Así operaban las empresas que fueron sancionadas por simular competencia en licitaciones

La titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, detalló cómo algunas empresas ocultan conflictos de interés simulando competencia en las licitaciones públicas, debido a que estas suelen pertenecer a un mismo dueño. Por lo que fueron multadas o inhabilitadas.

Informó que 286 empresas han sido sancionadas y 222 fueron inhabilitadas con multa por conflictos de intereses o simulación de competencia en licitaciones públicas. Las sanciones suman 147.3 millones de pesos.

En conferencia matutina, la funcionaria explicó que las principales faltas que cometen los particulares, ya sean personas físicas o morales, son la presentación de documentación falsa, incumplimiento de obligaciones, simulación de competencia y conflictos de interés.

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“Presumen, simulan experiencia técnica. O sea, falsifican, digamos, su currículum, el que tengan personal calificado, que tengan personal suficiente o que tengan la capacidad económica para atender un contrato, una obligación, un compromiso con el gobierno“, detalló ante la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Y la otra es que ocultan conflictos de intereses (…) Pues que al final del día a veces llegan a licitaciones 4 o 5 empresas, todas cotizan, cotizan muy alto, y resulta que las 5 empresas son del mismo dueño. Ocultan, digamos, el conflicto de interés, porque no estás viendo realmente una licitación, una competencia, es una simulación”.

Afirmó que la Secretaría Anticorrupción también ha presentado expedientes de particulares al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Debido a casos en los que un tercero se vincula o se hace cómplice de un servidor público. En total hay 33 particulares remitidos y aún no hay sanciones.

La funcionaria destacó que se ha generado un ahorro de 42 mil millones de pesos gracias a las estrategias de seguimiento en los contratos públicos, pues, dijo, son los que “tienen mucho chiste”.

“La obra es un poco más impredecible, que se van haciendo ajustes de costos. Entonces, ahí traemos estrategias de seguimiento también con especialistas de cómo tener costos unitarios, ver qué se aplica, qué no aplica”, detalló.

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Empresas simulan competencia

Animal Político publicó en agosto que tres empresas que en el papel compiten entre sí, en los hechos comparten dueños, directivos y apoderados legales.

Así operó, entre 2023 y 2026, un esquema mediante el cual dependencias de los gobiernos federal y de la Ciudad de México adjudicaron ocho contratos por mil 413 millones de pesos a una misma red empresarial ligada al Consorcio Aristos, presentando sobre el papel una competencia que nunca existió.

El primer punto de control del esquema está en la propia autoridad. En seis de los ocho procedimientos revisados, fue la dependencia —la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México( Sobse), el Metro capitalino y, en el gobierno federal, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT)— la que convocó directamente a empresas vinculadas entre sí antes de competir.

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Al menos cinco personas ligadas al Consorcio Aristos aparecen al mismo tiempo como directivos, apoderados legales o delegados especiales de las tres empresas que se turnaron como ganadoras: Alfa Proveedores y Contratistas (es una subsidiaria directa del consorcio); Asfaltos, Proyectos e Ingeniería de Puebla (tiene a tres directivos de Aristos operando con poder general desde 2020), e INDHR (desde el 2017 una parte de sus acciones fueron compradas por la compañía Proyectos Especializados del Prado, fundada por un directivo y una apoderada legal del Consorcio Aristos).

El patrón se repite en los ocho procedimientos: las empresas “perdedoras” presentaron ofertas entre 1.2% y 19% más caras que la ganadora, un margen suficiente para que el proceso pareciera disputado sin poner en riesgo el resultado.

Un ejemplo es el contrato de mayor monto, la ampliación de la estación Observatorio: la Sobse desechó la propuesta de INDHR por superar en apenas 1.2% el presupuesto de la obra, y adjudicó los 1,189 millones de pesos a Alfa Proveedores y Contratistas.