Gobierno federal exhibe red de empresas que obtuvo contratos electorales por 2 mil 646 mdp

La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, presentó este jueves una investigación que documenta una red de empresas vinculada con los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, quienes desde hace 27 años han obtenido contratos millonarios con organismos electorales estatales y federales. Las compañías presuntamente simulaban competencia en licitaciones, operaban como empresas fachada y dispersaban recursos para ocultar a sus beneficiarios finales.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, Buenrostro informó que, entre 2014 y 2023, las empresas obtuvieron más de 2 mil millones de pesos en contratos con 23 de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs). Entre 2024 y 2025 consiguieron otros 646 millones de pesos con 15 organismos estatales.

La investigación, elaborada con información de la Plataforma Nacional de Transparencia y del Compranet histórico, reconstruye el origen de los empresarios en la administración pública durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, así como su relación con Juan Carlos Padilla Aguilar, quien fue su superior en la Secretaría de Gobernación y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).

“Encontramos que la información más vieja que encontramos tiene 27 años y toda está vinculada a los hermanos Hernández Casillas”, afirmó Buenrostro.

De acuerdo con la secretaria, José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas comenzaron a trabajar en el gobierno federal en el Registro Nacional de Población (Renapo). José Alfredo fue secretario particular del entonces director general, Juan Carlos Padilla Aguilar.

En 1989, ambos pasaron al CISEN. Padilla Aguilar ocupó un cargo de segundo nivel, José Alfredo continuó como su secretario particular y Raymundo se incorporó al área de investigaciones.

En ese periodo, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, la Secretaría de Gobernación concentraba las responsabilidades electorales, pues todavía no existían los organismos electorales autónomos en su configuración posterior.

Después de su paso por el gobierno federal, Padilla Aguilar se trasladó al Estado de México, donde fue secretario de Obras de 1989 a 1993 y ocupó otros cargos. Entre 2010 y 2017 regresó al gobierno federal durante la administración de Miguel Ángel Osorio Chong como delegado regional en seis estados.

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Buenrostro señaló que en 2022 Padilla Aguilar encabezó en el Estado de México el Frente Cívico Nacional, en el que participaban Guadalupe Acosta Naranjo y Emilio Álvarez Icaza. Actualmente forma parte del partido Somos, donde también coinciden exintegrantes de la estructura electoral como Marco Antonio Baños, Edmundo Jacobo Molina y Lorenzo Córdova.

Baños es representante suplente del partido ante el INE; Jacobo Molina, quien durante años fue secretario ejecutivo del instituto, encabeza su Centro de Formación y Profesionalización Política, mientras que Córdova integra su Consejo Consultivo Ciudadano.

De proveedores del Estado de México a contratos millonarios

La investigación ubica en 1999 uno de los primeros antecedentes de contratación de las empresas de los hermanos Hernández Casillas con organismos electorales. En ese año, mediante una compañía denominada Cartonera Plástica, comenzaron a participar como proveedores del Instituto Electoral del Estado de México.

Buenrostro recordó que en 2005 se registró un escándalo por un contrato otorgado a estas empresas en la entidad, que derivó en la renuncia de siete consejeros electorales.

Posteriormente, entre 2012 y 2013, los hermanos comenzaron a diversificar sus actividades y constituir más compañías. En 2014, una nueva reforma electoral otorgó al Consejo General del INE la facultad de designar a los consejeros de los 32 organismos electorales estatales.

El consejo encabezado por Lorenzo Córdova realizó esos nombramientos. Entre ellos estuvo el de Guadalupe Taddei, quien el 1 de octubre de 2014 fue designada para encabezar el organismo electoral de Sonora.

Buenrostro relacionó ese periodo con el crecimiento de las contrataciones de las empresas vinculadas con los hermanos Hernández Casillas.

Entre 2014 y 2023, las compañías consiguieron más de 2 mil millones de pesos mediante contratos con 23 de los 32 OPLEs. Después de que Guadalupe Taddei llegó a la presidencia del INE en diciembre de 2023, mediante el procedimiento constitucional de insaculación, las contrataciones continuaron.

Entre 2024 y 2025, la red obtuvo otros 646 millones de pesos con 15 organismos electorales estatales.

Entre las principales compañías identificadas se encuentran Formas Finas y Materiales, Cajas Graf, Cerlaz de México, Corporativo SEC y Formas Finas Fernando Fernández.

La secretaria advirtió que los montos podrían aumentar conforme avancen las revisiones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), pues la investigación se construyó con información pública y no todos los organismos tienen publicados la totalidad de sus contratos.

Como ejemplo, mencionó que los registros muestran una cantidad particularmente baja de contrataciones en 2015, pese a que fue un año electoral. Por ello, consideró que las cifras presentadas constituyen un monto mínimo.

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Simulaban competencia y dispersaban recursos

Uno de los principales hallazgos fue el presunto mecanismo de simulación de competencia utilizado por las compañías para obtener contratos públicos.

Según explicó Buenrostro, las empresas vinculadas con los hermanos Hernández Casillas participaban en los mismos procedimientos de licitación y sus integrantes se ponían de acuerdo para determinar cuál presentaría la oferta más baja y obtendría el contrato.

“Como ellos tienen conocimiento de todas las empresas, pues simulaban con los precios, ya se ponían de acuerdo quién iba a ganar”, explicó.

La secretaria sostuvo que, aunque formalmente participaban distintas razones sociales, los beneficiarios finales eran los mismos empresarios.

La investigación también identificó vínculos familiares y empresariales entre los socios, administradores y representantes legales de las compañías. Entre las personas con mayor participación aparecen Raymundo Francisco Hernández Casillas y Tatiana Patricia Hernández Velázquez, hija de José Alfredo Hernández Casillas, quienes participan en cuatro empresas cada uno.

Otro mecanismo detectado fue la dispersión de los recursos obtenidos mediante contratos públicos. De acuerdo con Buenrostro, las empresas recibían los pagos y después transferían el dinero a otras compañías, que a su vez lo distribuían entre más razones sociales para dificultar la identificación de los beneficiarios finales.

“Estas empresas que vimos son las que hacen en los contratos con el INE, con las autoridades públicas, regresa el dinero y lo empiezan a dispersar en muchas otras empresas”, expuso.

La funcionaria agregó que algunas compañías no reportan empleados ni capacidad técnica para desarrollar las actividades que ofrecen, mientras que otras comparten domicilios y números telefónicos.

También señaló que en las rutas financieras aparecen personas de hasta 96 años y jóvenes de 18 años, quienes presuntamente podrían haber sido utilizados como prestanombres o mediante el robo de identidad.

Buenrostro indicó que el comportamiento de las operaciones presenta características similares a las de esquemas de lavado de dinero y empresas factureras. Añadió que el SAT y la UIF ya investigan a las compañías y que algunas habían sido inhabilitadas anteriormente por su presunta participación en operaciones de facturación irregular.

Sheinbaum cuestiona vínculos políticos

Durante la conferencia, Claudia Sheinbaum sostuvo que las irregularidades investigadas no comenzaron durante la gestión de Guadalupe Taddei, sino que tienen antecedentes de varias décadas y se fortalecieron después de la reforma electoral de 2014.

La presidenta cuestionó que las mismas empresas hayan obtenido contratos con organismos electorales durante distintos periodos y señaló que la revisión debe incluir a los proveedores y a los funcionarios que participaron en los procedimientos.

También relacionó la trayectoria de los hermanos Hernández Casillas con Juan Carlos Padilla Aguilar y cuestionó que este último mantenga actualmente vínculos con figuras políticas y exintegrantes del INE, entre ellos Lorenzo Córdova.

Sheinbaum recordó que Taddei fue nombrada en 2014 como titular del organismo electoral de Sonora por el Consejo General del INE, entonces presidido por Córdova, y cuestionó que durante ese periodo los organismos electorales locales mantuvieran contrataciones con las mismas empresas.

La mandataria sostuvo que las investigaciones no deben concentrarse únicamente en la exconsejera presidenta, sino abarcar a quienes participaron en las contrataciones y en la supervisión de los organismos electorales.