Primer año de la SCJN: austeridad cuestionada y disputa por la sucesión fracturan al máximo tribunal
Alfredo Maza · 2 de septiembre de 2026
La disputa anticipada por la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que se renovará en 2027, mantiene al máximo tribunal del país en una constante tensión entre ministras y ministros.
Al cumplirse un año de operación de la nueva conformación de la Suprema Corte tras la reforma judicial, otra polémica que ha llegado a los titulares tiene que ver con la contratación de seguros médicos privados, lo que contrasta con el discurso oficial de austeridad.
Las fricciones internas, sumadas a frecuentes errores procedimentales, muestran una fractura en la dinámica de trabajo de la SCJN, tras doce meses de la llegada histórica de un pleno de ministras y ministros electos por voto popular.
Sucesión en la presidencia de la SCJN: la contradicción en la reforma judicial
El conflicto central gira en torno de quién habrá de suceder a Hugo Aguilar Ortiz en la presidencia de la SCJN. La encrucijada se debe a una contradicción normativa entre dos artículos de la Constitución que establecen plazos de gestión opuestos.
La disputa tiene su raíz en los vacíos normativos del Decreto de Reforma Constitucional en materia del Poder Judicial de la Federación, publicado en septiembre de 2024 por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Por un lado, el artículo 97 constitucional estipula periodos de cuatro años para la persona titular de la presidencia elegida por el Pleno. Por el otro, el reformado artículo 94 señala que la presidencia de la Corte debe renovarse cada dos años de forma rotatoria, considerando la cantidad de votos obtenidos en la elección popular.
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El dilema radica en que, de seguirse el artículo original, la presidencia del ministro Hugo Aguilar Ortiz durará hasta 2029, fecha en la que el Pleno debería elegir a un sucesor o sucesora mediante votación; mientras que, de aplicarse el artículo reformado, el mandato de Aguilar Ortiz terminaría en 2027 y la ministra Lenia Batres asumiría la presidencia durante los siguientes dos años, por ser la segunda persona más votada en las elecciones judiciales.
La contradicción entre ambos artículos solo podría ser resuelta por el Poder Legislativo mediante una tercera reforma judicial (la segunda fue publicada por la presidenta Claudia Sheinbaum este año, aunque sin corregir el error) o por la propia SCJN que debería debatir cuál disposición debe prevalecer. En tanto no se resuelva esta situación prevalece la incertidumbre jurídica y política sobre la vigencia del cargo de Hugo Aguilar Ortiz.
Tensiones internas y “animadversión insana” entre los ministros de la Corte
En este contexto, el 13 de agosto de 2026, Lenia Batres acusó abiertamente a sus compañeras y compañeros de tener una “animadversión insana” en su contra. La ministra vinculó esta situación a un oficio enviado al Órgano de Administración Judicial (OAJ), en el que fijó su rechazo a solicitar un aumento al presupuesto de la SCJN para 2027.
Durante la sesión, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz intervino asegurando: “me estoy enterando del oficio, en lo personal, ministra, nada tiene que ver”. En respuesta, Lenia Batres le dijo: “no lo creo”. Las y los demás ministros también rechazaron que factores externos influyeran en sus votos. Yasmín Esquivel calificó las expresiones de Lenia Batres como “preocupantes” y defendió la seriedad del Pleno.
“Todo lo que he escuchado en este debate me parecen puntos de vista serios”, dijo. Días después del conflicto, la ministra Lenia Batres subió el tono al exhibir en medios de comunicación las disputas y tensiones anticipadas que se registran en la SCJN por la sucesión en su presidencia.
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En entrevista con el portal SinEmbargo, Batres retomó el conflicto ocurrido durante la sesión en la que fue rechazado uno de sus proyectos, asegurando que “ojalá no sea porque hay tentaciones de disputa de poder”. Este episodio es, hasta ahora, el punto más álgido de las tensiones públicas entre ministras y ministros de la nueva Suprema Corte.
Austeridad republicana contra gastos privados: la controversia presupuestal
La reforma judicial impulsada por el expresidente López Obrador se fundamentó principalmente en la supuesta necesidad de erradicar la “opulencia y los excesos” del Poder Judicial para alinearlo a la política de austeridad republicana. Sin embargo, los gastos recientes han reactivado la controversia pública.
En su objeción presupuestal, la ministra Batres criticó que la SCJN contemple solicitar un incremento presupuestal del 17.2 % para 2027 y cuestionó duramente la restitución del seguro de gastos médicos mayores para más de 300 personas servidoras públicas de mandos medios y superiores, prestaciones que considera privilegios prohibidos por la ley.
Además, la ministra invocó el Artículo 22 de la Ley Federal de Austeridad Republicana que prohíbe explícitamente el uso de recursos públicos para jubilaciones, pensiones, seguros de vida o de gastos médicos privados; y subrayó que las remuneraciones de los altos mandos son suficientes para que cada funcionario cubra estos servicios de manera privada si así lo desea.
Finalmente, Batres solicitó suprimir tanto el seguro de gastos médicos mayores como el seguro de separación individualizada para las 95 personas que integran su ponencia, confirmando que tiene la ponencia más grande de la Corte y que dicho personal no ha percibido estas prestaciones desde su ingreso.
Ante esta situación, la SCJN emitió un comunicado en el que aseguró que el anteproyecto de presupuesto que aprobó para el ejercicio fiscal 2027, y que envió al Órgano de Administración Judicial (OAJ), responde a una política de administración responsable, basada en criterios de austeridad, racionalidad, eficiencia y transparencia.
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Además, el máximo tribunal del país también aseguró que su propuesta busca garantizar que la institución cuente con las condiciones necesarias para operar con eficiencia y cumplir con su mandato constitucional.
El choque por el presupuesto de la SCJN para 2027 también contrasta con el compromiso de austeridad que asumieron los actuales ministros y ministras que son, además, los primeros electos mediante el voto popular. El 1 de septiembre de 2025, Hugo Aguilar Ortiz declaró en su primer discurso como ministro presidente que la SCJN aplicaría un riguroso plan de austeridad bajo el nuevo Órgano de Administración Judicial.
El ministro prometió auditar y ajustar las remuneraciones de todos los funcionarios y exministros en retiro —quienes, aseguró, percibían pensiones de entre 205 mil y 385 mil pesos mensuales— para que nadie ganara más que la presidenta de la República, lo cual, según estimó, “asegurará un ahorro anual de 300 millones de pesos”.