Diego Fernando Bonilla: el rostro de la tortura que persiste en el país

La semana pasada vimos, una vez más, en múltiples medios de comunicación, videos grabados por los propios perpetradores que muestran los rostros de la tortura. Medios locales y nacionales difundieron la grabación de elementos de la policía del estado de Chiapas y de la policía de investigación de la fiscalía estatal cometiendo actos de tortura contra dos personas en Tuxtla Gutiérrez, tras un operativo de la Fiscalía General del Estado, por el que ya ha habido al menos 10 personas detenidas.

La tortura, como se ha denunciado por organismos nacionales e internacionales, continúa siendo un flagelo generalizado en el país y no se han tomado medidas suficientes para abordarlo. Por el contrario, como en otros temas relacionados con la agenda de derechos humanos, se ha buscado negar el diagnóstico de gravedad que existe.

Ejemplo de ello es que, en los mismos días en que conocíamos estos videos, se publicó el Programa Nacional de Derechos Humanos (PNDH) 2026-2030 —en cumplimiento con lo que obliga la Constitución mexicana como parte del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 (PND 2025-2030)—, sin que hubiera un anuncio de la Secretaría de Gobernación y solo se limitara a una publicación breve en su sitio web. 

En el PNDH se replican narrativas respecto a que la tortura se cometía en el contexto de la llamada “guerra contra el narcotráfico”, sin reconocer su persistencia y gravedad, mientras que las acciones enunciadas se limitan a acciones de “colaboración” con instituciones de procuración de justicia. 

El negacionismo que prima en estos temas centrales para la agenda de derechos humanos y la protección de la población que enfrenta el sistema de justicia lacera e impide que se tomen acciones reales para prevenirlos y erradicarlos. Por ello, se vuelve relevante poder identificar pasos y buenas prácticas en casos concretos, y en particular, en contextos donde la tortura afecta a los sectores más vulnerables y de manera más recurrente, como en Veracruz, el estado que registra el segundo lugar en investigaciones por tortura, de acuerdo con las cifras más recientes del Registro Nacional del Delito de Tortura.

En este contexto se enmarca el caso de Diego Fernando Bonilla, indígena hñuhü.  El pasado 26 de mayo, en la comunidad de El Pericón, en la sierra norte de Veracruz, la Comisión de Derechos Humanos del estado presentó su recomendación 17/2026, en la que acredita que Diego fue víctima de detención arbitraria y tortura por parte de la policía ministerial hace tres años.

 Diego y su comunidad han luchado con verdadero ahínco desde el día de los hechos. El 29 de mayo de 2023, un amigo de Diego fue asesinado y él fue testigo, por lo que al día siguiente fue llevado a declarar a la Fiscalía local en Huayacocotla, perteneciente a la Fiscalía General del Estado de Veracruz. Los elementos ministeriales lo golpearon y asfixiaron con el fin de obligarlo a incriminar a otra persona. Diego habla ñühü, una lengua en la que la palabra tortura ni siquiera existe. 

El camino de la denuncia es largo, pero es importante recorrerlo

Al comparecer ante una intérprete adscrita a la Fiscalía, Diego relató las agresiones que sufrió por parte de los elementos de la Fiscalía. Sin embargo, la intérprete ignoró esa información y le hizo poner sus huellas en hojas en blanco que después fueron usadas para firmar una declaración para inculpar a otro miembro de su comunidad que no había cometido el homicidio.

 Con el apoyo de Radio Huayacocotla “La Voz Campesina”, del Comité de Derechos Humanos de la sierra norte de Veracruz y del Centro Prodh, pero sobre todo de su comunidad, Diego no solo tuvo la determinación de denunciar la tortura, sino también de lograr que la persona que había sido injustamente acusada fuera liberada.

Lamentablemente, la denuncia de Diego no ha perdurado debido a que la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Tortura de Veracruz determinó el cierre de la carpeta en mayo de 2025. Por ello, resulta de la mayor importancia no solo la emisión de la recomendación, que recomienda la investigación de los hechos, sino la presencia de la propia Comisión local de Derechos Humanos y de su presidenta, la Mtra. Minerva Regina Pérez López, quienes se trasladaron hasta la comunidad de El Pericón para abordar los contenidos de la recomendación y con ello reconocer la determinación de Diego y su comunidad de sostener su denuncia.

Porque, como ejemplifica este caso, la tortura afecta directamente a la víctima que es sometida a estos denostables tratos y a las víctimas de los delitos por afectar su derecho a la verdad y, además, en contextos como el de comunidades indígenas, tiene impactos comunitarios.

Como fue expresado en el evento, el camino de denuncia ha sido largo, pero también es un ejemplo para las nuevas generaciones en los pueblos sobre la relevancia de continuar defendiendo de forma comunitaria los derechos de todas y todos. Por ello es relevante hablar de estos pasos que reivindican la dignidad de la palabra de aquellos que están en la situación más vulnerable, a la vez que son ejemplo de resiliencia ante la impunidad. 

“He conocido a muchas personas que supieron de lo que me hicieron los policías y que me han ayudado en esto. Sigo buscando justicia para que esto no se olvide y que no le pase a otras personas“, expresó Diego, acompañado por Angélica Tolentino, del equipo de Radio Huayacocotla, quien le apoya ahora con la interpretación de ñühü a español.

El caso de Diego demuestra que todavía hay un gran camino que recorrer para erradicar esta grave violación a derechos humanos y para exigir que las fiscalías –especialmente las locales– realicen investigaciones para garantizar justicia a víctimas y sobrevivientes. Para erradicar realmente la tortura debe haber pasos contundentes y, sobre todo, un reconocimiento de esta realidad para alejarse así del negacionismo que una y otra vez es desmentido por la realidad de las propias imágenes de la tortura. ♦

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El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A. C. (Centro Prodh) es una asociación civil sin fines de lucro que busca impulsar cambios estructurales para que la sociedad tenga condiciones para gozar y ejercer de forma equitativa la totalidad de los derechos humanos. Las personas y colectivos a quienes acompaña principalmente son indígenas, mujeres, migrantes y víctimas de represión social. Desde 2001 cuenta con Estatus Consultivo ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y desde 2004 es una Organización Acreditada ante la Organización de Estados Americanos. Redes: @centroprodh