Así operaba esquema que permitió a los Hernández Casillas obtener contratos electorales millonarios
Animal Político · 5 de noviembre de 2026
Durante 27 años, los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas desarrollaron una red de empresas que presuntamente simulaba competencia en licitaciones de organismos electorales para concentrar contratos públicos en un mismo grupo empresarial.
El mecanismo consistía en presentar varias compañías como competidoras, acordar cuál ofrecería el precio más bajo para ganar cada procedimiento y, una vez recibido el dinero, dispersar los recursos entre otras sociedades para ocultar a los beneficiarios finales.
La investigación presentada este jueves por Raquel Buenrostro, secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, documentó que entre 2014 y 2023 estas empresas obtuvieron más de 2 mil millones de pesos en contratos en 23 de los 32 organismos electorales locales y, entre 2024 y 2025, otros 646 millones en 15 entidades.
Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, Buenrostro explicó que la red empresarial tenía vínculos entre sus socios, administradores y representantes legales, lo que permitía que compañías formalmente distintas participaran en las mismas licitaciones sin competir realmente entre ellas.
La coordinación consistía en decidir cuál presentaría la propuesta económica más baja y obtendría el contrato, mientras las demás intervenían para aparentar que existían varias ofertas independientes.
“Lo que hacían es que entraban a las licitaciones, pero como ellos tienen conocimiento de todas las empresas, pues simulaban con los precios, ya se ponían de acuerdo quién iba a ganar”, explicó la secretaria.
De esta manera, aunque los procedimientos registraban la participación de distintas compañías, el beneficio económico terminaba en manos de los mismos empresarios. “Pero todas las empresas, aunque participaban muchas empresas en teoría, pues al final el beneficiario final eran los mismos hermanos Casillas en todos los casos”, señaló.
La investigación identificó que el esquema no se limitaba a la simulación de competencia. Una vez que las empresas obtenían los contratos y recibían los recursos públicos, el dinero era transferido a otras sociedades y posteriormente distribuido entre más compañías, con el propósito de dificultar el rastreo de las operaciones y ocultar quiénes se beneficiaban realmente.
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El mecanismo: competir entre empresas del mismo grupo
El primer paso del esquema era la participación de varias empresas relacionadas con los hermanos Hernández Casillas en los procedimientos de contratación de los organismos electorales.
Aunque las compañías aparecían como proveedores distintos, la investigación encontró vínculos entre sus integrantes y estructuras corporativas. Esto les habría permitido coordinar las propuestas económicas para determinar previamente cuál de ellas ganaría cada licitación.
El mecanismo consistía en acordar qué empresa presentaría el precio más bajo. Con ello, el procedimiento podía mostrar distintas ofertas y aparentar competencia, aunque la decisión sobre quién obtendría el contrato ya estuviera acordada entre las compañías.
El resultado era que los organismos electorales contrataban formalmente a diferentes proveedores, pero los recursos terminaban concentrados en un mismo grupo empresarial.
Entre las principales compañías identificadas en los contratos de 2014 a 2023 están Formas Finas y Materiales, Cajas Graf, Cerlaz de México, Corporativo SEC y Formas Finas Fernando Fernández.
La investigación también identificó a los integrantes de las estructuras corporativas. José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas aparecen relacionados con distintas empresas, junto con familiares que participan como socios, administradores o representantes legales.
Buenrostro explicó que José Alfredo Hernández Casillas dejó en años recientes parte del control formal de las compañías a sus hijos, entre ellos Raymundo Hernández Velázquez y Tatiana Patricia Hernández Velázquez. Esta última participa en cuatro de las empresas identificadas, al igual que Raymundo.
La funcionaria presentó información del Sistema Integral de Gestión Registral para mostrar las relaciones entre los socios y representantes legales, así como los vínculos familiares que conectan a las distintas compañías.
El dinero se dispersaba entre otras empresas para ocultar a los beneficiarios
El segundo paso del mecanismo comenzaba después de que las compañías obtenían los contratos y recibían los recursos públicos.
Según Buenrostro, las empresas que aparecían como proveedoras de los organismos electorales transferían el dinero a otras sociedades, que a su vez lo distribuían entre más compañías. La intención de estas operaciones era dificultar la identificación de los beneficiarios finales.
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La secretaria describió una estructura en la que una empresa recibía los recursos y los repartía entre otras diez, que posteriormente realizaban nuevas transferencias a otras sociedades.
“Lo que se observa es que todas estas empresas funcionan como empresas fachada”, sostuvo.
Explicó que las compañías identificadas recibían recursos de contratos con el INE y otras autoridades públicas, pero posteriormente los transferían a otras empresas para dispersarlos.
La investigación también encontró características compartidas entre las sociedades que recibían o participaban en estas operaciones: algunas tenían los mismos domicilios y números telefónicos, no declaraban empleados y tampoco acreditaban capacidad técnica para realizar los servicios o producir los materiales por los que obtenían contratos.
“Las empresas no declaran empleados, no declaran capacidad técnica. Muchas de las empresas tienen la misma dirección, el mismo teléfono”, detalló Buenrostro.
Otro elemento identificado en las rutas del dinero fue la participación de personas de hasta 96 años y jóvenes de 18 años, quienes presuntamente podrían haber sido utilizados como prestanombres o mediante el robo de identidad para ocultar a los verdaderos beneficiarios.
La funcionaria señaló que estas características, junto con la dispersión de recursos entre empresas sin trabajadores ni capacidad operativa acreditada, corresponden a patrones observados en investigaciones sobre lavado de dinero y facturación irregular.
Una red que obtuvo contratos en 23 organismos electorales
La investigación reconstruyó la actividad de las empresas durante distintos periodos y encontró que el esquema se mantuvo después de la reforma electoral de 2014, cuando el Consejo General del INE adquirió la facultad de designar a los consejeros de los organismos electorales de las 32 entidades.
Entre 2014 y 2023, las compañías relacionadas con los hermanos Hernández Casillas consiguieron contratos por más de 2 mil millones de pesos en 23 organismos electorales locales.
Después de ese periodo, la red continuó obteniendo contratos. Entre 2024 y 2025, las empresas recibieron otros 646 millones de pesos en 15 entidades.
Buenrostro advirtió que los montos presentados corresponden a los contratos que pudieron localizarse mediante fuentes abiertas, principalmente la Plataforma Nacional de Transparencia y Compranet histórico. Por ello, podrían aumentar cuando la ASF concluya sus revisiones, debido a que no todos los organismos publican la totalidad de sus procedimientos y contratos.
La secretaria destacó que en 2015, pese a ser un año electoral, los registros consultados muestran pocos contratos y montos, por lo que consideró que las auditorías podrían arrojar cifras mayores.
El origen: los hermanos trabajaron en Gobernación y el Cisen
La investigación también reconstruyó cómo los hermanos Hernández Casillas comenzaron su trayectoria en la administración pública y quién fue el funcionario que los incorporó al gobierno federal.
De acuerdo con Buenrostro, José Alfredo y Raimundo Hernández Casillas ingresaron al Registro Nacional de Población (Renapo), en la Secretaría de Gobernación, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. José Alfredo fue secretario particular de Juan Carlos Padilla Aguilar, entonces director general de esa dependencia.
En 1989, los hermanos se trasladaron al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). Padilla Aguilar ocupó un cargo directivo; José Alfredo continuó como su secretario particular y Raimundo se incorporó al área de investigaciones.
Posteriormente, Padilla Aguilar se trasladó al Estado de México, donde ocupó distintos cargos, entre ellos el de secretario de Obras entre 1989 y 1993. Los hermanos dejaron la administración pública y comenzaron a constituir empresas.
En 1999, mediante Cartonera Plástica, iniciaron su participación como proveedores de materiales y servicios electorales en el Estado de México. En 2005, un contrato relacionado con los empresarios provocó un escándalo en el Instituto Electoral de esa entidad que derivó en la renuncia de siete consejeros electorales.
Entre 2012 y 2013, los hermanos comenzaron a diversificar sus actividades mediante la creación de más compañías, antes de que la reforma electoral de 2014 modificara las atribuciones del INE y la integración de los organismos electorales locales.
Buenrostro señaló que Padilla Aguilar es el vínculo que permite explicar el origen de los empresarios en la administración pública. También expuso que, después de ocupar otros cargos gubernamentales, el funcionario encabezó en 2022 el Frente Cívico Nacional en el Estado de México y actualmente está vinculado con el partido Somos.
En ese partido participan también Marco Antonio Baños, como representante suplente ante el INE; Edmundo Jacobo Molina, como titular del Centro de Formación y Profesionalización Política, y Lorenzo Córdova, como integrante del Consejo Consultivo Ciudadano.
La presidenta Claudia Sheinbaum retomó estos antecedentes para señalar que la red empresarial no surgió durante la gestión de Guadalupe Taddei, sino que tenía una trayectoria de varias décadas y se fortaleció entre 2014 y 2023, cuando Lorenzo Córdova encabezó el INE.
La mandataria cuestionó que las empresas hubieran mantenido contratos con los organismos electorales durante ese periodo y recordó que el Consejo General del INE tenía la facultad de nombrar a los consejeros de las 32 entidades.