Lineamientos para audiencias no censuran: CNDH

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) aseguró en un pronunciamiento que es “curioso” que quienes más acusan de censura al intento por fortalecer el Estado de Derecho y la democracia, son quienes se han beneficiado económica y políticamente de difundir, sin consideración de las audiencias “y en su directo detrimento, mentiras, tergiversaciones y opiniones particulares o de grupo, como verdades absolutas e incuestionables”.

De esta manera, el organismo defensor de derechos humanos cuestionó a quienes califican de “censura” los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias.

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Indicó que el bulo, la mentira y los discursos de odio y discriminación no pueden considerarse información ni quedar cobijados por las libertades de expresión.

Asimismo, negó que el gobierno se convierta en juez con el fin de determinar qué es verdad y qué es mentira en los medios, que intervenga en las decisiones editoriales o contenidos informativos, ni que se sancione a los concesionarios por lo que difunden.

De acuerdo con la CNDH, las disposiciones que se proponen no implican censura, como se ha dicho, ni facultan a la autoridad para imponer una verdad única, opiniones determinadas o castigar el periodismo crítico o de investigación. “Por el contrario, están concebidas para fortalecer el derecho a la información que reclaman las y los mexicanos, así como la transparencia y la rendición de cuentas a que están obligados quienes explotan, mediante concesiones, un bien público”.

“En en tiempos como los que vivimos no podrían concebirse normas o lineamientos que no partan del principio de garantizar a los medios los derechos humanos, entre otros el ejercicio de la libertad de expresión, la libertad programática, la libertad editorial y, por ende, el respeto pleno a sus contenidos”, aseguró en el documento.

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“La libertad de expresión no es el derecho a decir mentiras”, indicó el organismo a cargo de Rosario Piedra Ibarra.

Asimismo, la CNDH recalcó que la protección de los derechos de las audiencias constituye un paso necesario hacia un modelo de comunicación en el que el poder de quienes emiten mensajes se equilibre con los derechos de quienes los reciben, garantizando información veraz, plural, contextualizada y claramente diferenciada de la publicidad, la propaganda y las opiniones.

Medios públicos y privados

Sobre medios públicos y privados, la CNDH detalló que la radiodifusión es un servicio público de interés general fundamental para la construcción de ciudadanía y la consolidación de una identidad cultural. En ese contexto, sostuvo que los medios públicos de comunicación no deben actuar como meros voceros del poder y que los particulares y empresas concesionarias de radio y televisión mantienen una responsabilidad social que debe trascender la lógica mercantil y los intereses particulares.

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Consideró necesario fortalecer la Defensoría de las Audiencias, el derecho de réplica y canales institucionales independientes para que las personas puedan expresar inconformidades relacionadas con violaciones a sus derechos en transmisiones públicas y privadas.

Asimismo, planteó la necesidad de diferenciar entre información noticiosa y opiniones personales, contar con contenidos que reflejen la diversidad social, cultural, étnica y lingüística del país y evitar que las preferencias políticas de los emisores determinen los contenidos.

Otro de los puntos señalados es la desigualdad entre los grandes grupos comerciales y los medios públicos, comunitarios, indígenas, sociales y afromexicanos ya que al aplicar las mismas obligaciones y sanciones a todos podría afectar especialmente a proyectos con recursos limitados y terminar perjudicando la pluralidad mediática.

Los nuevos lineamientos sobre los derechos de las audiencias en México abren nuevamente el debate sobre los límites entre la regulación de los medios de comunicación y la libertad de expresión.

Mientras el gobierno sostiene que busca garantizar el acceso de las personas a información que marque diferencia entre hechos y opiniones y fortalecer los mecanismos de protección para las audiencias, organizaciones, especialistas y comunicadores advierten que algunos de sus alcances pueden traducirse en restricciones para el ejercicio periodístico.  En esta contamos más.