Aprueban Ley Antimemes 2: prevén hasta 5 años de prisión y multas de 10 mil UMA

Tras más de diez horas de discusión, la Cámara de Diputados aprobó en lo particular la llamada “Ley Antimemes”, que contempla de uno a cinco años de prisión y multas de mil a diez mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) por usar identidad gráfica oficial a escala comercial para engañar con la intención de cometer un ilícito, sin incorporar las excepciones para el periodismo, la sátira y la parodia que reclamó la oposición.

Con 281 votos a favor, 87 en contra y ninguna abstención, el pleno avaló los artículos reservados sin cambios y envió al Ejecutivo la reforma al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y respaldada por Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

El centro de la controversia fue el nuevo artículo 403 Bis de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, que establece las penas de cárcel y multas equivalentes a entre 117 mil 310 pesos y un millón 173 mil 100 pesos, con el valor de la UMA de 2026. La disposición comprende el uso, reproducción o imitación de identidad gráfica institucional, dominios electrónicos y documentos oficiales de instituciones públicas de los tres órdenes de gobierno.

El artículo no menciona los memes ni establece que utilizar un logotipo gubernamental sea suficiente para cometer el delito, pues exige que ese uso sea a escala comercial, busque engañar sobre su origen oficial y tenga la intención de cometer un ilícito. Sin embargo, tampoco excluye expresamente los usos periodísticos, informativos, educativos, artísticos, humorísticos o de crítica, una omisión que la oposición pidió corregir durante la presentación de reservas.

La diputada Verónica Pérez Herrera, del Partido Acción Nacional (PAN), sostuvo que combatir el fraude y la suplantación de autoridades no justifica aprobar una norma con límites imprecisos, y advirtió que el riesgo puede aparecer desde una denuncia. “Y cuando una persona sabe que una publicación podría meterla en problemas, aunque al final no exista delito, puede terminar optando por callarse”, señaló.

Por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), la diputada Ofelia Socorro Jasso Nieto propuso agregar un párrafo que excluyera expresamente las actividades periodísticas, informativas, educativas, artísticas, humorísticas, paródicas, satíricas y de crítica u opinión, y puso como ejemplo a una persona que utiliza el logotipo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para denunciar la falta de medicamentos, sin pretender hacerse pasar por la institución ni cometer un fraude.

El pleno rechazó admitir a discusión ambas propuestas, así como otras reservas de la oposición para modificar o eliminar el artículo 403 Bis, por lo que las garantías expresas que reclamaron sus legisladores quedaron fuera del texto aprobado.

La diputada Patricia Flores Elizondo, de Movimiento Ciudadano (MC), cuestionó además cómo se determinaría la “escala comercial” al utilizar símbolos gubernamentales, pues el dictamen fija un umbral de al menos 170 UMA calculado con el precio del producto o servicio legítimo. “¿Me pueden decir a cómo está el logo del SAT o del IMSS? ¿Cuánto cuesta el escudo de una de estas Secretarías en el Oxxo? Nadie sabe, y cuando la ley no sabe, decide el que acusa”, expresó, en referencia también al Servicio de Administración Tributaria.

 

 

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Morena sostuvo que las condiciones del artículo bastan para distinguir una expresión legítima de una conducta delictiva, y el diputado Óscar Iván Brito Zapata puso como ejemplo los portales que utilizan logotipos de la Secretaría de Bienestar para pedir datos personales o depósitos mediante engaños. “Un meme, una caricatura, una sátira política forma parte del debate democrático y está garantizado por la libertad de expresión que consagra nuestra Constitución”, afirmó, después de solicitar que la Secretaría de la Mesa Directiva leyera el artículo.

Desde el PT, el diputado Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja defendió que la legislación penal debe describir las conductas prohibidas y que no necesita enumerar todas las permitidas, como exigía la oposición con las excepciones para el periodismo y el humor. “Se trata de castigar al suplantador, al falsificador, al que utiliza un medio electrónico oficial”, sostuvo, al argumentar que deben acreditarse todos los elementos del delito para imponer una sanción.

El intercambio se prolongó entre acusaciones de censura y señalamientos del oficialismo contra la oposición, a la que atribuyó tergiversar el contenido de la reforma. Hacia el cierre, el diputado Hugo Manuel Luna Vázquez, de MC, retiró su reserva y pidió a las bancadas oficialistas que propusieran una precisión para proteger la crítica y la sátira, mientras lamentaba que “terminamos en un escenario donde parece que todo mundo le está hablando a una piedra. Donde ni unos ni otros nos escuchamos”.

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Además de las sanciones por el uso de identidad gubernamental, la reforma modifica las disposiciones contra la piratería y la falsificación, sustituye el criterio de “ánimo de lucro” por el de “escala comercial” e incorpora mecanismos para compensar a los titulares de derechos afectados, mientras Morena y sus aliados defendieron que los cambios buscan proteger a creadores y consumidores y cumplir compromisos internacionales en materia de propiedad intelectual.

La sesión concluyó a las 21:34 horas, después de que la vicepresidenta de la Mesa Directiva, Nayeli Arlen Fernández Cruz, declaró aprobado el proyecto en lo general y en lo particular y anunció su envío al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.