?”.
El PAN dijo que el tema de Chihuahua es usado como un distractor: “Es lamentable querer comparar un gobierno como el de Maru Campos… Y esto debiera ser contrario porque tenemos a una gobernadora dando la batalla, defendiendo los intereses de los chihuahuenses…”, dijo el senador del PAN José Máximo García López.