Buenrostro señala nexos de Somos con exfuncionario ligado a los hermanos Hernández Casillas
Animal Político · 5 de noviembre de 2026
La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, identificó a Juan Carlos Padilla Aguilar como el funcionario que introdujo a los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas en la administración pública durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y quien actualmente milita en el partido Somos, donde también participan los exintegrantes del Instituto Nacional Electoral (INE) Lorenzo Córdova, Marco Antonio Baños y Edmundo Jacobo Molina.
Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum de este jueves, Buenrostro explicó que Padilla Aguilar fue superior jerárquico de los hermanos Hernández Casillas en el Registro Nacional de Población (Renapo) y el entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), antes de que ambos dejaran el servicio público para convertirse en empresarios y comenzar a obtener contratos de organismos electorales.
La funcionaria destacó que Padilla Aguilar encabezó en 2022 el Frente Cívico Nacional en el Estado de México y actualmente forma parte de Somos, organización política en la que coincide con antiguos funcionarios del INE. Precisó que Córdova participa en el Consejo Consultivo Ciudadano; Baños es representante suplente del partido ante el INE, y Jacobo Molina dirige el Centro de Formación y Profesionalización Política.
Buenrostro expuso estos vínculos como parte de los antecedentes de la red empresarial relacionada con los hermanos Hernández Casillas, cuyas compañías obtuvieron más de 2 mil millones de pesos en contratos de 23 de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) entre 2014 y 2023, periodo en que Córdova presidió el Consejo General del INE y ese órgano designó a los consejeros electorales de las entidades.
La presidenta Claudia Sheinbaum también destacó la coincidencia entre Padilla Aguilar y los antiguos funcionarios electorales en Somos. Cuestionó que el funcionario que incorporó a los hermanos Hernández Casillas al gobierno y posteriormente trabajó en administraciones priistas sea ahora integrante de la misma organización política que los exintegrantes del INE.
“Bueno, el que los lleva a trabajar al Cisen, el que después se va a trabajar al Estado de México, que es Juan Carlos Padilla Aguilar, que trabaja en los gobiernos del PRI, ¡oh, sorpresa!, en 2022 sale en la organización de (Guadalupe) Acosta Naranjo como su representante en el Estado de México y o sorpresa hoy es uno de los militantes más destacados del partido Somos”, dijo Sheinbaum.
De Renapo y el CISEN a los contratos electorales
Al presentar los antecedentes de los hermanos Hernández Casillas, Buenrostro indicó que la información más antigua localizada por la dependencia corresponde a hace 27 años y que los registros permiten reconstruir su paso por distintas áreas de la administración pública y su posterior incursión en el sector empresarial.
José Alfredo Hernández Casillas comenzó a trabajar en la Secretaría de Gobernación como secretario particular del director general del Registro Nacional de Población, Juan Carlos Padilla Aguilar. En 1989, ambos pasaron al entonces Cisen, donde Padilla ocupó un cargo de segundo nivel y José Alfredo continuó como su secretario particular. Por su parte, Raymundo Hernández Casillas se incorporó al área de investigaciones.
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En ese momento, Carlos Salinas de Gortari era presidente de México, Fernando Gutiérrez Barrios encabezaba la Secretaría de Gobernación y Jorge Carrillo Olea estaba al frente del Cisen. Buenrostro explicó que entonces la Secretaría de Gobernación concentraba las responsabilidades en materia electoral, pues todavía no existían los institutos electorales con la estructura que adquirieron posteriormente.
La secretaria señaló que Padilla Aguilar dejó el Cisen y se trasladó al Estado de México, donde ocupó la Secretaría de Obras entre 1989 y 1993, además de desempeñar otros cargos en la administración estatal. Posteriormente, regresó al gobierno federal durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando fue delegado regional en Aguascalientes, Colima, Jalisco, Michoacán, Querétaro y Zacatecas.
Mientras tanto, los hermanos Hernández Casillas dejaron el servicio público y comenzaron a constituir empresas. En 1999, mediante una compañía denominada Cartonera Plástica, empezaron a participar como proveedores de materiales electorales en el Estado de México.
Buenrostro recordó que después de la reforma electoral de 1996, la Secretaría de Gobernación dejó de tener el control de las elecciones y se constituyó el Instituto Federal Electoral (IFE), mientras que los consejeros de los organismos electorales locales eran designados por los congresos estatales.
En ese nuevo esquema, los hermanos ya habían constituido empresas y comenzaron a obtener contratos de las autoridades electorales. La funcionaria mencionó que en 2005 se registró un escándalo en el Instituto Electoral del Estado de México relacionado con un contrato de estas compañías, que derivó en la renuncia de siete consejeros electorales.
Entre 2012 y 2013, los empresarios comenzaron a diversificar sus actividades mediante la creación de más compañías. Posteriormente, la reforma electoral de 2014 modificó nuevamente el sistema de designación de autoridades electorales locales y otorgó al Consejo General del INE la facultad de nombrar a los consejeros de las 32 entidades.
Padilla Aguilar y los exintegrantes del INE en Somos
Uno de los señalamientos centrales de la presentación fue la participación de Juan Carlos Padilla Aguilar en Somos, organización en la que también tienen cargos o responsabilidades antiguos integrantes del Consejo General y de la estructura ejecutiva del INE.
Buenrostro explicó que Padilla encabezó en 2022 el Frente Cívico Nacional en el Estado de México, donde participaban, entre otros, Guadalupe Acosta Naranjo y Emilio Álvarez Icaza. Actualmente, indicó, forma parte de Somos junto con Córdova, Baños y Jacobo Molina.
La funcionaria detalló que Córdova participa en el Consejo Consultivo Ciudadano de Somos; Baños es representante suplente de esa organización ante el INE, mientras que Jacobo Molina, quien durante años fue secretario ejecutivo del instituto, dirige el Centro de Formación y Profesionalización Política.
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La coincidencia política fue retomada por Sheinbaum, quien cuestionó que Padilla Aguilar, identificado como el funcionario que incorporó a los hermanos Hernández Casillas a la administración pública y que posteriormente ocupó cargos en gobiernos priistas, ahora milite en una organización donde participan antiguos integrantes del organismo electoral.
La presidenta también relacionó estos antecedentes con el periodo en que las empresas de los hermanos Hernández Casillas ampliaron sus contratos con los organismos electorales locales, después de que el Consejo General del INE adquirió la facultad de designar a sus consejeros.
Sheinbaum cuestionó que las empresas vinculadas con los hermanos mantuvieran contratos durante esos años y que los integrantes del Consejo General no establecieran lineamientos para evitar la concentración de las adquisiciones en un grupo reducido de proveedores.
La mandataria hizo referencia a las declaraciones recientes de Córdova, quien ha señalado que las contrataciones fueron realizadas por los organismos electorales estatales y no directamente por el INE. Sheinbaum respondió que el Consejo General tenía la responsabilidad de nombrar a los consejeros locales y cuestionó que no se hubieran establecido mecanismos más claros para regular las adquisiciones.
“¿Por qué todos los contratos electorales acaban con las mismas personas desde 1989 y se fortalecen en la época del Consejo General del INE, presidido por Lorenzo Córdova?”, planteó.
Contratos por más de 2 mil millones de pesos
La investigación de la Secretaría Anticorrupción identificó que, entre 2014 y 2023, las empresas vinculadas con los hermanos Hernández Casillas recibieron contratos por más de 2 mil millones de pesos de 23 de los 32 organismos electorales estatales.
Ese periodo corresponde a la etapa en que el Consejo General del INE tuvo la facultad de designar a los integrantes de los órganos electorales locales.
Buenrostro explicó que, después de la reforma electoral de 2014, el Consejo General nombró a los consejeros de las 32 entidades y que el 1 de octubre de ese año designó a Guadalupe Taddei como presidenta del organismo electoral de Sonora.
La funcionaria indicó que los registros de contratación muestran que las empresas de los hermanos Hernández Casillas mantuvieron presencia en los organismos electorales durante esos años, aunque aclaró que los montos presentados corresponden a información disponible en fuentes abiertas.
Para el periodo de 2024 a 2025, la investigación identificó contratos por 646 millones de pesos en 15 de los 32 organismos electorales locales. Buenrostro explicó que la reducción en el número de entidades y el monto de las contrataciones no significa que la revisión esté concluida.
Los datos fueron obtenidos de la Plataforma Nacional de Transparencia y del sistema Compranet histórico. La secretaria advirtió que las cifras podrían incrementarse conforme avance la revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), debido a que no todos los sujetos obligados publican la totalidad de sus contratos.
Entre las principales empresas identificadas en los procedimientos de contratación mencionó a Formas Finas y Materiales, Cajas Graf, Cerlaz de México, Corporativo SEC y Formas Finas Fernando Fernández.
Buenrostro también señaló que llamó la atención la escasa información sobre contratos correspondiente a 2015, pese a tratarse de un año electoral, por lo que consideró que las auditorías permitirán completar los registros y determinar el alcance de las operaciones.
Simulación de competencia y empresas fachada
Otro de los hallazgos expuestos por Buenrostro fue el presunto mecanismo de simulación de competencia entre las compañías relacionadas con los hermanos Hernández Casillas.
Explicó que las empresas participaban en los mismos procedimientos de licitación y que, debido a los vínculos entre ellas, sus responsables podían acordar previamente cuál sería la ganadora. De esa manera, la compañía seleccionada presentaba la oferta económica más baja, mientras que las demás participaban para aparentar competencia.
La secretaria sostuvo que, aunque en los procedimientos aparecían distintas empresas, los beneficiarios finales eran los mismos empresarios.
La investigación también identificó vínculos familiares y corporativos entre los socios, administradores únicos y representantes legales de las compañías. Según la información presentada, Raymundo Hernández Casillas participaba en cuatro empresas, al igual que Tatiana Patricia Hernández Velázquez, hija de José Alfredo Hernández Casillas.
Buenrostro agregó que José Alfredo había dejado en años recientes la participación formal en algunas de las compañías y que el control había pasado a familiares, entre ellos sus hijos.
En cuanto a las operaciones financieras, la secretaria explicó que las empresas contratadas por organismos electorales recibían los recursos públicos y posteriormente los dispersaban a través de otras compañías, lo que dificultaba identificar a los beneficiarios finales.
Entre las características detectadas mencionó que algunas de estas empresas no declaraban trabajadores ni capacidad técnica, compartían domicilios y números telefónicos y mantenían relaciones entre sus proveedores y representantes legales.
La investigación de la Secretaría también identificó transferencias hacia personas de distintas edades, incluidos adultos mayores de hasta 96 años y jóvenes de 18, quienes podrían haber sido utilizados como prestanombres o mediante el robo de identidad, según las hipótesis expuestas por la funcionaria.
Buenrostro señaló que el comportamiento de estas operaciones presenta características similares a las detectadas en esquemas de lavado de dinero y empresas factureras. Añadió que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mantienen investigaciones sobre estas compañías y que algunas habían sido identificadas anteriormente como posibles factureras.