Andro Aguilar · 15 de octubre de 2026
Un grupo de personas juzgadoras en retiro se reunió con la Comisión de Justicia del Senado para exigir el pago de sus indemnizaciones y pensiones complementarias pendientes tras la entrada en vigor de la reforma al Poder Judicial de la Federación.
El artículo décimo transitorio de la reforma constitucional garantiza el respeto total a los derechos laborales de las y los trabajadores del Poder Judicial. Señala que las personas juzgadoras que concluyan su encargo por haber declinado su candidatura o no resultar electos tienen derecho a indemnización equivalente a tres meses de salario, más 20 días de sueldo por cada año de servicio prestado, además de prestaciones y pensiones. Así como el pago de sus demás prestaciones laborales y de pensiones complementarias con recursos federales. Sin embargo, los pagos siguen pendientes para decenas de ellas.
En la reunión, la magistrada en retiro Elba Sánchez Pozos, de la Asociación de Personas Juzgadoras en Retiro, explicó que la falta de pago afecta a unos 200 juzgadores, 80 sin indemnizaciones y 120 sin pensiones.

Sánchez Pozos destacó que el problema se debe a la interpretación restrictiva que hace el Órgano de Administración Judicial. Explicó que al iniciar la reforma el 16 de septiembre de 2024, no existían reglas de procedimiento. Muchos declinaron ante el Consejo de la Judicatura Federal, pero un mes después el Senado estableció que debía hacerse ante esa Cámara. A personas juzgadoras que manifestaron no participar en las elecciones se les frenó el pago porque sus escritos no usaron expresamente la palabra “declinar”.
La magistrada señaló que las pensiones complementarias existen desde 1996 y responden al alto riesgo y a las intensas jornadas de trabajo en áreas como la materia penal; advirtió, además, que la Ley de Amparo les impide promover juicios contra las decisiones del órgano administrativo judicial, lo que los deja sin vías de defensa.
El presidente de la Comisión de Justicia, el senador Javier Corral Jurado, afirmó que el Congreso debe responder de los cambios legales que realizaron y atender el reclamo: “hacernos cargo de lo que hemos aprobado”.
En la reunión, Corral planteó crear un grupo técnico para revisar cada caso y entablar diálogo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Presidencia de la República para autorizar los fondos necesarios.
En entrevista previo a la sesión aseguró que a los juzgadores, el legislador reconoció que a las personas juzgadoras “les asiste la razón” y que el Senado debe honrar sus reformas.

Ante el argumento de falta de recursos, enfatizó que “el presupuesto es el mayor instrumento de voluntad política”. Además, propuso que las leyes secundarias otorguen autonomía presupuestal a los órganos del Poder Judicial para garantizar su independencia.
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Entre las propuestas para dar solución al conflicto está también la de proponer un Punto de acuerdo en el Senado para que el Órgano de Administración Judicial resuelva los reclamos y realice los pagos adeudados.
También se propuso conformar un equipo especializado que examine caso por caso la situación de las personas juzgadoras.