A un año de la nueva SCJN: pendientes, retos y oportunidades para los derechos

El pasado 7 de septiembre el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rindió su primer informe tras cumplirse un año de que se instaló la nueva conformación del Máximo Tribunal. Esta llegó acompañada de simbolismos y marcada por las críticas a una elección cuestionada por su politización. En el discurso, similar al de un informe de gobierno —en el que estuvieron presentes la y los titulares de los otros Poderes de la Unión—, se destacó la transformación, la política de austeridad, la inclusión de herramientas tecnológicas, la cercanía con grupos en situación de vulnerabilidad y el desmarcamiento del pasado, en contraste con la anterior Corte, que se definió como “lenta, anquilosada, ensimismada y fuera de la mirada del pueblo”.

Un año después del inicio de funciones del “nuevo” Poder Judicial de la Federación se han hecho públicos relevantes y profundos análisis sobre su actuar y sobre sus retos. A estos debe sumarse un análisis de los impactos de esta nueva conformación en los derechos humanos y, sobre todo, de sus grandes pendientes en la materia.

Por ejemplo, es importante destacar algunas resoluciones en favor de los derechos humanos de distintas poblaciones, como aquellas que han sido identificadas como  prioritarias —aunque a veces esta prioridad se ha reducido al simbolismo— para la Presidencia de la Corte en cuanto a pueblos y comunidades indígenas. Así, la Corte reconoció la posibilidad de que estas comunidades sean consideradas terceras interesadas en controversias constitucionales, ampliando su participación en otros medios de control constitucional, lo cual contribuye al reconocimiento de los derechos de una población históricamente excluida. 

En cuanto a los temas de graves violaciones a derechos humanos, se  suma la relevante decisión respecto al caso Claudia Uruchurtu —defensora desaparecida en 2021 en Oaxaca—, en la que el máximo tribunal estableció criterios para que los casos de desaparición forzada sean analizados conforme a estándares de derechos humanos en materia de género e interseccionalidad. 

De igual forma, en materia de tortura, en mayo pasado la Corte resolvió la solicitud de ejercicio de facultad de atracción en el caso de Diego Fernando Bonilla para determinar si una investigación por esta grave violación a derechos humanos puede continuar, pese a que previamente se haya determinado el no ejercicio de la acción penal, el cual debe de ser resuelto a la brevedad.

Decisiones regresivas en materia de derechos humanos

Sin embargo, en contraste, la nueva Corte también ha tomado decisiones sumamente preocupantes y regresivas en materia de derechos humanos. Por ejemplo, el máximo tribunal decidió no escuchar argumentos y validó la reforma a la Ley General de Atención a Víctimas, la cual eliminó la garantía presupuestaria que aseguraba que cada año se incluyera un monto mínimo de recursos públicos para ser destinado, específicamente, a la protección de los derechos de las víctimas. Igualmente, la SCJN había proyectado reducir el alcance del interés legítimo —en el marco de una reforma restrictiva al amparo—, en materia ambiental, con lo cual se imponían mayores requisitos a las organizaciones para presentar amparos que protegieran los derechos de comunidades que defendían la Casa Común. Tras distintos posicionamientos de la sociedad civil, los asuntos fueron retirados o reformulados.

La nueva conformación de la SCJN tampoco ha resultado ser un contrapeso relevante frente al Poder Militar. En mayo de este año, la Corte determinó validar el decreto que permitía la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional en la vigilancia aérea. Mientras, en casos emblemáticos como Ayotzinapa rechazó revisar un recurso contra beneficios de cambios de medida cautelar dado a militares presuntamente involucrados en el caso. 

De igual forma, decidió reabrir la discusión sobre la sentencia de 2018 que ordenó la creación de la Comisión para la Investigación y la Verdad del caso Iguala, poniendo una vez más en tensión el principio de cosa juzgada. También se encuentra pendiente la solicitud de atracción del amparo en revisión en el caso emblemático de Rosendo Radilla, que podría contribuir a delinear las acciones necesarias para finalmente investigar y formular acusaciones en uno de los casos más emblemáticos de desaparición forzada en la época de la llamada Guerra Sucia. Todos estos asuntos están relacionados con las Fuerzas Armadas.

Además, las y los ministros se han dividido respecto de cómo garantizar los derechos de poblaciones en situación de vulnerabilidad. En octubre de 2025, la ministra Lenia Batres propuso un proyecto que pretendía eliminar la consulta previa para personas con discapacidad, pese a los estándares internacionales en la materia. Tras múltiples reclamos, la Corte acordó reconsiderar la propuesta y presentar un nuevo proyecto sobre los criterios para garantizar este derecho, lo que hasta ahora no ha ocurrido.

La Corte debe priorizar las poblaciones que requieren una respuesta urgente

Más allá del análisis caso por caso, que siempre resulta relevante, el máximo Tribunal ha decidido congelar temas de crucial importancia, como la discusión sobre la prisión preventiva oficiosa que debe de ser revisada a la luz de los múltiples ordenamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos.

Algunas de las promesas que parecían ir más allá de lo simbólico, pero cuya concreción también resultaba difícil, han quedado en la anécdota. Solo en una ocasión se celebró —en Tenejapa, Chiapas— una Sesión Extraordinaria en Territorio, en la que se resolvió un asunto que fortalece el derecho a la libre determinación, la autonomía y el autogobierno indígena.

Así, a un año de su conformación, la Corte mantiene importantes retos. Entre ellos están sus propios desafíos internos. A tres meses de la reforma que modificó la elección judicial, en la que no se corrigieron los términos para definir la presidencia del Máximo Tribunal, han surgido tensiones entre ministras y ministros derivadas de la disputa anticipada para esta posición. A la par, no se han acordado mecanismos para instalar un esquema similar al que anteriormente existía con las Salas, y que ahora la Constitución prevé bajo la figura de “secciones”. 

Adicionalmente, el rezago judicial no ha sido contrastado ni transparentado, el Órgano de Administración Judicial ha reportado un importante rezago en la resolución de asuntos de más del 62 % en todo el Poder Judicial y la Corte decidió dejar de publicar la estadística judicial.

El balance a un año del “nuevo” Poder Judicial y de la SCJN no puede sino considerar tanto su origen en una elección cuestionada como sus decisiones y pendientes. Si busca transformar la percepción de la justicia y garantizar su acceso, la Corte debe priorizar las agendas y poblaciones que requieren una respuesta urgente, como muestra el caso de la prisión preventiva oficiosa, cuyo debate permanece congelado pese a los señalamientos internacionales y sus impactos sobre miles de personas. Esa también es una demanda del pueblo.♦ 

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